Quiebra: ejecutan una vivienda unifamiliar, pero buscando una solución para sus residentes

Si bien el tribunal de alzada ratificó lo resuelto por el juez de grado, exhortó a que se hagan gestiones ante las autoridades para hallar una respuesta habitacional transitoria para el fallido, su cónyuge y su hijo

La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial pidió encontrar una solución habitacional transitoria para que el fallido y su familia no queden en situación de calle, en el marco de una quiebra, donde el juez de primera instancia autorizó la ejecución de la vivienda unifamiliar del fallido.

En autos “T., V. V. s/Quiebra” el tribunal a quo había rechazado las oposiciones de éste y de su cónyuge, al considerar que se trataba de una de las excepciones que prevé el artículo 456, in fine, del Código Civil y Comercial (CCyC), por cuanto la vivienda en cuestión fue adquirida con un préstamo dinerario que tenía como garantía hipotecaria el inmueble mismo, en favor del mutuante (en primer grado de privilegio), y que en la escritura constaba el asentimiento conyugal en los términos del artículo 457 CCyC, por lo que estaba justificada la pretensión del banco de ejecutar el inmueble para el cobro de su crédito.

En esa dirección, el magistrado de grado concluyó que “no regía la prohibición de ejecutar la vivienda familiar por deudas posteriores a la celebración del matrimonio” y que además no se cuestionó por las vías procesales idóneas por lo también operó la cosa juzgada material del decisorio, contra el cual apelaron el fallido y la Defensora Pública de Menores e Incapaces.

El primero se agravió de que no se tuviera en cuenta de que se trataba de una vivienda unifamiliar (donde además vivía con su esposo y su hijo menor de edad) y que las deudas contraídas con acreedores verificados fueron sin el asentimiento de la cónyuge, por lo que el bien era inejecutable, y que la escritura analizada no era aplicable a este caso, por tratarse de otra deuda distinta la verificada en el proceso (esta sin consentimiento conyugal), siendo que el préstamo hipotecario estaba siendo pagado por su cónyuge en tiempo y forma.

En instancia de cámara, los magistrados Héctor Osvaldo Chomer, María Elsa Uzal y Alfredo Kölliker Frers rechazaron los recursos interpuestos y confirmaron la resolución.

Explicaron que asistía razón al fallido respecto de que la conformidad prestada por el cónyuge en relación al crédito referido no resultaba vinculante en la quiebra, pues se trataba de una acreencia que no fue insinuada en el proceso y no formaba parte del pasivo, siendo inoponibles los términos de la escritura hipotecaria, no correspondiendo tampoco extender la conformidad al resto de acreencias verificadas.

Informes

Por otro lado, aclararon que el proceso se inició en 2017 y que de los informes se extraía que la totalidad de los créditos verificados tuvieron origen entre 2010 y julio de 2015, mientras que el CCyC entró en vigencia el 1 de agosto de 2015.

En virtud de ello, y haciendo un análisis de los artículo 2 y 3 del viejo Código Civil y 5 y 7 CCyC, concluyeron en que “la aplicación de las nuevas modificaciones que pudiera haber introducido el Código Civil y Comercial de la Nación en la materia, no resultan de aplicación”, sino “se vería afectado el principio de irretroactividad de las leyes consagrado por el artículo 7 del mismo cuerpo legal” y por ende “el artículo 456 CCyC no resulta procedente”, ya que “dicha disposición no se encontraba vigente al tiempo en que fueron contraídas la mayor parte de las obligaciones verificadas en autos, oportunidad en que el inmueble formaba parte del patrimonio de la deudora y, por ello, constituía garantía del cumplimiento de tales deudas”.

La alzada sumó a lo expuesto que “el inmueble en cuestión tampoco se encontraba sujeto al régimen de bien de familia contemplado anteriormente en la ley 14394, régimen tuitivo específico de la vivienda familiar vigente al tiempo se los hechos” por lo que resolvieron que era factible la ejecución.

Aclaración

Asimismo aclaraó que por el hecho de que resida el hijo menor de edad de la fallida en el lugar, “no corresponde desvirtuar los efectos propios del procedimiento liquidativo”, ya que si bien “no cabe desentenderse aquí de la suerte de éste”, no corresponde en equidad “concebir que la sindicatura y los acreedores de la fallida, tengan el deber -mediante la postergación sine die de la realización del inmueble- de proporcionarle al hijo de la deudora el amparo que, fundamentalmente, incumbe prestar a su padres y/o familia y, sólo en su defecto, a los organismos sociales pertinentes”.

En definitiva, se ordenó que, frente a la subasta y posible desalojo del inmueble, se realicen las gestiones necesarias ante los organismos nacionales o del gobierno porteño para encontrar una solución habitacional transitoria para que la fallida y su hijo no queden en situación de calle, si su familia no pudiere proveerles la asistencia necesaria e indispensable.