ESCUCHARLa Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) solicitaron ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) de la Capital Federal y la Corte Suprema que se modifique la tasa de interés establecida por el acta 2764/22.
Lo hicieron luego de que el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires protestaran en forma pública por los intereses exorbitantes fijados en conflictos laborales.
Días atrás, las entidades le enviaron una nota a la Corte advirtiendo la “honda preocupación que existe entre los dadores de trabajo” con relación a los métodos de actualización de las liquidaciones que surgen de las sentencias de condena que se pronuncian en aquel fuero. “Estamos convencidos de que esas actualizaciones están dañando seriamente a las empresas, generando perjuicios y distorsiones”, alegaron.
Ahora, la SRA, la CAME y la CONINAGRO reclamaron que la tasa cuestionada se reemplace por otra que incorpore parámetros sensatos.
En un comunicado, reseñaron que el acta de la CNAT varió el criterio de actualización de los créditos laborales, resolviendo aplicar la capitalización anual sobre las tasas de interés establecidas en documentos anteriores, generando de “una nueva distorsión” que, según indicaron, esta vez es “muchísimo más grave, injusta e inequitativa”.
“Lejos de aportar una solución en la materia, lo que produce es un mayor desempleo, ya que difícilmente los empleadores -y especialmente las pequeñas y medianas empresas- se animen a emplear ante la posibilidad de que una eventualidad laboral tenga un costo muy superior al del negocio en sí mismo”, sumaron.
Las firmantes denunciaron que se ocasiona “una afectación de enorme relevancia” que compromete “seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas”.
Denunciaron que la aplicación del acta 2764/22 genera un resultado “tan exorbitante” que “no sólo es desproporcionado” sino que también implica “una alteración en la legislación laboral”, porque las liquidaciones reflejan un excesivo aumento en los importes a pagar, colisionando los parámetros indemnizatorios fijados en la Ley de Contrato de Trabajo.
