Rechazan amparo de docente puesto en disponibilidad porque se reformuló el plan de estudios

Dictaba clases en la Escuela de Policía y, al suprimirse las asignaturas a su cargo, la Provincia dispuso encuadrarlo en esa situación. Para el tribunal, la decisión no fue arbitraria ni ilegal pues no lesionó ningún derecho del accionante

La Cámara 2ª Contencioso-administrativa de Córdoba declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta en contra de la Provincia por un docente de la Escuela de Policía de Córdoba, dejado en situación de disponibilidad al suprimirse las asignaturas que él impartía, con motivo de la reforma del plan de estudios de la institución.

El tribunal entendió que en el caso no se evidenció arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, actualidad o inminencia en la lesión del derecho, como tampoco la insuficiencia de otras vías paralelas que le permitan el pleno ejercicio de derecho de defensa al amparista.

La camarista María Inés Ortiz, al analizar el amparo presentado por R.E.A., evaluó si el acto impugnado por el actor era susceptible de lesionar un derecho subjetivo del que sea titular, que se haya incorporado como un derecho adquirido a su propiedad. Por ello examinó las normas que regulan la actividad docente y precisó el decreto-ley N° 214-E-63, que en su artículo 141, “Capítulo XXI de la Estabilidad”, establece: “Cuando por razones de cambio de planes de estudios o clausura de escuelas, cursos, divisiones, o secciones, sean suprimidas asignaturas o cargos docentes, los titulares tendrán derecho a permanecer en disponibilidad, con los términos que fija el artículo 142”.

El fallo reseñó de éste: “La disconformidad fundada en hechos comprobados otorga derechos al docente para permanecer en disponibilidad con goce de sueldo por el término de un año, cumplido el cual podrá permanecer en disponibilidad sin goce de sueldo hasta un año más. Al término de éste, si no acepta nuevo destino, se lo considerará cesante en el cargo. Durante estos períodos tendrá prioridad para ocupar las vacantes que se produzcan en el establecimiento de su conveniencia”.

Bajo esa normativa, la cámara señaló que el accionante no cuestionó la validez constitucional de las normas que en el régimen especial de la docencia regulan los alcances del derecho a la estabilidad del empleo docente, concluyendo que el voluntario sometimiento de los interesados a un régimen jurídico, sin reserva expresa, determina la improcedencia de su impugnación ulterior.

La magistrada evaluó que el accionante argumentó que, al reformarse el plan de estudio en cuestión, la asignatura Técnica Sumarial dejó de estar en la currícula de segundo año con esa denominación pero siguió dictándose en el tercer año, formando parte de una nueva materia denominada Legislación administrativa y técnica sumarial.

“Cosméticos”

Sobre ello, la decisión sostuvo que, a pesar de que R.E.A. considera que se trata de “cambios cosméticos”, tal apreciación no encuentra sustento real y objetivo en las constancias, en las que tal afirmación no ha sido especificada entre los argumentos sustentadores de la demanda y tampoco acreditado mediante la incorporación de los respectivos programas de las asignaturas.

Así, la alzada infirió que “se encuentra huérfana de prueba y de sustento real la afirmación (del accionante) según la cual esta modificación fue el instrumento utilizado para generar una supuesta situación de emergencia” y, en ese marco, la Regencia de Estudios la utilizó para afectar su derecho a la estabilidad docente.

En definitiva, el tribunal concluyó que el actor ha omitido demostrar de qué manera los contenidos curriculares de las asignaturas a su cargo y su comparación entre el viejo plan de estudios y el nuevo es igual o similar y traducen una arbitrariedad manifiesta.

En consecuencia, en el fallo se resolvió que, de acuerdo con las circunstancias descriptas y en el contexto de la normativa aplicable, no se encuentra acreditada una condición constitucional y legal de procedencia formal de la acción de amparo, cual es la existencia de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y, por consiguiente, declaró formalmente improcedente la presente acción.

Facultades

Finalmente, en la resolución se agregó que el dictado de normas de racionalización administrativa en las estructuras institucionales en materia educativa forma parte de las facultades de gobierno, quedando incluida la modificación de los planes de estudio y, por consiguiente, la eventual supresión de asignaturas o cargos docentes.

Finalmente, el fallo destacó que tampoco se evidencia el cumplimiento del requisito ineludible de la actualidad o inminencia de la lesión constitucional, toda vez que, conforme lo que surge del expediente, el amparista sigue percibiendo sus haberes en carácter de docente titular, y es ajeno a la materia propia de la acción de amparo todo lo relativo a las acciones por daños futuros, hipotéticos y conjeturales.