Rechazan preparar la vía de ejecución de un préstamo electrónico

El mutuo que se pretendía cobrar había sido gestionado a través de la plataforma de la accionante, pero carecía de la firma digital de la deudora, por lo que se lo consideró no rubricado

La Sala 2ª de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro (Buenos Aires) rechazó la solicitud de la preparación de la vía ejecutiva de un préstamo gestionado electrónicamente, resaltando que el instrumento no estaba suscripto con firma digital por el deudor sino con firma electrónica, por lo que se trató de un "instrumento particular no firmado".

En autos “Afluenta SA c/ Celiz, María Marta s/cobro ejecutivo” el tribunal confirmó la sentencia de grado que rechazó la pretensión propuesta por la ejecutante como fiduciaria.

La demandante alegó haberle prestado a Celiz sumas de dinero mediante un mutuo que, según relató, habría sido suscripto con firma electrónica por la ejecutada en su plataforma accesible a través de Internet.

Como resultado de ello, el fideicomiso indicó que debía reconducirse el trámite hacia un proceso de conocimiento sumario, lo que mereció la interposición, en fecha 30/11/21, de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio por el mandatario de la firma actora.

La sentenciante de grado rechazó la solicitud, motivando la apelación de Afluenta SA, que alegó que la jueza a quo omitió considerar el requisito establecido por el artículo 5°, in fine, de la ley 25506, por el que la deudora debe primero desconocer su firma electrónica para, recién entonces, su representada tenga el deber de acreditar su validez en un proceso de conocimiento.

En ese orden, la recurrente sostuvo que el documento presentado en autos para su ejecución trata de un contrato de mutuo, celebrado a distancia y por medios electrónicos como autoriza el Código Civil y Comercial (art. 1105 y sstes.), cuya trazabilidad se encuentra debidamente almacenada, y, que, reúne los elementos que requiere el artículo 518 del CPCC para proceder ejecutivamente, luego de preparada la vía correspondiente (art. 521 inc 2° y art. 523 inc. 1°).

En instancia de apelación, los jueces Jorge Zunino y María Nuevo rechazaron el recurso incoado, señalando en primer lugar que la firma digital cuenta con la misma protección legal que la firma manuscrita, además de que permite presumir la autoría e integridad del documento digital.

Sin embargo, los magistrados hicieron la salvedad de que se reseñó una norma posterior como es el Código Civil y Comercial de la Nación, que estableció en su artículo 288, segundo párrafo, que “en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”.

Precepto

El tribunal apuntó que el precepto, aplicado al caso, “debe considerarse que el título base de la ejecución promovida, al no estar suscripto con firma digital por el deudor, sino con firma electrónica, integra la categoría de instrumento particular no firmado, respecto de los que no puede prepararse vía ejecutiva; no obstante claro está la validez jurídica y eficacia que pueda tener, cuya dilucidación no puede realizarse por el andarivel elegido”.

Para los jueces, “el título acompañado no integra la categoría de instrumento privado, que, por disposición de la ley, son aquellos instrumentos particulares que están firmados (...), siendo estos últimos, respecto de los cuales el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires permite preparar la vía ejecutiva mediante la citación al deudor para su reconocimiento (...)”.

En definitiva, en el fallo se concluyó que como en el caso “pretende prepararse la vía ejecutiva respecto de un mutuo suscripto, según se denuncia por la ejecutada por un medio electrónico, con firma electrónica, es claro que no puede considerarse que el instrumento ejecutado haya satisfecho el requisito de firma previsto en el Código sustancial aludido, y, que, por ende, sea un instrumento privado” y que para que ello ocurriera, “nos vemos forzados a concluir que debió contar, en rigor, con firma manuscrita o digital del deudor (...)”.