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La Corte Suprema actualizó aranceles de servicios administrativos

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Entre ellos, la inscripción de peritos, síndicos y martilleros y abogados de la matrícula federal tendrá un costo de $5.000; la expedición de certificados y testimonios, $1.000; las consultas a las oficinas de jurisprudencia, $500 y los oficios que ingresen al archivo para solicitar fotocopias, certificados o remisiones, $1.000

Acordada 21/23-CSJN

Ciudad de Buenos Aires, 03/07/2023

Los Señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

I- Que en uso de las facultades conferidas por el art. 8 de la ley 23.853, mediante Acordada 18/2022 esta Corte instituyó el régimen de arancelamiento de los diferentes servicios administrativos que presta el Poder Judicial de la Nación.

II- Que, en virtud al tiempo transcurrido, deviene oportuno que este Tribunal proceda a efectuar una adecuación de la suma dineraria dispuesta para cada arancel, sobre la base de una apreciación atenta de la realidad, semejante a la llevada a cabo por este Tribunal al ejercer esta competencia en otros casos que guardan una sustancial analogía (cfr. Acordadas 44/2016, 5/2021, 15/2022, entre otras).

III- Que a fs. 309/310 y 318/319 el Secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral remite la propuesta respecto al régimen arancelario para el fuero electoral, conforme lo dispuesto en la Acordada 21/07.

IV- Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención.

Por ello,

ACORDARON:

1º) Establecer los aranceles de los siguientes servicios -con excepción de los que sean solicitados por los Poderes del Estado Nacional, Provincial o Municipal, efectuadas por personal que acredite actuar en su representación:

a) Inscripción de peritos, síndicos y martilleros, y abogados de la matrícula federal (ley 22.192) -peso cinco mil ($ 5.000)-.

b) Denuncias formuladas por particulares ante la Dirección de Sumarios: pesos mil ($ 1 .000)-. En caso de ser admitida la veracidad de los hechos puestos en conocimiento de la Corte, el importe será reintegrado al denunciante.

c) Expedición de certificados y testimonios –pesos mil ($ 1.000)-, sin perjuicio de la excepción contemplada por la Acordada 50 /95, para el caso de que los soliciten las partes o los auxiliares de la justicia.

d) Consultas a las oficinas de jurisprudencia –pesos quinientos ($ 500)-. La impresión del material consultado, efectuada por el sistema informático –pesos cincuenta ($ 50)- por cada hoja impresa.

e) La expedición de fotocopias de resoluciones, sentencias y demás actuaciones –pesos cincuenta ($ 50)-, por cada hoja que se entrega al interesado.

f) Certificación sobre la autenticidad de fotocopias –pesos cien ($ 100)- por cada cuatro fotocopias que sean certificadas.

g) Certificaciones de firmas –pesos quinientos ($ 500).

h) Oficios que ingresen al archivo solicitando fotocopias, certificados, remisiones, etc. –pesos mil ($ 1.000)-.

i) Consultas de expedientes archivados en el Archivo General del Poder Judicial –pesos mil ($ 1.000). El presente arancel no se aplicará a los requerimientos realizados por los tribunales para el cumplimiento de sus funciones y mediante el correspondiente oficio. Quedan también expresamente exceptuados los pedidos en tal sentido que realicen historiadores o investigadores, siempre y cuando el material no sea destinado a un trabajo con fines de lucro, para lo cual será necesaria la presentación de una declaración jurada.

j) Los informes brindados por el archivo público –pesos doscientos ($ 200)- para el trámite normal, debiendo adicionarse -pesos seiscientos ($ 600)- si el trámite es urgente.

k) Listado de sorteo de expedientes solicitado por profesionales –pesos cincuenta ($ 50)-, por cada hoja que se entregue al interesado.

l) Las consultas referentes a estadísticas judiciales realizadas por particulares –pesos quinientos ($ 500)-.

m) Notificaciones que se realizan de conformidad con las prescripciones de la ley 26.589 –pesos mil cien ($ 1.100).

2°) Autorizar a la Cámara Nacional Electoral a la adecuación a los nuevos valores de los aranceles dispuestos mediante la presente y, respecto a los servicios específicos que allí se prestan, de acuerdo al detalle del Anexo I.

3°) El presente régimen será aplicable, cualquiera sea el medio a través del cual se suministre la información requerida.

4°) Encomendar a la Secretaría General de Administración del Tribunal, la implementación de las modificaciones realizadas mediante la presente al régimen de arancelamiento, teniendo en consideración el convenio suscripto con la entidad bancaria que corresponda para los organismos con asiento en la Capital Federal; y en las ciudades sede de los Tribunales Federales con asiento en el interior del país, a través de las habilitaciones respectivas.

5°) Disponer la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina, a partir de la cual entrarán vigentes los presentes aranceles.

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando se comunique; se publique en la página oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el Boletín Oficial de la República Argentina; y se registre en el libro correspondiente, por ante mí, que doy fe.

Horacio Daniel Rosatti – Juan Carlos Maqueda – Carlos Fernando Rosenkrantz – Ricardo Luis Lorenzetti – Damián Ignacio Font

N. de R.- Publicada en el Boletín Oficial de la Nación Nº 35.204 del 5 de julio de 2023. 

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