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Se esperan las conclusiones de las comisiones

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“Los jueces no deben ser perseguidos por el contenido de sus sentencias”. La premisa fue repetida durante toda la jornada de ayer por los referentes de la magistratura argentina que se reunieron en el marco de la 3ª Conferencia Nacional de Jueces que se realizó en Córdoba.
Si bien las conclusiones se conocerán hoy, los magistrados se mostraron preocupados por la creciente injerencia del poder político en la integración de los Consejos de la Magistratura, nacional y provinciales. Ninguno de los asistentes dudó en advertir que se requiere de un organismo “equilibrado”, con participación de todos los organismos del Estado.
La cuestión no se agota allí. El vocal de Tribunal Superior de Justicial (TSJ), Domingo Sesín, fue una de los exponentes en la comisión que se denominó “El proceso de selección y acusación de los jueces nacionales y provinciales”. En su alocución recalcó las demoras que se generan no sólo en la designación de los jueces, sino también en los procesos de acusación.

“La sola denuncia, especialmente cuando es por el contenido de la sentencia, conspira contra la independencia judicial y, en consecuencia, se debe trabajar con premura y declararla inadmisible automáticamente”, afirmó.
Más adelante, Sesín advirtió que los Consejos de la Magistratura no pueden convertirse en la cuarta o quinta instancia para revisar sentencias. “Hay que terminar con esta chicana jurídica”, opinó.
La afirmación de Sesín también fue compartida por el presidente de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Lorenzetti. “La recusación tiene que ser algo excepcional, no algo cotidiano. Lo que hoy está sucediendo es que ante una sentencia judicial que no le gusta a una de las partes la lleva al Consejo de la Magistratura como si fuera un modo de apelar”, ejemplificó.

Recortes

Los recortes que sufrieron los magistrados jubilados en la provincia de Córdoba fue un tema sobre el cual no se pronunció Lorenzetti, al remarcar que éste puede convertirse en un tema que finalmente deba resolverse en la Corte Suprema. No obstante, esta cuestión no quedó ajena de la agenda de los magistrados en la segunda comisión de trabajo que se ocupó del “Status institucional, funcional y previsional del juez”.
Víctor Vélez, presidente de la Asociación de la provincia de Córdoba no ahorró críticas y explicó a sus colegas: “Hay cosas que pensábamos que no iban a pasar, pero que en realidad pasaron, hay provincias que todavía no tienen las reglas claras (…) y hay provincias, como la mía, donde sí las reglas estaban claras pero lamentablemente, por las razones que sean, no se cumplen. Nuestros jubilados han soportado recortes que llegan hasta el 27 % de sus salarios.

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