ESCUCHAREn la pesquisa por el denominado «vacunatorio VIP”, los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez pidieron la indagatoria el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García.
También reclamaron que sean citados Alberto Maceira (ex titular del Hospital Posadas), María Elena Borda (ex jefa de Servicio de Medicina Preventiva del nosocomio), Marcelo Guille (el ex secretario privado de González García que realizó llamados para convocar a las personas que se inmunizaron con prioridad a la sede del Ministerio de Salud) y Alejandro Salvador Costa (ex xubsecretario de Estrategias Sanitarias).
Todos están imputados por abuso de autoridad y peculado.
Los agentes indicaron que delinquieron cuando las vacunas dejaron de estar disponibles en el Hospital Posadas” para cumplir con “el objetivo estatal dispuesto para esas dosis”, que comprendía “únicamente la inoculación de personal sanitario” y, eventualmente estratégico.
El caso comenzó a instruirse el 22 de febrero de 2021 por las denuncias del fiscal Guillermo Marijuan y de varios diputados, luego de que el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio cómo fue a vacunarse contra el coronavirus al Ministerio de Salud, tras un llamado al ex ministro Ginés González García.
Los fiscales explicaron que Maceira y Borda, que estaba e cargo del vacunatorio de ese hospital, ordenaron el retiro de unas 50 dosis para aplicarlas a personas “elegidas discrecionalmente y por motivos particulares”, que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos, infringiendo de esa forma el esquema estipulado en la resolución 2883/2020 y vulnerando derechos con jerarquía constitucional relativos a la salud, a la igualdad y no discriminación.
El dictamen describe los tres hechos que motivaron los reclamos de indagatorias.
En el primero, se imputa el retiro de 10 dosis del Posadas para vacunar a personas que no estaban habilitadas por la legislación vigente. En el segundo, se menciona el retiro de cinco dosis de la Sputnik V y su traslado al domicilio del ex presidente Eduardo Duhalde, donde se vacunó su familia y Carlos Alberto Mao. El tercero comprende la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 vacunas.
Las 10 dosis descriptas en el primer hecho fueron retiradas del Posadas y aplicadas a Verbitsky; Seza Manukian; Florencio Aldrey; Lourdes Noya Aldrey; Matilde Noya Aldrey; Dolores Noya Aldrey; Félix Guille; Jorge Taiana; Salomón Schachter y Eduardo Valdes.
En julio de 2021, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar parcialmente. Afirmó que en el Código Penal no existe un tipo que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales.
El fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), apeló. La Cámara Federal porteña, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, le dio la razón y ordenó reabrir la pesquisa.
“Más allá de que la cantidad de dosis sustraídas que aquí se imputan pueda parecer insignificante, no hay que dejar de tener en cuenta la situación de angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces”, sostuvieron Taiano y Rodríguez su dictamen.
