ESCUCHARPor María Virginia Fourcade*
La actividad judicial nos importa más de lo que creemos. No la conocemos únicamente por los medios. Pues las decisiones judiciales influyen en millones de realidades, todos los días. Las leyes que aplican, además, atraviesan toda la vida de las personas y entes, desde antes de nacer y hasta después de morir.
En ese trayecto vital nos relacionamos con la Justicia desde diferentes roles y circunstancias. Generamos vínculos con ella, interactuamos en el contexto actual, que nos toca vivir hoy y que podemos transformar para las futuras generaciones.
Y hago hincapié en esto último convencida de que el quehacer diario de los tribunales tiene un gran “poder transformador” en la comunidad que habita, tanto en su rol jurisdiccional como en el de las oficinas administrativas que colaboran interdisciplinariamente.
Ninguna situación que atraviese una instancia judicial pasa inadvertida; por lo menos deja huella en la vida de quienes participaron del proceso y su entorno. De una manera u otra, potenciada por los nuevos espacios digitales de intercambio, esa experiencia se irradia a otros círculos, se comparte, se conoce y se juzga.
Así, estas innumerables partículas comunicacionales se suman a otras “expresiones” de la organización: sentencias, oficios, notificaciones, declaraciones en los medios, acuerdos de superiores tribunales y dichos de grupos de interés como auxiliares, gremios o activistas, entre otras muchas conductas, aun involuntarias, de la organización, de sus miembros y de su entorno.
Todo alimenta constantemente un “aura organizacional” que rodea al Poder Judicial y termina definiendo su imagen pública y condicionando su reputación. Es imposible deslindar esas consecuencias de las dinámicas internas de la institución.
En ese sentido, los poderes judiciales implican complejos procesos que comprometen a un enorme, diverso e interdisciplinario grupo de personas. Una red multidimensional de trabajo que sirve a la aún más enorme, diversa e interdisciplinaria masa de necesidades de la ciudadanía. Alguna vez he hecho alusión a que la dinámica de relación de las organizaciones puede imaginarse como una fascinante obra viva de Kandinsky.
En este complejo esquema de relaciones internas multidireccionales, es muy común que los objetivos se desenfoquen y que muchos “medios”, a la larga, se conviertan en “fines”. Si se deja correr esta realidad, sin intervenciones, seguramente surgirá una cultura interna burocrática que sostenga procedimientos obsoletos y rígidos. Una inercia que profundiza distancias y diferencias. Un microclima que se abstrae de la realidad exterior, que diluye la idea y el espíritu de “servicio”.
Diversas áreas del conocimiento muchos esfuerzos realizan para mitigar aquellas consecuencias en el quehacer judicial.
La comunicación judicial integral es una de las disciplinas que puede contribuir a acercar las distancias e igualar. Ayuda a aceitar los mecanismos de aquellos procesos de manera tal que la complejidad, aunque inevitable, se presente de manera ordenada y comprensible.
Aspectos culturales y entorno
El concepto de comunicación integral, propuesto y desarrollado por Joan Costa en los años 70, revolucionó la forma de pensar la comunicación en el sector privado pero sus postulados son aplicables a todas las organizaciones, incluidas las judiciales. Este modelo de gestión de la comunicación interviene aquellos múltiples aspectos culturales y organizacionales hacia el interior de la institución que mencionamos, a la vez que atiende los aspectos de la comunicación con su entorno, las personas destinatarias de sus servicios, la comunidad en general, su imagen y reputación.
Por ejemplo, atender la relación de la magistratura con la prensa o la difusión de las sentencias es función de la tradicional “comunicación judicial”, quizás la de mayor impacto público. Ahora bien, abordar “íntegramente” la construcción y cuidado de las relaciones con todos sus públicos y con el ambiente, posiciona a la comunicación judicial en un estadio anterior, global y estratégico. Refleja un compromiso, individual y colectivo, con un comportamiento ético y responsable. Promueve las prácticas de: escuchar, empatizar y cultivar la confianza de la comunidad judicial y de toda la sociedad; fomentar la igualdad de género, el fácil acceso a justicia y la clarificación del lenguaje jurídico-administrativo como muestra de empatía; y, finalmente, controlar la incidencia de las decisiones en su contexto económico-social-ambiental.
En definitiva, colabora en la gestión del comportamiento global del Poder Judicial como “realizadora” y como “expresión” de la responsabilidad social organizacional. Inquietud que dejo aquí planteada para futuras ediciones de este espacio.
(*) Abogada. Magíster en Dirección de Comunicación. Licenciada en Comunicación Institucional
