ESCUCHARPor Silverio E. Escudero
Cada 10 de diciembre los argentinos deberíamos conmovernos hasta las lágrimas. Ese día, un hombre vestido de calle, asumía la primera magistratura de nuestro país. Raúl Ricardo Alfonsín juraba como presidente de la República y prometía “para todos los tiempos” la vigencia plena de la democracia.
La elección del día de transmisión del poder estuvo cargada de significados y significantes. Costó mucho acordarla. Los sectores militares –poderosos y con las armas amartilladas-, el peronismo, la CGT y la iglesia Católica, que propiciaban la autoamnistía decretada por Reynaldo Benito Antonio Bignone, fruncían el seño. Hacían saber su disconformismo de todas las maneras posibles. A ellos se sumaban poderosos núcleos conservadores del radicalismo que veían en Raúl Alfonsín el desembarco del “comunismo internacional”.
Nunca más un uniformado se sentó en el sillón presidencial. Aunque hubo algunos presidentes que, en su locura y excesos, se les parecieron demasiado. Desde ese sitial de privilegio republicano persiguieron a quienes se atrevían a pensar diferente y lo pretendían expresar en libertad.
Pero el 10 de diciembre –y por eso se lo eligió- tras la larga noche de la dictadura tiene un valor simbólico superlativo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) -en el ya lejano 1948- señaló esa jornada como especial en la vida de la humanidad. En ceremonia especial, adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en un intento de sanar las heridas de la guerra.
Declaración que compromete a todos los seres humanos –más allá de sus condiciones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición- para defenderlos aun a costa de nuestra propia vida.
Venimos una vez más –en este 70º cumpleaños- a exigir su vigencia plena y denunciar sus violaciones. A señalar los gobiernos que le dan la espalda y consienten la esclavitud y la servidumbre; a denunciar que se violan todos los derechos propios del hombre y se lo condena a muerte sin juicio previo ni derecho a defensa; que a las mujeres –más allá de su sometimiento ancestral- se les extirpa el clítoris y se cosen sus labios vaginales como una manera perversa de condenar su goce sexual en nombre de dioses siniestros y malévolos que, también, apañan y justifican la violación de nuestros niños y promueven el tráfico de esclavos.
Los avances en defensa de la condición humana han sido notables. Son cada día menos los países que se niegan a oír el clamor de sus hombres, mujeres y niños frente al trato inhumano y cruel. Ahí están, como muestra de esos avances, la Convención Europea de los Derechos del Hombre de 1953; el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, de 1966; el Protocolo 6 a la Convención de Salvaguarda los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, concerniente a la abolición de la pena de muerte de 1985; el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1989; el Protocolo a la Convención Americana Relativa a los Derechos del Hombre (relativo a la abolición de la pena de muerte, de 1990), hasta los más recientes instrumentos, tales como el Protocolo 13 de la Convención Europea de los Derechos del Hombre (relativo a la abolición de la pena de muerte en toda circunstancia, de 2003) y, por último, la significativa moratoria exigida contra la pena capital por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir de 2007 dan cuenta afirmativa de la progresión jurídica que obliga de manera imperativa a los Estados y sus gobiernos.
Sin embargo, al bestialismo del ser humano no le hacen mella las proclamas y los documentos condenatorios. Nuestra firma -consecuente con la línea editorial de esta columna- se encuentra en centenar de ellos. Sentimos, a pesar de ello, el vacío de la inacción.
Otra vez enfrentamos nuestros interrogantes. Muchos de los cuales surgieron en el tránsito por nuestra querida universidad. Quizás tengan origen en el caudaloso anaquel de nuestra biblioteca destinado a grandes textos de Derecho Constitucional y de Derecho Político. Para que exista el Estado de Derecho –solía preguntarse Mario Justo López- ¿es menester que las instituciones protejan, que las obligaciones se materialicen, que sean efectivas las garantías y que, de hecho, se perciba en la realidad la vigencia de los derechos humanos? Si el Derecho encarna valores sustanciales que la Justicia debe hacer valer y respetar ¿no puede proclamarse un Estado de Paz en un Estado lacerado por la violencia en cualquiera de sus formas?
La DUDH fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizaba en París el 10 de diciembre de 1948, tres años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Surgió como el paradigma de un ideal común para todos los pueblos y naciones. «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos», dice el primer artículo de la Declaración que señala también, en su segundo, que «esas libertades y derechos son sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición».El Preámbulo y los 30 artículos que componen la DUDH –leídos con profunda emoción ante la Asamblea Plenaria de la ONU por Eleonor Roosevelt- fue la síntesis de un enorme trabajo de un puñado de mujeres que el mundo ha olvidado. Se tratan de la propia Eleonor, de Fryderyka Kalinowski (Polonia), de Bodgil Begtrup (Dinamarca), de Minerva Bernardino (República Dominicana) y de Hansa Mehta (India), delegadas e integrantes de la Subcomisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
Setenta años han pasado. Setenta años de denuncias por parte de distintas organizaciones internacionales por las violaciones de los principios fundamentales de la Carta. Violaciones que se comenten con la complicidad manifiesta de los Estados Miembros de la ONU. Somos los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil quienes debemos velar –entre otras cuestiones- para que todo individuo tenga “derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, alimentación, vestido o la vivienda o los servicios sociales necesarios», y que «nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre.»
En tanto la humanidad es cómplices silentes de la explotación del hombre por el hombre y su remisión a la esclavitud. El mercado de esclavos –en pleno siglo XXI- es una realidad tangible. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos desplegados por hombres y mujeres de buena voluntad, el balance es atroz. La mera lectura de los informes de Amnistía Internacional (AI) aterra. En el reporte de 2017 denunció infracciones en 159 países. Países que se habían comprometido a que «nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes», según dice otro apartado de la DUDH.
Conforme los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS), se pretende erradicar en 2030 la pobreza, el hambre y la explotación infantil, algo en lo que tampoco se ha avanzado según informó Uniceff en junio pasado: 151,6 millones de niños se ven obligados a trabajar en el mundo y, de ellos, 73 millones realizan trabajos peligrosos, mientras se enriquecen las multinacionales elevando artificialmente los precios y sosteniendo, en aguas internacionales, buques factorías donde los derechos humanos son ilusorios.
