Responsabilizan a la Provincia por no actuar en un femicidio

El Alto Cuerpo confirmó lo resuelto en instancia de Cámara. En el caso, quien fue el esposo ultimó a su mujer y al hijos de ambos. Estiman que el Estado no tomó las previsiones para defenderlos [privado] En el marco de una acción entablada contra el Estado provincial, en la que se discutió su responsabilidad por no tomar la medidas necesarias ante las denuncias efectuadas por una mujer que terminó asesinada junto a su hijo a manos de quien fue su esposo y padre del menor, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) confirmó que estuvo correctamente denegado el recurso de casación presentado por la Provincia de Córdoba, validando lo resuelto por la Cámara a quo. El tribunal de alzada había entendido que, previo al acaecimiento de los crímenes, existió un cierto grado de previsibilidad de los hechos que el sistema estatal no debió ignorar, por lo que lo hizo parcialmente (50%) responsable por la omisión, por considerar que la conducta omisiva de la administración obró como elemento facilitador del lamentable suceso. En el caso se ventiló la demanda de responsabilidad civil dirigida con motivo del homicidio de María Belén Quiñones y de su hijo, en el marco de un caso de violencia familiar y de género, ante el reclamo de los padres de la mujer muerta. En primera instancia se rechazó la demanda en la inteligencia de que no existe un nexo causal adecuado entre el desenlace fatal y la presunta omisión atribuida al Estado, pues el doble homicidio sólo resultaba atribuible al agresor. La Cámara de Apelaciones, en tanto, revocó esa decisión y, en su lugar, condenó al Estado a resarcir 50% de los daños, por considerar que existió de parte de los organismos públicos intervinientes una falta de servicio que contribuyó causalmente en la materialización del doble homicidio, en el porcentaje indicado. Rechazada la concesión del recurso de casación, la Provincia presentó recurso directo. El fallo juzgó “suficientemente demostrada la existencia de múltiples denuncias ante distintos centros de atención, en las que la víctima no habría recibido las respuestas adecuadas y protectorias con arreglo a la previsibilidad de ocurrencia del resultado dañoso y a los parámetros que imponía la ley”. El Alto Cuerpo, integrado por los vocales María Marta Cáceres de Bollati –autora del voto-, Domingo Juan Sesin y María de las Mercedes Blanc Gerzicich de Arabel, validó las argumentaciones dadas por la Cámara a quo, destacando que la fundamentación dada como premisa citó la doctrina que, respecto de los presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado por falta de servicio, ha asumido la Corte Suprema en el precedente “Mosca” y en otros posteriores. A ello sumó que el Estado tiene el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer contemplado en el art. 7 de la Convención de Belém do Pará y en la ley nacional 24417; deber que –aclara- se encontraba vigente antes de que ocurriera el hecho (diciembre del año 2000), y en forma previa a la sanción de las leyes locales específicas. Desatención El Máximo Tribunal expuso que el a quo juzgó que, para resolver si correspondía o no responsabilizar al Estado, se debía indagar si la víctima fue desatendida por los órganos administrativos y judiciales competentes, y si esa desatención influyó en el desenlace fatal, para lo cual analizó los elementos de prueba incorporados al litigio, valorando las actuaciones penales, juzgando “suficientemente demostrada la existencia de múltiples denuncias ante distintos centros de atención, en las que la víctima no habría recibido las respuestas adecuadas y protectorias con arreglo a la previsibilidad de ocurrencia del resultado dañoso y a los parámetros que imponía la ley”. El TSJ remarcó que la Cámara a quo asignó fuerza probatoria dirimente a la declaración testimonial prestada por Marcelo Brito –fiscal General de la Provincia al momento en que ocurrieron los hechos-, destacando especialmente que -según el relato del funcionario mencionado- existió en el caso una “des-sincronización del actuar policial” y que las “fallas estructurales del sistema” incidieron en el proceso causal del hecho luctuoso. El Alto Cuerpo remarcó que, “a la luz de las consideraciones que vierte el mérito al ponderar el contenido de las denuncias formuladas por María Belén, la estrategia defensiva que sugiere que las víctimas habrían contribuido causalmente en el desenlace fatal no resulta, en modo alguno, idónea para revertir la solución asignada al caso, pues termina diluyéndose en la discrepancia con el juzgamiento de los hechos y con el criterio de valoración de la prueba propuestos por el tribunal de mérito”. Perspectiva de género El Alto Cuerpo estimó necesario formular algunas consideraciones en torno al dilema planteado y expuso que juzgar con perspectiva de género es el camino que permitirá lograr que las previsiones legislativas se concreten en respuestas judiciales justas, para todas aquellas personas que, de uno u otro modo, han sufrido este flagelo. El fallo agregó que el cumplimiento de este objetivo “no es exclusivo del ámbito penal; sino que involucra a todas las ramas del derecho y concierne a todos los operadores jurídicos. Y que desde el lugar que nos toque, estamos llamados a hacer nuestro aporte, por humilde que sea, para construir una sociedad libre de violencia”. Bajo esa mirada, infirió el TSJ que siendo que el presente pleito “ventila un lamentable caso de feminicidio intrafamiliar, resulta imperioso que tanto las partes como los funcionarios intervinientes sean muy cuidadosos en el estudio del caso, y eviten cargar a la víctima con adjetivaciones o imputaciones de tipo subjetivo, a título de culpa, desconociendo lo que genera esta clase de situaciones de violencia”. Asimismo, la decisión ponderó: “No podemos perder de vista que en estos casos el varón aparece generalmente ejerciendo todo su poder en relación a una mujer, a la que intimida y trata con violencia”, derivando que esa violencia, física o moral, “habitualmente la paraliza y le impide obrar de una manera diferente”, por lo que “culpabilizarla por no haberse defendido o no haber protegido a su niño trasunta una doble victimización de la mujer: por un lado, por la terrible situación que vive, y por el otro, a raíz de las acusaciones que la transforman en responsable de ello”. Patrones Por lo expuesto, los vocales entendieron: “Ese deber de modificar los patrones socioculturales de conducta nos alcanza a todos, pero compromete, en mayor medida, a quienes nos desempeñamos en los procesos judiciales. Remarcando que es necesario ser muy cuidadosos en el lenguaje, evitando formular especulaciones o presunciones estereotipadas”. En tal sentido, el Alto Cuerpo señaló que la denominada “Ley Micaela” dictada por el Congreso de la Nación en enero de 2019 (nº 27499, a la que la Provincia de Córdoba adhirió mediante ley 10628 en mayo del mismo año), establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Así, los jueces concluyeron que es “en cumplimiento de sus directivas que se formulan estas consideraciones”, que “no tienen por objeto sentar posición en orden a la declarada responsabilidad concurrente del Estado, sino sólo sumar un grano de arena en la tarea de evitar toda clase de discriminación y violencia”. Autos: “Quiñones, Renato Benito y Otro c/ Provincia de Córdoba – Recurso Directo (Rehace)” Expte. n.º 6006843 El fallo [/privado]

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