Validan multa por empleo “en negro” y no entregar certificados; no duplican antigüedad

Al convalidar la multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), por entender que lo que en definitiva sanciona la norma es la falta de entrega de los certificados de trabajo una vez concluida la relación laboral -lo cual no ocurrió en la causa-, como también validar la indemnización del artículo 8 de la de Ley Nacional de Empleo (LNE), ya que el accionante efectivamente mantuvo su empleo en total clandestinidad, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba admitió la casación de demandada, sólo en cuanto cuestionó la duplicación de indemnizaciones por empleo no registrado, por cuanto ésta no fue la única causa de despido.

Los codemandados alegaron errónea aplicación de los artículos 80 LCT, 45 de la ley 25345 y 3 del decreto reglamentario del PEN 146/2001, al sostener que la sanción debía rechazarse porque el trabajador no emplazó por el término de dos días, luego de vencido el plazo de 30 de extinguido el vínculo, como lo exige la normativa en cuestión.

Denuncia

La patronal denunció errónea aplicación del citado artículo 8, porque no respetó el plazo de gracia para proceder a la registración fijado y del 15 porque las comunicaciones habidas daban cuenta que los incumplimientos que el actor alegó como injuriantes al comunicar el distracto, se vincularon no sólo con la ausencia de registración sino también con la falta de provisión de tareas y el pago de haberes, vacaciones no gozadas, horas extras y aguinaldo.

A su turno, el TSJ -integrado por los vocales Luis Eugenio Angulo (autor del voto), Mercedes Blanc de Arabel y Luis Enrique Rubio- apuntó al planteo vinculado a la aplicación del artículo 80 LCT señalando que era “ inadmisible al entender que el plazo establecido por el art. 3 del decreto 146/2001 se justifica cuando la empleadora dará cumplimiento a la obligación de entregar las certificaciones que aquél dispositivo exige, circunstancia que no ocurre cuando media la negativa de la relación laboral, y resulta por demás claro que no las proporcionará ”.

En este marco, el Alto Cuerpo interpretó que la intimación cursada por el actor al considerarse despedido, “ resultó suficiente para la procedencia de la multa de que se trata (en igual sentido SS 260/2007, 4, 96/2013, 295/2015 y 32/2022, entre otras) ”.

Innecesario

Luego, el fallo señaló que tampoco resulta necesario “ aguardar el transcurso del plazo de treinta días previsto en el art. 11 de la ley 24013 para proceder a la regularización ante la postura asumida por la accionada ”; esto es el silencio ante el reclamo (art. 57 y 63 de la LCT) y el posterior desconocimiento de la naturaleza laboral del vínculo en la misiva consecutiva al despido indirecto y en la instancia judicial, y por ende, su negativa a satisfacer la registración perseguida.

En ese sentido, se precisó que la conducta del beneficiario “ evidenció que no aspiraba ampararse en el lapso otorgado por la norma al destacar que en el particular se acreditó que el actor prestó tareas a favor de la demandada en la clandestinidad ”.

En consecuencia, la decisión estimó que no existen razones “ que justifiquen eximir a la empleadora del pago de la indemnización prevista en el art. 8 ib. (en igual sentido SS 39/2003 y 301/2015) ”.

En cuanto al artículo 15 de la LNE, el TSJ observó que no ocurre lo propio con la pretensión relacionada con esta norma, “ al advertir que de los términos del intercambio epistolar surge que la actitud resolutoria no respondió -específicamente- al pedido de inscripción ”.

Por el contrario, se sostuvo que el marco circunstancial “ evidencia que la situación que generó la injuria del trabajador fue anterior al emplazamiento en los términos de la ley 24013, ya que es concomitante con el pedido de aclaración de la situación laboral ante la negativa de tareas ”.

Además, se destacó que en dicha oportunidad “ se añadió el pago de diferencias salariales, vacaciones, SAC y horas extras, infiriendo que, por ello, no se da el supuesto que la norma sanciona con la indemnización agravada ”, por lo que se resolvió que debe casarse el pronunciamiento (art. 104, CPT) y desestimar la multa prevista en el artículo 15 de la ley 24013.