Un reportaje neutral no puede lesionar el honor

La cámara indicó que, cuando un diario actúa como canal de difusión de dichos de otro, no tiene el deber de investigar la veracidad de los datos que proporciona, ya que se sobreentiende que la divulgación textual corre por cuenta del emisor

“Es improcedente el reclamo por daños y perjuicios formulado por el actor, en la medida en que, más allá de cualquier consideración que cuadre efectuar con relación a los dichos de la entrevistada, el diario no hizo más que reproducirlos (reportaje neutral) sin añadir ninguna imputación con entidad para afectar el honor del apelante”. [privado]

Bajo esa premisa, la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ratificó el rechazo de una acción por denuncia calumniosa en contra de Editorial La Página SA y de uno de sus periodistas.

Además, el tribunal destacó que el reportaje se concretó en el marco de una noticia de “evidente interés general” y en el contexto de un debate por las políticas públicas sobre el derecho a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires.

“No puede juzgarse la conducta del medio de prensa, del periodista o de cualquier comunicador a la luz de los resultados, sino en el momento en que se da a conocer la información porque, de lo contrario, sólo podrían ser objeto de difusión aquellas noticias de interés público que son ya verdades incontrovertibles y carentes de todo riesgo de sanción”, aclaró también en su decisorio.

La alzada indicó que cuando el periódico simplemente actúa como canal de difusión, transcribiendo los dichos de otro, no tiene el deber de investigar la veracidad de los datos que proporciona, ya que se sobreentiende que la divulgación textual corre por cuenta del emisor. “La publicación no transforma por ello al medio en codeudor solidario”, enfatizó.

La cámara también confirmó la falta de procedencia de la demanda de daños promovida por el actor en contra de la entrevistada, al entender que su actitud estuvo “moralmente justificada” porque hizo su denuncia “en el marco de una conflictiva atinente a las viviendas”.

En tanto, aclaró que la rectificación o respuesta no son, en sí mismas, derechos, sino una herramienta para restaurar o poner en su lugar los derechos que se dicen vulnerados por informaciones falsas, equívocas, erróneas o agraviantes.

Por ello, avaló que al reclamante se le negara el derecho a réplica, al entender que bastaba con leer la nota periodística para advertir de que la única referencia al accionante era que “hostigaba” a los moradores de un inmueble diciéndoles que iba a hacer una denuncia penal por usurpación, de modo que la conducta reprochada guarda relación con el ejercicio de acciones que no constituyen “la imputación de un delito o de una amenaza injusta o ilegal, sino que encuadra dentro de las facultades de la función pública que detentaba”.

Editor

A su turno, N.A. demandó a Editorial La Página A -Página 12- y a A.V. por los daños y perjuicios que le habrían causado a raíz de un artículo periodístico publicado el 28 de julio de 2014, escrito por un editor, periodista y empleado en relación de dependencia de la firma.

El accionante le endilgó haber difundido un artículo difamatorio en el que le imputaba conductas al margen de la ley, como supuesto hostigamiento, intervenciones telefónicas y escuchas ilegales. También objetó que se le atribuyera ser funcionario del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un carácter que -sostuvo- no tenía en el momento en que ocurrieron los hechos.

A su vez, se le reprochó a la entrevistada haber iniciado una denuncia penal totalmente difamatoria, en la que intentó ser tenida como querellante cuando, en rigor, sólo pretendía ganar tiempo para no ser desalojada de una vivienda que no le pertenecía.

Sin éxito, afirmó que los emplazados actuaron con real malicia e innegable mala fe al presentarlo como un ser antisocial, afectando su honor y dignidad con “la aviesa intención de lastimar su propia estima y prestigio”, utilizando calificativos altisonantes.

“Es claro que en estos autos no se trata de indagar quién tenía razón sobre el mejor derecho a la ocupación de la cosa ni sobre ninguna otra cuestión vinculada al fondo del asunto debatido -aspectos que fueron sometidos a conocimiento de distintos tribunales-, sino de examinar si la nota periodística era falsa, hiriente o cáustica, con entidad para afectar los derechos personalísimos del actor y si, por el tenor de aquélla, el medio está llamado a responder por la propalación de la noticia y los dichos de la entrevistada”.

También peticionó que se hiciera pública la sentencia y su derecho a réplica en al menos dos diarios de gran circulación y en sus respectivos portales de Internet, para informar a los lectores sobre el incorrecto proceder de la publicación efectuada sobre la conducta, y adjuntó un texto a tales fines.

Los demandados reconocieron expresamente la nota publicada pero negaron la intención que se les atribuyó, así como la obligación de responder.

La empresa propició la aplicación al caso de la doctrina “Campillay” y formuló consideraciones sobre la libertad de prensa y la escasa referencia de la nota al actor, asegurando que de su tenor no surgía avasallamiento alguno a sus derechos.

El periodista, por su parte, negó haberle atribuido la comisión de un delito al demandante.

El a quo dictó sentencia y rechazó la demanda, en todas sus partes, con costas al vencido.

El actor apeló alegando que el juez de grado no se expidió siquiera sobre el derecho a réplica.

Paralelamente, adujo que la entrevistada y codemandada lisa y llanamente mintió en sede penal y que el diario no llamó siquiera por teléfono al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de corroborar los hechos que su redactor narró.

No tuvo éxito y, entre otras consideraciones, la alzada recordó que en numerosos precedentes la Corte Suprema resaltó la fundamental importancia del rol que cumple la prensa libre en una sociedad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal.