Sobreseen a personas imputadas de violar el aislamiento obligatorio

El tribunal concluyó que el ofrecimiento de depositar una suma de dinero en favor de un hospital y la promesa de futuro respeto a las normas vigentes por la pandemia justificaban la decisión [privado] El juez federal Sergio Pinto, a cargo del juzgado de ese fuero en Bell Ville, dispuso el sobreseimiento de 11 personas a quienes se adjudicaba haber violado el distanciamiento social, preventivo y obligatorio. El caso se originó a partir de corroborar que en un operativo policial concretado en una casa de campo conocida como “Caprichos”, ubicada en calle Los Cardenales de la ciudad mencionada se determinó que en el lugar se encontraban los sindicados festejando el cumpleaños de uno de ellos, Jorge Enrique Murúa, y que, tras una previa consulta judicial, se procedió a identificar a los concurrentes y a dar por finalizada la reunión. A raíz de este hecho, la fiscalía promovió acción penal en contra esas personas, a saber Jorge Enrique Murúa, Santiago Abel Verón, Omar Pretti, Bernardo Miguel Donamari, Juan José Quaglia, Pablo Ferrari, Juan Carlos Colura, Juan Pauletti, Daniel Monetto, Néstor Fabián Mansilla, Fernando Pablo Enrici y Gustavo Cristian Dalmaso. Según la acusación del Ministerio Público, el accionar verificado por parte de los nombrados habría contravenido tal medida sanitaria, así como los protocolos y disposiciones determinadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la Provincia de Córdoba, cuyo objeto es prevenir la propagación y circulación del virus en mención, durante la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” impuesto, concluyendo que la conducta de los imputados encuadraba en las previsiones del artículo 205 del Código Penal. Luego, los acusados comparecieron en forma espontánea y, mediante el abogado que designaron, solicitaron acuerdo de conciliación. Solicitud El magistrado actuante analizó dicha solicitud, efectuada en los términos del artículo 34 del nuevo Código Procesal Penal Federal, estimando la viabilidad formal del mismo, “en cuanto a modalidad de solución alternativa de conflicto y los alcances del instituto, y considerando precisamente en este orden de cosas, que el ofrecimiento realizado resulta justo y razonable, en concepto de reparación del posible daño”, ordenando las diligencias respectivas para concretar ese compromiso. “Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”. Para ello, los presentantes ofrecieron en concepto de reparación del daño causado por su proceder, depositar a favor de la Cooperadora del Hospital Regional “José Antonio Ceballos” de Bell Ville, la suma de $120.000, lo cual fue aceptado por el fiscal Federal interino. Entrando al análisis de la causa, el juez Pinto señaló que se hizo lugar a la solución del conflicto penal propuesta con base en lo normado por el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal y “no por aplicación del art. 34 del mismo cuerpo legal como se peticiona, ya que el Ministerio Público Fiscal carece de facultades para celebrar acuerdos conciliatorios”. El fallo recordó que el primer artículo dispone que para la solución de conflictos “los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”. Artículo El decisorio argumentó que el delito imputado encuadra en el artículo 205 del Código Penal, que comprende los delitos contra la salud pública, entendiéndose por ésta, “la salud de las personas consideradas en su faz colectiva o, en otros términos, la salud individual de cada uno de los integrantes de un grupo de personas lo suficientemente amplio para ser definido, al menos, como una colectividad”, agregando que dentro de ese concepto, “puede decirse que el bien jurídicamente protegido por el art. 205 del CP es la salud de las personas en relación con las epidemias que puedan afectarla”. Pinto aclaró con relación a la aplicación de las normas dirigidas a evitar la propagación de la pandemia mencionada, entre ellas, exigencias particulares para el ingreso, circulación, distanciamiento y control de cumplimiento. En esa dirección, el juez subrayó que para ello se crearon organismos provinciales, regionales y municipales, correspondiendo mencionar en el caso de la Provincia de Córdoba la creación mediante resolución Nº 311 del 24/03/2020 del COE, que está integrado por una Coordinación General y seis coordinaciones regionales (Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Jesús María, Villa Caeiro, Mina Clavero), cuyo fin apunta a “concretar la planificación, organización, dirección, coordinación y control de todas las acciones referidas a los eventos adversos relacionados con la pandemia de Coronavirus (covid-19)”. Sobre el particular, el magistrado consideró que “el COE de la Municipalidad de Bell entre otros, sería la institución legitimada para opinar respecto del daño causado, en primer lugar porque la conducta imputada”. Normativa Sin embargo, en función de aplicar la normativa jurídica procedente para “una pronta y pacífica solución del presente conflicto y evitando la aplicación de formalismos rigurosos que traerían aparejada la nulidad mencionada, y aun tras sostener lo dicho precedentemente”, el sentenciante apuntó que el artículo 34 del CPPF en el caso de marras, era de la opinión que el artículo 22 del CPPF “permite a los jueces y fiscales la búsqueda de una solución más adecuada y satisfactoria para el restablecimiento de la paz social frente al castigo establecido en la norma”. El juez evaluó que la entrega por parte de los imputados de la suma de $120.000 a la Cooperadora del Hospital Regional “José A. Ceballos” de Bell Ville, junto al compromiso de los mismos de respetar en adelante las medidas sanitarias ordenadas en el marco de la pandemia, “se presenta como una alternativa adecuada, razonable y satisfactoria para solucionar el conflicto frente al posible castigo de prisión establecido en el tipo penal aplicable”. Respecto del acuerdo concertado, el magistrado reflexionó que en vista de la emergencia sanitaria que padecen la mayoría de los centros de salud del país, entre los que se encuentra el hospital referido, el ingreso de dinero puede traducirse en ayuda y colaboración para con toda la sociedad. Paralelamente, Pinto estimó que dada la complicada situación laboral, personal o afectiva que muchas personas transitan en la actualidad, la pena de prisión para los acusados “podría resultar innecesaria”. El fallo [/privado]

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