Ratifican obligación de proveer alimentos a hija mayor con discapacidad

El tribunal interviniente entendió que la obligación alimentaria surge de las normas civiles sobre responsabilidad en la solidaridad familiar [privado]

Al considerar la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentra la alimentada por su estado de salud, la Cámara 2ª de Familia de Córdoba rechazó el recurso de apelación interpuesto por quien tiene la obligación de pagar la cuota alimentaria y confirmó el aumento de ésta fijada en forma provisoria a favor de su hija, quien es mayor de edad y discapacitada.

Los jueces Roberto Julio Rossi, Graciela Melania Moreno de Ugarte y Fabián Eduardo Faraoni analizaron la objeción del apelante, centrada en que la cuota alimentaria provisoria fijada por la juez a quo -70% de un salario mínimo vital y móvil- le resulta excesiva y de pago imposible, por cuanto equivale casi a la totalidad de sus ingresos como jubilado autónomo.

El apelante también se agravió porque esa decisión se adoptó sin verificar sus posibilidades reales, ya que es un hombre de 75 años de edad, que padece enfermedades crónicas tales como diabetes e hipertensión arterial y no posee ni vivienda ni auto propio.

El tribunal señaló que la cuestión fue planteada y tratada procesalmente en la órbita de las medidas provisionales que puede adoptar el juez de familia, según lo preceptuado por el artículo 544 del Código Civil y Comercial (CCyC) y 73 de la ley 10305 (Código de Procedimiento de Familia), remarcando que son caracteres propios de este tipo de medidas su mutabilidad, ya que se trata de resoluciones interinas que mantienen su vigencia en tanto subsistan las circunstancias que motivaron su dictado.

El fallo destacó que de las constancias de la causa surge que M. C. es mayor de edad, padece retraso mental profundo, patología que se estima irreversible, definitiva y permanente, habiéndose declarado su "incapacidad por insania" y designado a su progenitora como curadora.

Base legal

De ello la cámara derivó que el deber alimentario del padre hacia ella constituye una obligación civil de base legal, que encuentra su fundamento en los deberes emergentes del parentesco y en el principio de solidaridad familiar.

La cámara sostuvo que se han verificado los requisitos para la procedencia de la medida previsional en tanto la verosimilitud del derecho surge del vínculo entre la joven y el accionado; mientras que el peligro en la demora está configurado no sólo por la naturaleza asistencial de la mesada alimentaria sino también por la magnitud de la afección a la salud que padece la alimentada, de carácter irreversible según el estado actual de la ciencia, y con importantes repercusiones en el plano patrimonial, lo que la coloca en una especial situación de vulnerabilidad que debe ser atendida de forma inmediata y eficientemente.

La decisión remarcó que el carácter cautelar de la medida cuestionada, “posibilita que la determinación del quantum de la prestación alimentaria, se ciña a una estimación provisoria del importe necesario que prioritariamente deba destinarse para satisfacer las necesidades de la alimentada, que en el caso es una persona con discapacidad que no puede procurarse su propio sustento”.

Obligado

El tribunal compartió lo expresado por la asesora interviniente, en orden al deber que pesa sobre el progenitor obligado a esforzarse para brindar todo cuanto esté a su alcance para con una persona afectada por una grave e irreversible patología, “que la ayude no sólo a cubrir sus básicas necesidades que demandan permanentes cuidados personales y tratamientos profesionales, sino también para que tenga a su alcance la posibilidad de contar con medios para poder darle el mejor tratamiento, los auxilios técnicos y hasta el mayor confort posible”.

En suma, en el fallo se resolvió que los agravios no rebatieron los fundamentos dados en primera instancia y que la resolución se ajusta a los principios y derechos consagrados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (ey Nº 26378), la ley Nº 22431 y sus modificatorias (Sistema de Protección Integral de los Discapacitados) y la Ley 26657 (Salud Mental).