Ratifican que el perito de control no puede extraer ADN para determinar una filiación

Con distintos argumentos, los camaristas intervinientes refutaron la pretensión del demandado, subrayando que la tarea en cuestión recae sobre el Instituto de Medicina Forense de la Provincia

La Cámara 1ª de Familia de la ciudad de Córdoba ratificó la negativa de que un perito de control pueda extraer ADN, con el argumento de que este especialista puede presenciar las diligencias preliminares y formular las observaciones que estime pertinentes respecto de la prueba genética pero no está autorizado a intervenir en las conclusiones del experto o en las deliberaciones previas.

El tribunal, con primer voto de Rodolfo Alberto Ruarte, indicó que -en el marco de una acción de filiación entablada por J.E.C. en contra de F.C.R.- éste solicitó se libre oficio al Centro de Genética Forense para que se autorice al perito de control a retirar muestras genéticas de los involucrados en oportunidad de que se inicien las tareas periciales encomendadas a ese instituto, lo que fue rechazado por el a quo.

Artículo

El vocal apuntó en tal sentido que el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil y Comercial (CPCC) consagra en forma general cuáles son las resoluciones que son recurribles y establece que la apelación resulta procedente en contra de: 1) las sentencias; 2) los autos; 3) las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia, entendiendo que la providencia dictada por el grado no encuadra en ninguna de las causales previstas en el mencionado artículo.

Al respecto, Ruarte sostuvo que el decreto impugnado era inapelable, atento a no producir un gravamen irreparable, y destacó que ello debe entenderse cuando, por el dictado de una nueva resolución en el mismo juicio o en uno posterior, o por un nuevo procedimiento o recurso, no sea posible subsanar el perjuicio nacido de la resolución impugnada.

El camarista valoró que tal exigencia no se evidencia en el caso, atento a que el artículo 262, CPCC, permite a los peritos de control evaluar y criticar el dictamen del perito oficial, amén de efectuar impugnaciones conforme las reglas técnicas.

Por otro lado, señaló que el peritaje oficial está a cargo de organismos pertenecientes al Poder Judicial, por lo que, lejos de advertirse el riesgo en la manipulación que alega R., ello se traduce en una mayor garantía de imparcialidad, y el agravio debe ser rechazado.

Adhesión

A su turno, los vocales Graciela Melania Moreno de Ugarte y Fabián Eduardo Faraoni adhirieron a la solución brindada por Ruarte pero entendieron que lo dirimente para justificar no conceder la apelación es lo preceptuado por el artículo 198, CPCC, que establece que “la resolución que admita la apertura a prueba o el despacho de diligencias probatorias no será apelable”.

En esa dirección, apuntaron que, si bien contra el despacho de diligencias probatorias sólo procede el recurso de reposición, la ley proscribe la apelación en este supuesto, por lo que destacacaron que lo pretendido por el impugnante, fruto de una incorrecta interpretación del artículo 262, CPCC, relativo a la función del perito de control, no es el despacho de una prueba denegada sino la realización de su propia prueba pericial por su perito de control, lo que luce improcedente, infiriendo que tampoco puede la parte pretender que se extraigan muestras adicionales para que el perito de control efectúe su propio peritaje, en clara violación de lo dispuesto por el artículo 262, CPCC, y el régimen jurídico de la prueba pericial.

Así, el perito de control, asesor o consultor técnico de la parte que lo propuso debe presentar su informe de apoyo o discrepancia en forma fundada, del dictamen oficial, porque a eso se limita su tarea.

Por ello se advirtió de que no se trató del rechazo de un medio de prueba que admitiría el recurso de apelación sino del rechazo de una pretensión que contraría el régimen de la prueba pericial.

Suerte

De igual modo, Moreno Ugarte y Faraoni consideraron que no varía la suerte de lo resuelto la consideración que el impugnante efectúa en torno al ejercicio de su derecho de defensa porque éste se ejerce mediante el análisis que efectúe el asesor técnico de la parte, una vez producido el dictamen oficial.

Por lo demás, los vocales repararon en que el peritaje oficial a cargo del Instituto de Medicina Forense de Córdoba ofrece justamente garantía de imparcialidad.

Sin embargo, estos jueces disintieron en cuanto a la imposición de costas y ordenaron imponerlas al recurrente vencido, al argumentar que, si bien es cierto que la queja no requiere de sustanciación y que, por no haber intervención de otra parte, no puede hablarse de vencimiento, ello no significa que no haya costas: éstas se han devengado, tan es así que deben regularse honorarios por el trámite -de ser requerido-, los que deben ser soportados por el quejoso.