Sin precedentes: México pretende que firmas de EEUU lo indemnicen por “facilitar tráfico de armas”

En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende llevar a juicio a 11 fabricantes y distribuidores de armamento.

Con ese fin, en un paso sin precedentes, presentó una demanda civil en contra de las empresas, por emprender “prácticas comerciales negligentes e ilícitas” que, según alega, facilitan el tráfico ilegal a México. [privado]

Lo hizo ante una corte federal en Boston (Massachusetts), con el objetivo de “detener el flujo de armamento ilegal” que llega a México desde Estados Unidos.

En su planteo, afirmó que esa actividad estuvo detrás de, al menos, 17.000 asesinatos en 2019. También arguyó que entre 70 y 90% de las armas decomisadas en territorio mexicano viene de su vecino del norte.

La administración de López Obrador pidió una indemnización por daños que, eventualmente, será establecida por el tribunal estadounidense.

La exigencia se basa no sólo en la violencia letal que implica el flujo de armas ilegales sino también en el impacto de la actividad que -según arguye- implica destinar recursos públicos para enfrentar los grupos criminales y genera pérdidas para industrias como el turismo.

El gobierno mexicano deberá demostrar ante el tribunal de Boston que tiene derecho a demandar a los fabricantes como afectado directo.

Luego deberá superar el blindaje político y legal que tiene la industria armamentistica en Estados Unidos.

Cabe recordar que a principios de año la administración de Joe Biden puso en su mira la llamada “ley de inmunidad”, que protege los intereses de las principales empresas, para impulsar una legislación que restrinja la presencia generalizada de armas en el territorio nacional.

México busca que se le concedan al menos 10 mil millones de dólares como reparación, suma que, en caso de un resultado favorable, pagarían, entre otras, Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company y Glock.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señaló que su país “no busca interferir en la política de Estados Unidos” sobre armas y que el proceso judicial involucra únicamente las empresas demandadas.

Éstas incluyen a algunos de los fabricantes más poderosos: Smith & Wesson; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company y Glock, entre otros.

Según la parte actora del litigio -que no incluye al Gobierno federal estadounidense- las ventas anuales de las firmas a varios clientes en México superan 340.000 armas al año.

“Fantasmas”

En mayo, por medio del Departamento de Justicia, EEUU anunció un plan para prohibir las denominadas “armas fantasmas”, que se hacen a partir de kits que contienen piezas separadas que permiten ensamblar rifles en menos de 30 minutos.

La venta de insumos sueltos hace más difícil el rastreo de las autoridades.

Si es aprobada, la norma propuesta exigirá a los comercios una búsqueda de antecedentes de los compradores de ese tipo de productos.

También obligaría a los fabricantes a incluir números de serie en el cañón del rifle, la pieza más importante, dato fundamental para que la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por las siglas en inglés) pueda rastrear las armas.

La iniciativa, la más importante en la materia desde 1968, se suma a una serie de medidas que Biden planea para hacer más estricta la venta de armamento.

La organización Stop US arms to Mexico celebró lo que califica una “acción contundente” para combatir la problemática e indicó que siete de cada 10 armas rastreadas en México desde 2010 son originarias de Estados Unidos.

En este país hay un profundo debate por el tema y la demanda de México podría encontrar un clima favorable en parte de la opinión pública.

Las encuestas muestran que una mayoría de estadounidenses cree que debe ser más difícil comprar un arma ; 87% opina que toda adquisición debería estar sujeta a una revisión de antecedentes y 74% está en favor de prohibir los rifles de asalto.

Sin embargo, las ventas de éstos y de pistolas escalaron 40% en 2020.

Corrupción

La organización que agrupa a los fabricantes y distribuidores de armamento de EEUU, la National Shooting Sports Foundation (NSSF), calificó como falsas las acusaciones de la Cancillería mexicana.

“El Gobierno mexicano es responsable del crimen y la corrupción rampantes dentro de sus fronteras”, dijo uno de los vicepresidentes, y aseguró que el arsenal de los grupos delictivos mexicanos proviene de Centroamérica y de los militares mexicanos que abandonan el Ejército para sumarse al bando de la delincuencia.

La Cancillería mexicana respondió asegurando que en el marco del pleito que inició probará que las empresas demandadas incurren en prácticas ilícitas y negligentes. [/privado]