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Apuntes para pensar la relación entre democracia, derechos humanos y salud mental

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Los especialistas Jorge Cáceres, Mariel Ferrari y Martín Passini aceptaron la invitación de Comercio y Justicia para reflexionar sobre la importancia de articular Estado de derecho, sociedades inclusivas y emocionalidades saludables

Por Luz Saint Phat – [email protected]

Además de la asunción del nuevo Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y -en el caso de la provincia y la ciudad de Córdoba- de la toma de posesión de los cargos de gobernador e intendente por Juan Schiaretti y Martín Llaryora, el martes pasado se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos y el Día de la Restauración de la Democracia Argentina.
Estos acontecimientos hacen propicio reflexionar sobre la articulación que existe entre democracia y derechos humanos, desde la perspectiva que puede ofrecer el campo de la salud mental.
Tres especialistas aceptaron la invitación al diálogo de Comercio y Justicia, con la intención de significar estos tres conceptos en tiempos de fuertes movilizaciones sociales en gran parte de América Latina y de crisis de los sistemas democráticos en distintos puntos del mundo.
Los entrevistados destacaron, en general, la importancia de lograr construir sociedades inclusivas y emocionalidades saludables sobre la base del Estado de derecho, además de reflexionar sobre el campo disciplinario y los desafíos que se presentan.

“Es necesario entender que todo contexto político, social, económico con sus respectivos discursos influye, condiciona, instituye, sujeta, aliena. Es decir que vivir en democracia instituye una forma de subjetividad diferente de vivir en dictadura u otras formas de autoritarismo”, detalló Jorge Cáceres, psicólogo integrante del Área de Salud Pública de la Municipalidad de Unquillo y expresidente del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba (CPPC).
Cáceres explicó además que “la salud mental, tomada como derecho, es efecto de los ideales de la Revolución Francesa”, aunque por las mismas contradicciones internas del sistema a lo largo de la historia, la salud pública terminó instalándose tanto “como derecho y como mercancía, adquiriendo un valor de normativa universal a partir de la Segunda Guerra Mundial”. Mientras, esta dicotomía “ha adquirido en la etapa actual, tanto en los países centrales como más acentuadamente en los periféricos, predominio absoluto del efecto mercancía”, advirtió el especialista.

En la misma línea, aseguró también que “el recorte de los presupuestos para el área de salud, la devastación del Estado, la exclusión social, son contemporáneos de lo que llamamos primacía del modelo médico hegemónico reduccionista”.
Sobre la base de estos conceptos, entonces, el psicólogo afirmó que “sólo en un sistema democrático se alcanzan estatutos de salud mental deseables”, aunque “lo complejo es debatir qué tipo de democracia es la que permite acercarnos a conformar subjetividades libres e inclusivas”.
Respecto a esta discusión, Cáceres resaltó que “el modelo neoliberal, al inscribir su lógica en los sujetos y lograr su aceptación, parece estar logrando construir un totalitarismo anónimo que reclama seguridad y protección a costa de la destrucción del otro no asimilado o descartado, vida exterminable como cualquier desecho”. “Esto, a mi entender, lleva, desde distintas realidades, a la situación actual en Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Nicaragua”, enumeró, precisando que “en algunos países la supremacía del neoliberalismo produjo hartazgo en los excluidos, mientras que en otros se manifiesta la lucha de intereses contrapuestos”. No obstante, “en todos está en cuestión el concepto de democracia”.

Sujetos de derecho y práctica profesional
“El campo de la salud mental, como muchos otros, generalmente está planteado como un eje sectorial o que corresponde a una minoría, y creo que eso es un problema porque hay que pensarlo como central en la construcción de sociedades. No es algo secundario o accesorio sino que es fundamental”, dijo -por su parte- Martín Passini, integrante de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos.
“Si hacemos una mirada histórica de la democracia, podría pensarse como la incorporación de distintos colectivos al ejercicio de los derechos políticos y civiles”, aseguró Passini, aunque advirtió de que existe un grupo poblacional “respecto del cual recién en estas últimas décadas se ha planteado su incorporación, que es el de las personas con discapacidad intelectual, psicosocial, o padecimientos mentales, quienes durante mucho tiempo han sido declaradas insanas”.

En este sentido, Passini destacó para Argentina la importancia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, la ley nacional de Salud Mental de 2010 y la modificación del Código Civil en 2015.
La pregunta central para Passini fue, entonces, “¿cómo hacen nuestras democracias para profundizarse y promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, pero también los políticos y civiles a las personas que durante mucho tiempo han sido declaradas incapaces jurídicamente?”, considerando que “la facultad (de los individuos) de poder tomar las propias decisiones es un aspecto central”.
Aun así, señaló que en América Latina han existido democracias en las que “no todos” han gozado del ejercicio de sus derechos. “Sobre todo los sectores populares han estado íntimamente relacionados con la idea de incapacidad. Quizás no jurídicamente pero sí a través de representaciones y de imaginarios. Lo mismo ha sucedido con las mujeres”, explicó.
Por eso, para construir sujetos de derecho, Passini indicó que se “requiere sí o sí de un Estado presente, de salud pública, de políticas sociales que garanticen los derechos, de políticas que no dejen librada la situación de los individuos a los actores del mercado”.

En tanto, también manifestó su opinión para esta nota Mariel Ferrari, psicóloga, psicoterapeuta de grupo y psicodramatista, integrante del Servicio de Salud Mental del Hospital Rawson.
Ferrari afirmó que “cuando hablamos de salud, en general nosotros nos referimos a los derechos, y en ese sentido debemos considerar las legislaciones y las garantías. Obviamente, todo esto se hace posible cuando hay un Estado de pleno derecho”.
Al destacar también la importancia de la ley de Salud Mental vigente, la entrevistada precisó que en la experiencia clínica resulta fundamental que se puedan diversificar las estrategias de abordaje mediante la inclusión de distintos dispositivos, así como lograr comprender la importancia de que los usuarios de los servicios puedan acceder a un consentimiento informado de los tratamientos.

A pesar de que existen importantes carencias de recursos en el ámbito público y de los recortes presupuestarios que han ocurrido en los últimos años, Ferrari señaló que “Argentina es pionera en la región en materia de derechos humanos y salud mental, incluyendo el planteo de legislaciones y políticas concretas”, esto debido a una “gran desarrollo teórico y comunitario”.
A este respecto y a lo que sucede en otros países de la región, la especialista indicó que “un Estado que no garantiza derechos es una Estado que enferma. Donde no hay libertad ni derechos no hay desarrollo de una emocionalidad plena y saludable”, enfatizó.

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