Rechazan disminuir honorarios en causa por desalojo

Al convalidar que la base regulatoria en un juicio de desalojo por falta de pagos es el valor total del precio locativo, sin importar que el locador haya realizado descuentos o bonificaciones por haber pagado meses en término, la Cámara 1ª Civil y Comercial de Córdoba rechazó la apelación de la demandada contra la regulación de honorarios al letrado del actor.

Asimismo, el fallo desestimó reducir esos estipendios, al entender que la entrega de llaves del inmueble, una vez ordenado el decreto para dictarse sentencia, no significó un allanamiento oportuno y que las etapas procesales que no se cumplieron por ser innecesarias, ya que la única prueba que podía presentar el demandado era el recibo de pago de los alquileres reclamados, lo cual no hizo.

El tribunal de grado hizo lugar al desalojo por falta de pago, transformando en definitiva la entrega provisoria de bien que le había sido efectuada al actor, a cuyo fin declaró resuelto el contrato de arrendamiento por culpa del demandado e impuso las costas al demandado regulando, en forma definitiva, los honorarios profesionales del letrado patrocinante del actor.

Párrafo

Al resolver, la alzada -integrada por los vocales Guillermo Tinti y Julio Sánchez Torres- tuvo presente que el primer párrafo del artículo 66 del Código Arancelario provincial prescribe que, en los juicios de desalojo de inmuebles rurales o urbanos, “ cualquiera fuere la causal invocada, se tomará como base a los fines de la regulación la totalidad del precio de la locación o arrendamiento por el plazo del contrato o el plazo mínimo legal que correspondiere, el que fuere mayor ”.

Así, se analizó que conforme la cláusula tercera del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, “ el monto mensual del canon locativo (...) que las partes hubieran pactado bonificaciones a producirse en los primeros tres semestres, toda vez que constituían un beneficio para el locatario que efectuaba el ‘pago en término’ de cada alquiler mensual ”.

La cámara entendió que “ el precio total de la locación (...) era uno solo, aunque (...) , conforme al desarrollo efectivo de la relación contractual, el locador pudiera cobrar una suma menor en virtud de las bonificaciones acordadas ”, por lo que rechazó este agravio.

Etapas

En cuanto a la reducción de honorarios por etapas cumplidas en el presente proceso y el allanamiento tácito del demandado, la alzada sostuvo que conforme a las constancias, “ el actor promovió demanda de desalojo por falta de pago en contra del demandado, ofreciendo la prueba de que iba a valerse ”.

El fallo relató que al contestar la demanda, el accionado opuso la excepción de defecto legal y, asimismo, ofreció prueba y solicitó el rechazo de la pretensión, y luego de evacuar el actor el traslado de aquella defensa, el tribunal a quo dispuso omitir el diligenciamiento de la prueba y ordenó “ autos a los fines de resolver en definitiva ” y con posterioridad, el demandado manifestó su intención de hacer entrega de las llaves del inmueble.

El tribunal valoró que si el acto de entregar las llaves pudiera ser reputado como un allanamiento tácito a la pretensión de desalojo, “ su eficacia jurídica -en este proceso- se circunscribió a producir la sustracción de la materia litigiosa, pero dado que ese sometimiento fue posterior al decreto que llamaba los autos para dictar sentencia, cuando ya ninguna actividad procesal incumbía desarrollar a las partes, mal puede alegarse la falta de alguna etapa ulterior (inexistente) para reducir la base regulatoria ”.

Además, la decisión valoró que el primer párrafo del artículo 757 del CPCC prescribe que cuando la demanda se funde en la falta de pago de alquileres, “ no se admitirá otra prueba para demostrar su pago que la confesión de parte o el recibo en que conste que fueron pagados ”, derivando que con arreglo a esta disposición, “ en este proceso de desalojo por falta de pago resultaba innecesario abrir la causa a prueba, pues el actor no había ofrecido como prueba los recibos de pago respectivos ”.

Aplicables

Asimismo, la cámara consideró que por resultar aplicables a este juicio las normas que regulan el proceso abreviado, “ tampoco debía correrse traslado a las partes para que alegaran sobre el mérito de la causa ”.

En consecuencia, los jueces sostuvieron que como las etapas probatoria y alegatoria resultaban “ innecesarias o formalmente improcedentes ” en este pleito, “ su falta impide efectuar reducción alguna en la base regulatoria, tal como lo prescribe el art. 45 del Código Arancelario, antes transcripto ”.

De allí, el tribunal entendió que el proceso “ se desarrolló en forma total y completa en la instancia predecesora, concluyendo allí con el dictado de la sentencia definitiva ”, por lo que se rechazó el recurso de apelación planteado, sin costas en virtud de la naturaleza arancelaria de las cuestiones sometidas a decisión.