“Ruta del dinero K”: el fiscal Marijuan opinó que Cristina Fernández debe seguir bajo pesquisa

Hace un mes, la Sala I de la Cámara Federal le reclamó al juez Casanello una definición sobre la situación procesal de la ex presidente en el expediente en virtud del cual ya fueron condenados el empresario santacruceño Báez y sus hijos

En el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, el fiscal Guillermo Marijuan estimó que la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner debe seguir siendo investigada y, en esa línea, le reclamó una serie de medidas de prueba al juez Sebastián Casanello.

Cabe recordar que hace un mes la Sala I de la Cámara Federal reclamó una definición sobre la situación procesal de Fernández de Kirchner en el expediente en virtud del cual ya fueron condenados el empresario santacruceño Lázaro Báez y sus hijos.

Fernández tiene una falta de mérito dictada por Casanello, quien la citó a indagatoria a instancias de la cámara en 2018, una sentencia que fue ratificada en 2019, con instrucciones al magistrado sobre la prueba a producir que incluían sumar a la investigación tres declaraciones de “arrepentidos” de la causa “cuadernos”: la del ex secretario de Obras Públicas, José López; la del ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, y la del ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares. Mientras ese tramo de la causa permanece en instrucción, gran parte de la investigación ya tuvo condenas.

Cuando le pidió opinión a Marijuan, Casanello hizo lo propio con la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Fisco. Ninguno de los dos organismos solicitó más medidas probatorias.

A finales de febrero, a Baéz se le impuso la pena de 12 años de prisión por lavado de activos agravado. Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 4 sostuvo que su fortuna provenía de los contratos de obra pública que se investigan en la causa conocida como “Vialidad”, en la que está siendo enjuiciado junto a la vicepresidenta.

Asimismo, tuvo en cuenta las pesquisas por evasión que también incluyen al empresario.

Domiciliaria

Actualmente, Báez cumple prisión domiciliaria en un lugar que se mantiene en reserva, hasta que la condena quede firme. La revisión está en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.

La orden sobre aclarar la situación de Fernández de Kirchner -por un sobreseimiento o un procesamiento- surge del fallo que suscribieron en septiembre los vocales Eduardo Farah y Mariano Llorens, quienes le indicaron a Casanello cumplir con los términos establecidos en el artículo 207 del código de rito, a fin de resolver pendientes y concluir definitivamente la instrucción.

La semana pasada, con el fin de resolver la situación de la encausada, Casanello les pidió al fiscal y a las querellas que emitieran su opinión.

En su dictamen, el agente consideró que la investigación no finalizó y planteó que para “completar el cuadro probatorio que permita determinar el efectivo rol que le cupo a la imputada en los hechos” se impone la realización de más diligencias.

Marijuan citó otra causa abierta contra Báez, en la que se encuentra pendiente un informe de la Dirección de Recupero de Activos de la Procuración sobre las supuestas operaciones de lavado del penado y de sus allegados.

Según el fiscal, ese trabajo puede “resultar relevante a los fines de valorar la situación procesal” de la vicepresidenta.

La causa “ruta del dinero K” es una de las cinco que tiene abierta la vicepresidente en los tribunales de Comodoro Py. Actualmente está siendo juzgada en la causa “Vialidad” y tiene otros juicios pendientes por Hotesur y Los Sauces, y por los cuadernos de la corrupción.

También está procesada en la pesquisa por los vuelos al sur, pero recurrió la medida.

Cordobés

En agosto pasado, el abogado ítalo-argentino Néstor Ramos fue procesado por Casanello como presunto coautor del lavado de US$55 millones de Báez, ex socio de la familia Kirchner.

Ramos, cordobés, fue fundador y presidente de Helvetic Services Group, la firma suiza que usó Báez para quedarse con la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, en donde se lavaron, al menos, US$55 millones.

Por estas maniobras ya fueron condenados Báez, sus hijos y su entorno.

SGI era de Federico Elaskar, quien admitió en una entrevista haber ayudado a Báez a fugar millones de dólares al exterior.

“Se encuentra acreditado con los alcances propios de esta etapa procesal que Ramos intervino a través de sus sociedades controladas -Sambers Hantarex Spain SL, Wodson International SA y Helvetic Services Group SA- en el esquema de lavado de dinero orquestado por Lázaro Báez y sus colaboradores. De acuerdo a lo relatado, y también afirmado por el propio imputado, fue contactado por los servicios fiduciarios que ofrecía desde sus oficinas sitas en Lugano, Suiza”, expuso el magistrado.

Además, explicó que, en particular, el aporte efectuado por Ramos consistió en figurar -mediante las sociedades “vehículos” que detentaba- como dueño aparente de los negocios e inversiones del Grupo Báez.

En palabras del juez, “su aparición funcionaba como una mera pantalla destinada a ocultar al verdadero dueño del dinero”. Y agregó: “En particular, Helvetic Services Group era una firma capaz de justificar con su solvencia las operaciones que desplegaba, aunque, como ha quedado acreditado, en el caso no operaba con fondos propios sino con los que le proveía Báez, a través de las cuentas bancarias a nombre de empresas off shore gestionadas por sus colaboradores”.

Desde 2016 pesaba sobre Ramos un pedido de captura con miras a su extradición. Como se comprobó que tiene una enfermedad terminal, Casanello y el fiscal Marijuan acordaron indagarlo vía remota.

Una vez que declaró, negó por escrito haber formado parte de una estructura ilícita destinada a lavar activos proveniente de la corrupción en Argentina.

Casanello lo contradijo y aclaró que el dinero que circuló en las cuentas en el exterior no estaba bajo la titularidad de las empresas del Grupo Báez -las que llevaban adelante la actividad constructora de obra pública, como proveedoras del Estado y generadoras de las ganancias propias de esa labor-, sino que los productos bancarios se encontraban a nombre de “sociedades de cartón panameñas” administradas por asesores de Báez y por quienes formaban parte de la financiera SGI, la cual no mantenía relación o vínculo alguno con el empresario.

“El imputado quiere desligarse de su intervención aduciendo una actuación conforme el ordenamiento legal, cuando a todas luces se encuentra demostrado que su participación consistió en ocultar al verdadero dueño del dinero y brindarle apariencia de licitud -simulando la inversión de una empresa extranjera- a los fondos millonarios ingresados al país a favor de Austral Construcciones SA”, enfatizó.

Casanello embargó a Ramos por $36.587 millones y ordenó trabar embargos sobre los bienes de Helvetic (por más de $33.567 millones) y de la sociedad uruguaya Wodson International SA (por más de $9.609 millones), también controlada en su momento por Ramos y usada en el sistema de lavado utilizado por Báez y su círculo familiar y de negocios.