ESCUCHARLa Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires revocó los sobreseimientos por prescripción y ordenó reabrir la investigación por vejámenes a civiles ejecutados por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), el 20 de diciembre de 2001, durante la manifestación en Plaza de Mayo contra el gobierno de Fernando de la Rúa.
El Tribunal de Apelaciones revocó el cierre del caso por el paso del tiempo porque uno de los imputados, Luis Rodríguez, sigue siendo en la actualidad funcionario en la Policía Federal, hecho que interrumpe el plazo de prescripción, según el fallo de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.
Los imputados en la causa son Sergio Weber, José González, Fernando Villegas, Ramón Vargas y el mencionado Rodríguez.
La Cámara encomendó al Juzgado Federal 11, actualmente a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, proceder con la «máxima celeridad» en la investigación que había cerrado el fallecido magistrado Claudio Bonadio.
En esta causa se investigan presuntas vejaciones perpetradas por miembros de la PFA contra personas que acudieron, durante la mañana del 20 de diciembre de 2001, a manifestarse frente a la Casa de Gobierno», antes de la renuncia De la Rúa.
Luego de que la Dirección General de Operaciones de la PFA dio la orden de “despejar” la Plaza de Mayo, una línea de efectivos montados a caballo avanzó sobre la gente que estaba en ese lugar, según recordó la Cámara. De acuerdo con la acusación, algunos de los miembros de esa formación “en espacios y momentos concretos” golpearon a los civiles con diferentes elementos, ocasionándoles lesiones a varios de ellos. Los imputados fueron indagados y luego se les dictó falta de mérito.
«Por ese entonces, esta Cámara instó fuertemente a que se hicieran medidas básicas todavía no concretadas, con miras a identificar suficientemente a quienes estuvieron efectivamente involucrados en los hechos violentos cometidos contra los manifestantes», se recordó en el fallo.
La fiscalía reunió nuevas evidencias y solicitó los procesamientos por el delito de vejaciones. El juzgado dictó entonces el sobreseimiento de todos por el paso del tiempo.
Pero la Cámara subrayó al reabrir el caso que Rodríguez es en la actualidad comisario inspector del Departamento de Control Operacional de la PFA. «Se trata de la misma fuerza en que se desempeñaba cuando ocurrieron los eventos, en que siguió trabajando ininterrumpidamente», destacaron los camaristas. El tribunal dispuso que este hecho suspende los plazos para calcular la prescripción por el carácter público de la función y por el ámbito en que se lleva a cabo.
La Cámara revocó así la prescripción y los sobreseimientos y encomendó al juez expedirse respecto de la situación procesal de los imputados y dar cumplimiento «a todos los intereses legítimos que así lo exigen».
