Toman prueba del beneficio de litigar sin gastos para determinar ganancias en un lucro cesante

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba admitió la casación presentada por la parte actora en contra de la sentencia de la cámara, que había rechazado el recurso de apelación deducido por aquél, en el cual denunciaba que los tribunales de mérito incurrieron en un yerro al tomar el salario mínimo vital y móvil (SMVM) como pauta cuantitativa del resarcimiento del lucro cesante.

Ello así, siendo que en el beneficio de litigar sin gastos (BLSG) resuelto se encontraba debidamente acreditado el ingreso del accionante mediante informativa de la AFIP, provecho en el que participaron todas las partes, con lo cual se respetó, en opinión del tribunal, el principio de bilateralidad.

Al analizar la cuestión, el Alto Cuerpo -integrado por Marta Cáceres (autora del voto), Domingo Juan Sesin y Luis Eugenio Angulo- observó que, entre las constancias obrantes en el BLSG deducido por el interesado, se encuentra la prueba informativa que muestra su labor como Policía Federal y los ingresos percibidos de mayo de 2014 a abril de 2015.

Constancias

Así las cosas, el TSJ, en forma diversa de lo resuelto por el tribunal de mérito, consideró que las referidas constancias forman parte de la misma causa, aunque se hayan incorporado en el marco de un incidente.

Al respecto, la sala destacó que ya ha dicho en reiteradas oportunidades que el BLSG tiene naturaleza incidental, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 426 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Provincia (CPCC, AI N° 111/00; N° 4/05; 404/09, entre otros).

Asimismo, el Alto Cuerpo consideró que, si bien es cierto que dicho incidente contiene una pretensión de mérito diversa al objeto del proceso principal que, de alguna manera, podría haber direccionado la estrategia defensiva de la parte contraria, los demandados en el juicio principal tuvieron plena participación en el incidente y, por lo tanto, no se advierte transgresión alguna a su derecho de defensa.

En esa dirección, el fallo apuntó que tanto el actor como la demandada Provincia de Córdoba fueron citados al trámite incidental e, inclusive, ésta evacuó el traslado del artículo 105 (CPCC), de modo tal que allí tuvieron la oportunidad de contraprobar o cuestionar la prueba de informes rendida.

En este punto, el autor del voto advirtió que no es acertada la afirmación vinculada a que, tratándose de un BLSG, la actividad de control fue acotada y circunscripta a una mera fiscalización.

Por otro lado, el magistrado indicó que la sala que integra ya había señalado que el control probatorio no solamente apunta a la legalidad y validez formal de las pruebas sino también a su eficacia, en cuanto estén destinadas a acreditar extremos requeridos por la ley para el otorgamiento del beneficio.

De modo tal que el vocablo "fiscalizar" comprendería tanto el derecho de controlar la prueba ofrecida por el peticionario (v.gr. asistiendo a las audiencias testimoniales, impugnar prueba informativa, etcétera) como también ofrecer y diligenciar la suya, con todas las facultades propias de una auténtica “parte” incidental.

Control

De lo expuesto el TSJ derivó que, si la intervención de la parte contraria no estuvo limitada al control de los actos probatorios producidos por el peticionario sino que la habilitaba también a aportar elementos de juicio tendientes a desvirtuarlos, la falta de impugnación de la prueba de la que resultaba la condición del actor de dependiente de la Policía Federal, así como el monto de sus ingresos, no puede ser, a la postre, alegada en su favor.

En ese orden de ideas, el Alto Cuerpo concluyó que la omisión de considerar la referida prueba de informes adquiere virtualidad para inficionar la validez del fallo, ya que la cámara recurrió al valor del SMVM para cuantificar el daño atento a la falta de acreditación de los ingresos invocados por el demandante.

En definitiva, en el fallo se resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto y, en su mérito, anular parcialmente la sentencia recurrida y reenviar la causa a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que sigue en nominación a la de origen, para que emita un nuevo pronunciamiento.

Autos: “S., N. A. C/ SUPERIOR GOBIERNO PROVINCIA DE CÓRDOBA Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ. - ACCIDENTES DE TRÁNSITO – RECURSO DE CASACIÓN - EXPTE. 5904776”