ESCUCHAREl Estado uruguayo fue condenado a pagar a la empresa panameña Latin American Regional Aviation Holdings (Larah) 30 millones de dólares por el cierre de la aerolínea de bandera Pluna, en 2012.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal arbitral del Banco Mundial, falló el martes a favor de Larah, que había reclamado una compensación por la liquidación de Pluna, en la que una empresa de su propiedad tenía acciones junto con el Estado uruguayo, consignó la agencia AFP.
En su fallo, el Ciadi señaló que el Gobierno, entonces en manos del líder del progresista Frente Amplio, José Mujica, «vulneró los derechos de la compañía Larah» y «violó sus obligaciones internacionales mediante un trato injusto, no equitativo y expropiatorio» respecto a la aerolínea y su inversor, Latin American Regional Aviation Holding, informó hoy el diario El País.
La empresa panameña había presentado un recurso ante el Ciadi en mayo de 2019, en el que solicitaba el resarcimiento por 860 millones de dólares por la clausura de la aerolínea en 2012.
Según dijeron fuentes de la administración de Luis Lacalle Pou al también medio uruguayo La Diaria, «tras la labor de la defensa» se logró reducir «al máximo la reclamación» y el «tribunal falló sólo por 6% de lo reclamado» originalmente.
El monto final es «30 millones más intereses», precisaron.
Se trata del «precio que pagamos los latinoamericanos por no tener una corte sobre derecho comercial», lamentó el exmandatario Mujica, tras conocerse el fallo del Ciadi, y defendió la decisión de cerrar la compañía aérea.
«Es el precio que pagamos por la dependencia, los latinoamericanos hemos logrado hacer una corte sobre derechos humanos, pero en materia de derecho comercial dependemos de los fallos en la justicia del mundo rico», apuntó Mujica en entrevista con VTV Noticias, reproducida por La Diaria.
El expresidente se preguntó si no «habrá que exigir» a las inversiones extranjeras «que tengan que adaptarse al derecho uruguayo», dado que al no haber una corte en materia de derecho comercial América Latina «todo va a parar a Nueva York o a París».
Mujica defendió el cierre de la aerolínea como la «única solución» posible para enfrentar la situación que atravesaba. «Pluna era una cosa que estaba muerta hace una década», agregó, y puntualizó que todo lo que se había hecho en gobiernos anteriores para tratar salvarla, como la asociación con Varig, «lo único que hizo fue agravar el asunto».
«Los gobiernos son responsables, pero con eso no arreglamos nada, porque es una pérdida de valor para el gobierno uruguayo», remarcó, para luego señalar que «algún día puede ser que las generaciones que vienen se aviven» y se pueda «crear una corte de derecho que obligue a las empresas multinacionales y a la inversión de afuera a pleitear acá».
La posibilidad de recurrir a un arbitraje internacional está prevista en el tratado bilateral de inversiones entre Uruguay y Panamá.
Creada en 1936, la empresa Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (Pluna) fue estatizada en 1951, pero volvió a incorporar capitales privados en 1995 cuando se asoció con la brasileña Varig.
En 2006, durante el primer mandato del presidente Tabaré Vázquez, Varig quebró y el Estado uruguayo absorbió el 49% del paquete accionario que la brasileña poseía en Pluna.
En 2007, el 75% de las acciones de Pluna fue adquirido por la firma de inversiones Leadgate y el 25% restante quedó en manos de un ente estatal.
Pero cinco años después, ya bajo la presidencia de Mujica, Leadgate anunció su retiro de Pluna, que pasó a un fideicomiso mientras el Estado uruguayo buscaba un socio para capitalizar a la compañía.
Menos de un mes después, el 6 de julio de 2012, el gobierno de Mujica decidió liquidar la aerolínea por insolvencia financiera.
El reclamo ante el Ciadi se registró el 23 de mayo de 2019, bajo el segundo gobierno de Vázquez.
Larah, entonces propietaria de Leadgate y domiciliada en Panamá, demandó al Estado uruguayo ante el tribunal arbitral internacional invocando la violación del Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Uruguay y Panamá, de 1998.
De acuerdo con las reglas del Ciadi, sus laudos son obligatorios e inapelables.
