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Sobreseen a joven que dijo que iban a poner una bomba en el colegio

COORDINACIÓN. En la elaboración de los protocolos intervino la Oficina de Coordinación de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil.
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El adolescente fue sometido a un proceso de mediación. Pidió perdón y se mostró arrepentido. Además, como acción reparadora brindó una charla informativa en la institución sobre la consecuencia de los delitos

El Juzgado Penal Juvenil de 3ª Nominación sobreseyó totalmente del delito de intimidación pública a un adolescente que llamó al teléfono de emergencias 911 y dijo que había escuchado que iban a poner una bomba en el colegio donde cursaba sus estudios secundarios. Si bien la inspección del lugar por la Brigada de Explosivos dio un resultado negativo, la llamada generó alarma en la comunidad educativa y motivó la evacuación completa del establecimiento, con intervención de la Policía de Córdoba.

Una vez identificado el presunto autor del delito, el caso se derivó al Centro Judicial de Mediación. En este proceso participaron el estudiante, quien entonces tenía 17 años y cursaba el sexto año de nivel medio; su madre, autoridades del colegio, representantes de la Brigada de Explosivos y las mediadoras. Al finalizar la mediación, el joven manifestó que estaba arrepentido de su accionar y se comprometió a no repetir situaciones similares. Expresó que estaba dispuesto a pedir perdón, tanto al representante de la Brigada de Explosivos como a las autoridades de la institución. Junto con aquélla, el estudiante llevó a cabo como acción reparadora una charla informativa en el establecimiento, titulada “El delito y sus consecuencias futuras en los adolescentes”.

En la sentencia, la jueza Ileana Benedito destacó que la decisión de llevar a un adolescente ante el sistema de justicia “no significa que deba pasar por un proceso judicial formal”, y recordó que el fin primordial del derecho penal juvenil consiste “en responsabilizar al NNA (niño, niña o adolescente) por sus acciones”, de un modo diferenciado al de los adultos.

La magistrada consideró que en este caso se habían cumplido los objetivos del derecho penal juvenil, puesto que el joven se responsabilizó de su conducta y, además, “aprendió y compartió con sus pares qué es y cuáles son las consecuencias de un delito”. “En definitiva, se logró una solución reparadora y pedagógica con la intervención de distintos actores de la comunidad”, enfatizó.

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