Recaudos para las cautelares contra el Estado nacional

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal recordó los recaudos exigidos por el artículo 5 de la ley 26854, referente a la vigencia temporal de las medidas cautelares frente al Estado [privado] En "Incidente de medida cautelar en autos ‘Tabacalera Sarandí SA c/EN - AFIP - DGI s/Proceso de conocimiento’", el Fisco nacional apeló la resolución que prorrogó por otros seis meses la vigencia de la medida cautelar dispuesta. El juez de grado fundó la segunda prórroga en el "adecuado impulso procesal del proceso principal" y tuvo en cuenta que dichas actuaciones habían sido solicitadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y se encontraban en sus estrados desde de diciembre de 2019. El recurrente cuestionó la falta de verificación de los recaudos exigidos por el artículo 5 de la ley 26854, especialmente, la omisión de tener en cuenta el "interés público comprometido en el mantenimiento de la medida precautoria". Asimismo, el Fisco resaltó la modificación de las circunstancias tenidas en cuenta oportunamente para el dictado de la medida en cuestión, toda vez que la actora se alió comercialmente con Imperial Tabacco, cuestión que "quitaba virtualidad —sostuvo— a uno de los recaudos fundamentales para la admisión de la cautelar, vinculado con la pequeña envergadura económica de la actora y su alegada incapacidad de hacer frente al pago del tributo en cuestión". Los jueces Jorge Morán, Marcelo Duffy y Rogelio Vincenti recordaron que, conforme el citado artículo, correspondía verificar si se modificó la afectación en el interés público o el perjuicio irreparable involucrado en la ejecución de los actos suspendidos y el adecuado impulso procesal desplegado con posterioridad a la última prórroga de cuatro meses. Sobre la modificación de las circunstancias tenidas en cuenta al momento de decretar la medida precautoria, la Sala consideró que no podían ser examinados porque se encontraban pendientes de tratamiento por el juez de grado. Correspondía verificar si se modificó la afectación en el interés público o el perjuicio irreparable involucrado en la ejecución de los actos suspendidos y el adecuado impulso procesal desplegado con posterioridad a la última prórroga de cuatro meses. En cuanto al segundo requisito a verificar, los camaristas observaron que en primera instancia se entendió que había mediado un adecuado impulso procesal, pero sin embargo se autorizó una prórroga por un plazo incluso mayor al atribuído por los camaristas al primer aplazamiento, sin explicar los motivos que justificaban dicho accionar. Se resaltó que la primer suspensión dispuesta por seis meses, fue reducida por la Sala interviniente a cuatro, con sustento en que "el incidente de medida cautelar no suspendía el curso del proceso principal, y por advertirse en la actuación del actor —al menos— cierta pasividad en el trámite de éste último". Cómputo Se planteó que desde el inicio del cómputo de la primera prórroga (21/08/2019), hasta la salida del expediente de la órbita del juzgado (22/10/2019), transcurrieron sólo dos meses útiles para el desarrollo de la causa, por lo que los jueces consideraron que correspondía tener en cuenta que el requerimiento del expediente principal por la Corte federal resultaba una circunstancia ajena al actor, razón por la cual correspondía extender el plazo de vigencia de la medida concedida, pero por cuatro meses. Así, se admitió parcialmente el recurso, modificando la resolución apelada y reduciendo la prórroga del plazo de la medida cautelar dispuesta en autos a cuatro meses. Descargá el fallo [/privado]

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