ESCUCHARSe presentó un proyecto de ley que contempla medidas para erradicar la violencia que sufren los menores de edad en el país.
Fue elaborado por el senador nacional Eduardo Vischi (UCR-Corrientes) y por la jueza y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Agustina Díaz Cordero.
El legislador de Juntos por el Cambio indicó que el objetivo de la propuesta es complementar otras normas, debido a la grave situación.
Lucio y Joaquín
Recordó el terrible homicidio de Lucio Dupuy y también citó el reciente crimen de Joaquín Sperani, en Laboulaye.
Vischi valoró que, ante sucesos tan espantosos, la atención mediática se centra allí, pero que luego “pasa el efecto” y muchas veces no hay respuestas del Estado.
Hizo hincapié en la necesidad de tener información para actuar y precisó que, según datos de Unicef, siete de cada 10 niños afirmaron haber sufrido maltrato por personas de su círculo íntimo.
Además, detalló que 47% de los casos fue violencia física, 29% psicológica y 20% sexual.
En tanto, resaltó que 80% de los menores de edad que sufrieron violencia no recibió atención de ningún tipo y sólo 14% de los casos denunciados llegó a juicio.
Por otra parte, señaló que según datos de 2021 de la Línea 137, de las denuncias recibidas 48,7% involucró a menores de edad.
Explicó que la iniciativa contempla el “buen trato y erradicación de la violencia como derecho” y se busca que la norma tenga alcance nacional y sea ejecutada de manera interjurisdiccional e intersectorial.
Paralelamente, recalcó que el objetivo es que no solamente determine las funciones de los distintos organismos, sino también sus responsabilidades, así como la formación de equipos técnicos, de ONG, de padres y de docentes.
A su turno, Díaz Cordero manifestó que “erradicar quiere decir suprimir de una manera definitiva y acabada”.
“Esta ley lo que intenta es que la sociedad se comprometa. No queremos más leyes con nombres de niños y niñas”, dijo.
La magistrada señaló que el deber de prevención debe regir en todos los ámbitos donde haya un niño y que no debe quedar “en compartimentos estancos”; es decir, por un lado los jueces, por otro el Legislativo y por otro el Ejecutivo.
“Tenemos muchísimas leyes pero a la hora de garantizar la tutela judicial efectiva de los niños, es vulnerada, no la garantizamos efectivamente”, estimó,
Luego, relató su experiencia personal en el trabajo en el fuero de Familia, en el que atienden, según narró, “casos de niños de dos y cuatro años que llegan al hospital con cocaína en la orina”. “Estas son vidas que merecen por parte nuestra y de toda la sociedad una atención especial”, aseveró.
Defensoría
Hace casi dos años, en junio de 2021, en el Congreso Nacional, en el marco de una reunión de comisiones, la diputada Silvia Lospennato (PRO, Buenos Aires) cuestionó el silencio de la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, en el debate por la educación y la presencialidad durante la crisis sanitaria.
Grupos de padres organizados que reclamaban la vuelta a las aulas -alertando, entre otras cosas, sobre la imposibilidad de que cientos de miles de niños estuvieran al día con los contenidos curriculares, por sus carencias- fustigaban a Graham desde hacía meses por su mutismo.
En ese marco, Lospenato tildó a Graham como “ausente” en la discusión. También consideró que la funcionaria tuvo “una oportunidad enorme” para “hacer bien su trabajo” y estimó que no lo hizo.
No fue la primera vez que el desempeño de la funcionaria motivó críticas. Cabe recordar que en marzo de 2021, luego de conocerse la dramática situación que vivía en Formosa un grupo de embarazadas (la mayoría, de comunidades originarias) por la escalada de casos de violencia institucional para que se cumplieran las restricciones sanitarias dispuestas por el gobierno de Gildo Insfrán, senadores de Juntos por el Cambio reclamaron la interpelación de Graham y la de la por entonces ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Graham mantuvo su pasividad a lo largo de los meses: no se pronunció sobre la situación de los niños que estaban en asentamientos en Formosa ni se refirió a las denuncias por presuntas violaciones de los derechos humanos en esa provincia ni hizo declaraciones ni participó del debate público mientras el Gobierno nacional y la Administración porteña litigaban ante la Justicia por la suspensión de las clases presenciales vía DNU.
La gestión de Graham quedó en la mira a raíz de la renuncia de su ex adjunto, Fabián Repetto, quien, a fines de octubre de 2020, a menos de seis meses de asumir, dejó su cargo y denunció el “uso partidario y discrecional” de la institución.
En una carta que le remitió a la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, expuso que le resultaba imposible continuar trabajando en un organismo “con fuertes sesgos” que, según escribió, van en detrimento de “una institución independiente capaz de honrar el artículo 48 de la ley 26061”.
El especialista en políticas sociales destinadas a la infancia mencionó “la imposibilidad de diálogo” con el equipo directivo del organismo.
En seis puntos, detalló los fundamentos de su decisión. En el primero hizo referencia al escaso presupuesto. En el segundo, cuestionó la “doble vara” que, según estimó, dejó plasmada en ocasiones la acción pública de la defensora.
Bajo esa tesitura, arguyó que tuvo “fuerte visibilización comunicacional” ante “criticables situaciones de vulneración de derechos” en algunas jurisdicciones y que no fijó postura.
Repetto opinó que esa dinámica “impidió un análisis nutrido y rico” de la realidad.
En el tercer apartado se refirió al vínculo con otros actores relevantes para la protección de la infancia: las cinco defensorías provinciales preexistentes.
Sobre las primeras, afirmó que Graham implementó “una lógica de escasa humildad y poca apertura al aprendizaje de sus experiencias”, impidiendo que el conjunto de la institución nacional “cortara camino” a la hora de instruirse “en múltiples aspectos, propios de una etapa fundacional”.
Paralelamente, dijo que hubo “importantes problemas de comunicación” con el Legislativo.
El cuarto punto de la misiva versó sobre el presupuesto interno de la Defensoría. Repetto objetó lo que definió como el “insuficiente acceso a la información” y habló de “falta de análisis sistémico y estratégico”, planificación o metas concretas para 2021.
En quinto lugar, se refirió a los recursos humanos y apuntó a la ausencia de “criterios claros, objetivos y transparentes” de selección.
Bajo esa premisa, alegó que la “construcción” de la institución se estaba llevando a cabo con “pocas islas de excelencia técnica” y “muchos territorios de lealtad personal y falta de perspectiva crítica”.
Repetto cerró su esquela recordando que la mayor parte de la infancia en Argentina vive en situación de pobreza.
En noviembre de 2020, la Coalición Cívica/ARI alertó sobre la gravedad del tenor de la carta de renuncia del funcionario y consideró que fincó en los motivos que brindó; ello así, porque entre otras anomalías citó “manejo discrecional y direccionado” del organismo, “falta de debate interno” y “nula de articulación con las defensorías provinciales”.
En febrero de 2022, el Senado refrendó la designación de Graham por Diputados, que databa de marzo de 2019.
Tanto el proceso de selección como el resultado generaron polémica. Cuando a principios de 2017 la Justicia intimó al Legislativo a acatar la ley 26061, las dos cámaras alegaron que numerosos organismos estatales y organizaciones internacionales se ocupan de la defensa de los derechos e intereses de los infantes. Además, alegaron que el Judicial de la Nación cuenta con una oficina para atender a cuestiones relativas al tema y que, en definitiva, la designación era una cuestión sustancialmente política. El juez del caso desestimó esas razones y valoró que se daban los requisitos para la admisión del amparo colectivo promovido por fundaciones y asociaciones civiles.
Ante ese panorama, el Congreso puso en marcha los mecanismos institucionales que derivaron en el nombramiento de Graham.
A principios de 2019, el ex diputado nacional cordobés Juan Brügge objetó la utilidad del puesto que ocupa Graham y de la Defensoría en sí y reivindicó el trabajo de las provincias en la materia, con fondos propios.
