Resuelven que debe ser devuelto lo cobrado por pagarés firmados en blanco

Los documentos habían sido entregados por el accionante en garantía de cumplimiento de obligaciones fiscales y servicios en un contrato de alquiler. Se demostró que el inquilino nada adeudaba

Al no acreditarse la causa de la ejecución de los pagarés, ya que éstos se originaron en un contrato de locación del cual se demostró que el firmante en blanco de los documentos nada debía al ejecutante, la Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba ordenó a la demandada que devuelva lo que se le pagó, al configurarse un abuso de firma en blanco.

En contra de la sentencia de primera instancia que resolvió desestimar la acción ordinaria de repetición, posterior al juicio ejecutivo realizado por la demandada Mary José Gil Cortez, el accionante Marcel Roger Piana dedujo recurso de apelación.

La cámara, integrada por los vocales María Rosa Molina de Caminal, Rubén Atilio Remigio y Jorge Miguel Flores , consideró que se encontraban incontrovertidas cuestiones de fundamental importancia en el caso, a saber: que los pagarés objeto de cobro en el juicio ejecutivo tuvieron origen y fueron suscriptos y entregados en blanco por Piana a José Gil Cortez, padre de la demandada, en garantía de obligaciones asumidas como locatario de la relación contractual celebrada entre ambos.

Razón o motivo

Asimismo, la alzada indicó que no existió ninguna otra razón o motivo para el libramiento de tales pagarés, quedando en claro que la relación contractual del actor fue con el padre y no con su hija (demandada en el juicio de repetición) y que, si bien ésta dijo que era quien llevaba la administración de contrato y para el caso de ser necesaria la ejecución, la acción sería llevada adelante por ella, ninguna prueba se ha producido para acreditar este supuesto acuerdo ni la legitimación de la demandada para obrar en representación del locador en el juicio de ejecución.

De igual modo, el fallo señaló que, se encuentra reconocido el recibo de fecha 05/04/2010 por la suma de $1.200, que se aplicó al pago de impuestos y tasas de servicios pendientes de pago, respecto al contrato de locación conforme al acuerdo celebrado en el juicio de desalojo. Este recibo -como se infiere de su propia redacción- es posterior a la restitución del inmueble y conclusión de la locación dando cuenta que el pago se efectuó 125 días después.

A partir de este marco, los camaristas afirmaron que la finalidad del libramiento de los pagarés (el móvil inmediato e invariable); esto es, la razón por la cual se convino su instrumentación en blanco, fue garantizar el cumplimiento de cualquier obligación de Piana derivada del contrato de locación.

Obligación

Así las cosas, el tribunal observó que se alude a la prestación debida (móvil inmediato e invariable), en la que la causa de la obligación en los contratos onerosos la constituye la contraprestación respectiva. En este caso, según Mary Gil Cortez, la supuesta deuda que se reclama mediante el cobro de los documentos, es la que Piana nunca canceló (impuestos, tasas y servicios, que se comprometió a abonar).

La cámara tomó en cuenta la secuencia expuesta en el párrafo anterior, relativa a que el inmueble fue restituido el 30/11/2009 sin reserva alguna, que en ese acuerdo se abonaron los alquileres adeudados más los gastos causídicos y que luego, con fecha 05/04/2010 (cuatro meses después del acuerdo) se abonaron los impuestos y tasas pendientes del contrato de locación.

Ante ello, el tribunal cuestionó cuál sería entonces la obligación contractual pendiente que estaría garantizada con los pagarés ejecutados por Mary Gil Cortez, remarcando que este juicio posterior se dedujo porque los pagarés ejecutados carecían de causa al no existir ninguna prestación incumplida por Piana (lo mismo que invocó con la excepción planteada en el juicio ejecutivo).

Títulos

Asimismo, la alzada consideró que si la demandada ha reconocido que los títulos se otorgaron en blanco a favor del locador y que gestionaba la relación contractual locativa, además de demostrarse que el letrado otorgó recibo “por pago de impuestos y tasas de servicios pendientes de pagos” luego de concluida la relación locativa y con anterioridad a la interposición del juicio ejecutivo, es claro entonces que el llenado de esos títulos por la demandada para ejecutarlos personalmente -a sabiendas de todo ello- la convierte en una portadora de mala fe al haber incurrido en abuso de firma en blanco.

En función de lo expuesto en el fallo se resolvió que corresponde hacer lugar a la pretensión del actor a que se le devuelva lo que pudiera verse obligado a pagar sin causa en el juicio ejecutivo promovido en su contra por la demandada.