Sin prueba en contrario, la prioridad de paso sigue siendo prioritaria

La Cámara 1ª Civil y Comercial de Córdoba rechazó la apelación de la parte actora contra la sentencia que la consideró responsable del accidente de un tránsito, al valorar que de la prueba pericial no surgió que el vehículo del demandado hubiera sido conducido a una velocidad excesiva y sin el debido control, que permita enervar la prioridad de paso que le asistía por arribar desde la derecha a un cruce de calles.

El juez de primera instancia resolvió rechazar la demanda interpuesta por considerar que había mediado un “hecho de la víctima” con operatividad causal en el hecho lesivo, al no haber respetado la regla de prioridad mencionada.

La actora se agravió por la valoración de la prueba y la interpretación de los alcances de la regla de prioridad de paso, afirmando que en función de la ubicación de los daños y la posición final de los vehículos, podía deducirse que el siniestro acaeció una vez que la actora ya se encontraba en pleno cruce de la intersección, que el rodado del demandado embistió circulando a excesiva velocidad.

Apartamiento

También cuestionó el apartamiento de la pericia mecánica, alegando que el perito oficial concluyó que el demandado circulaba a una velocidad excesiva, y que fue el causante del siniestro de marras.

La cámara -integrada por Guillermo Tinti y Julio Sánchez Torres- indicó que en el caso no existió “ prueba contundente que respalde el mentado exceso de velocidad del demandado, a los fines de enervar el principio de prioridad de paso ”.

El fallo precisó que, “ aun cuando la prueba pericial técnica resulte el medio probatorio idóneo a fin de auxiliar al tribunal en la determinación del modo y las circunstancias en que se produjo el accidente, el ordenamiento procesal dispone que el dictamen pericial no resulta vinculante para el juez, salvo que se haya dado al especialista el carácter de árbitro (art. 283 del CPCC), que no es el supuesto de autos ”.

En esa dirección, se determinó que “ basta una simple lectura de la pericia mecánica oficial, para advertir que el experto no ha aportado fundamentación suficiente al dictamen, a fin de establecer la velocidad de los vehículos previa al momento del impacto ”.

La alzada observó que el perito oficial “ reconoce que no ha realizado un cálculo de la velocidad previa al impacto respecto al vehículo del demandado, es decir que no ha aplicado fórmulas físicas y matemáticas en base a datos técnicos que surjan de las constancias de autos, sino que, simplemente basó su conclusión a partir de las fotografías que evidencian los daños en ambos vehículos ”.

Así, se evaluó que en las actuaciones penales no consta la velocidad de los vehículos y que no se relevaron huellas de frenado en el lugar del hecho, elemento que podría aportar algún parámetro concreto a los fines de su determinación. Tampoco se ofreció prueba testimonial.

Estimación

De ello se derivó que “ la estimación que efectúa el perito respecto de la velocidad a la que se conducía el vehículo del demandado, trasunta una mera conjetura carente de apoyo probatorio objetivo que permita tenerla por válida ”.

Por lo demás, el tribunal recordó que el artículo 65 del Código Municipal de Tránsito Ord. Nº 9981 cordobés dispone expresamente: “ El conductor que se aproxima a una encrucijada no semaforizada debe, en todos los casos, reducir la velocidad y ceder, siempre y espontáneamente el paso, a todo vehículo que se presente por una vía pública situada a su derecha. Esta prioridad es absoluta ”.

Con arreglo a tales pautas, la cámara concluyó que lo que provocó el accidente “ fue el cruce de la fatídica intersección por parte de la actora, quien, por disposición legal, debía ceder el paso al demandado ” y, en consecuencia, en el fallo se resolvió confirmar la atribución de responsabilidad resuelta en la sentencia de grado.