Revocan falta de mérito dictada a favor del ex presidente de Bunge Argentina SA

Plácido Enrique Humanes está acusado de evasión de impuestos mediante facturas apócrifas. Para los camaristas, debe profundizarse la investigación para determinar si existió dolo

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó la falta de mérito al ex presidente de la empresa Bunge Argentina SA, Plácido Enrique Humanes, y además ordenó que se profundice la investigación por evasión del impuesto a las salidas no documentadas agravada por el uso de facturas apócrifas. [privado]

Humanes fue imputado por evadir ese tributo mediante el uso de facturas apócrifas durante los períodos fiscales de 2011, 2012 y 2013. Ese proceder, según la acusación, simulaba operaciones comerciales con granos ocultando la real situación patrimonial de la empresa, lo que causó un perjuicio fiscal del orden de los ocho millones de pesos.

La resolución, firmada por los vocales Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro, sostuvo que de los elementos reunidos no se puede determinar, hasta el momento, la intervención dolosa del imputado Humanes en las maniobras señaladas y, en tal sentido, consideró necesario que “se produzca la prueba que permita dilucidar este extremo y pronunciarse luego en uno u otro sentido”, por lo que correspondía revocar la resolución apelada y disponer la profundización de la investigación.

Así, los camaristas destacaron la necesidad de realizar un peritaje “contable para definir, por ejemplo, la magnitud del impuesto evadido y la reiteración de supuestas operaciones con los proveedores, informes bancarios y registros de operaciones sospechosas para examinar la trazabilidad del circuito financiero de pagos, testimonios de las partes intervinientes en las operaciones -en particular, de los transportistas y/o los distintos camioneros existentes conforme las cartas de porte, para determinar el circuito físico del cereal-, documental y testimonial de los empleados de la empresa, que dé cuenta de la existencia de mecanismos estandarizados de prevención del fraude fiscal y su cumplimiento, entre otras diligencias pertinentes y útiles, según el caso”.

Dolo

Al apelar la resolución que dictó la falta de mérito del ex presidente de Bunge, la representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que no se discute que la empresa haya recibido los granos que figuran en las facturas ni que los haya abonado por transferencia bancaria. Lo que se sospecha es que la firma aceptó llevar a cabo operaciones en el mercado de granos con proveedores apócrifos, quienes no poseían capacidad económica, financiera y/u operativa para realizar dichas operaciones, lo que habría implicado un ocultamiento del verdadero prestador del servicio.

A criterio de Sánchez Torres, es inverosímil pensar que no existió dolo si se tienen en cuenta “las funciones que cumplían los encartados como administradores de la empresa del que se deriva su conocimiento de las operaciones concertadas y el tratamiento comercial con los proveedores denunciados como apócrifos. Asimismo, no resulta menos importante la magnitud del impuesto evadido y la reiteración de supuestas operaciones con los proveedores”

El magistrado agregó que “tres de los cuatro proveedores apócrifos se encontraban excluidos por incorrecta conducta fiscal del Registro Fiscal de Operadores de Granos al momento de operar, lo cual, razonablemente, hubo de despertar una fundada sospecha acerca de la fiabilidad de efectuar transacciones con dichos proveedores”.

Así las cosas, el magistrado consideró que las formalidades extrínsecas de la facturación o la documentación equivalente no resulta dirimente a los efectos de eximir de la responsabilidad penal del acusado.

Prueba

Para Sánchez Torres, resultaría de interés examinar si los camioneros contratados por la transportista cuestionada, consignados en las cartas de porte que aportó Bunge SA para probar el traslado del cereal, confirman o niegan haber efectuado dichos traslados y su vinculación con la empresa que presidía el acusado.

También estimó que debería investigarse “la existencia de connivencia con los proveedores de servicios presuntamente apócrifos, toda vez que Bunge recibiría retornos dinerarios a partir de las operaciones cuestionadas, a los fines de determinar su efectiva existencia e individualizar a quienes hubieran intervenido”.

“Luce particularmente llamativo, tal como lo sostiene la parte acusadora, que luego de efectuadas las transferencias informadas, éstas eran extraídas en efectivo casi inmediatamente después de acreditadas, lo que pudo permitir a quienes operaban estas cuentas distribuir el dinero entre la firma que realmente había efectuado la operación comercial y generar los retornos a la firma contratante del servicio, de manera que no quedara registro de las operaciones posteriores a la extracción del dinero en efectivo”.

Sánchez Torres y Navarro consideraron “conveniente que la instrucción solicite ad effectum videndi et probandi el expediente administrativo que se sustancia con motivo de las operaciones cuestionadas y proceda a analizar las constancias allí incorporadas para determinar si la actuación de Bunge SA fue ajustada a derecho, o bien, si fue negligente o dolosa, para así determinar en definitiva la situación procesal del imputado en esta causa penal”.

A modo de conclusión, la cámara sostuvo que “se vislumbra la escasez de actividad investigativa que permita reconstruir los extremos jurídico-penales relevantes de los hechos, resultando prematuro el dictado de resolución de mérito, por lo que corresponde la profundización de la investigación”. [/privado]