ESCUCHARUna iniciativa que promovió la administración de Mauricio Macri no avanzó en el Congreso, al igual que otras. Ahora, la CC impulsa una propuesta que toma pautas de textos anteriores
Hace seis años, en mayo de 2016, la diputada nacional de Córdoba, Carla Carrizo (UCR-Cambiemos), presentó un proyecto de ley de reglas para garantizar la publicidad y transparencia de la gestión de intereses, acción conocida como lobby.
La dirigente oriunda de Quilino expuso que en el país se hablaba “mucho del círculo rojo” pero “poco del círculo gris”, y planteó que, en nombre de la sociedad, los grupos de interés actúan “como verdaderos partidos políticos” aunque sin los controles que pesan sobre éstos.
En esa línea, sostuvo que “en las democracias que funcionan bien” su influencia está regulada, porque un gran porcentaje de corrupción se asocia a su accionar. “Hasta hoy en Argentina ese poder real es invisible y desleal. Para ello proponemos regular el derecho lícito de peticionar, establecido en la Constitución Nacional, de manera tal que las actividades de gestión de intereses no creen un republicanismo corporativo”, precisó.
Bajo esa premisa, propuso regular el «lobbysmo» mediante el registro de las audiencias y la creación de una base de datos pública de gestores de intereses, estimando que se trataba de pasos “ineludibles” para “la construcción de una democracia transparente e igualitaria”.
El proyecto no se trató pero al año siguiente, en marzo de 2017, ingresó a Diputados otro proyecto de ley tendiente a legislar la gestión de intereses ante los diferentes organismos del Estado nacional.
La iniciativa del gobierno del entonces presidente Mauricio Macri tenía como objetivo promover mecanismos que fomentaran una mayor transparencia en la relación público-privada y mejorar el control de la ciudadanía sobre la actividad de los funcionarios.
Establecía la obligatoriedad de éstos, de los tres poderes, de llevar un registro público de sus audiencias citando nombre, cargo de los visitantes y los temas que se trataron.
Acceso a la información
Tenía como antecedente el decreto 1172/03, que entre otras cosas regula el acceso a la información pública en general y se aplica a los organismos que funcionan bajo la órbita del Poder Ejecutivo de la Nación.
La iniciativa buscó ampliar el campo de acción en la materia.
Preveía controles y estándares de transparencia y un mecanismo de circulación y examen de antecedentes por el cual los agentes gubernamentales de cualquiera de los tres poderes y los ciudadanos en general tendrían acceso a información relevante y necesaria, para integrarlos en el proceso de toma de decisiones gubernamentales.
Gestión de intereses
Definía la gestión de intereses como “toda actividad destinada a influir sobre el proceso de toma de decisiones de quien ejerce una función pública” a favor de “un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o incidental”.
Excluía las audiencias solicitadas por funcionarios públicos o por diplomáticos de Estados extranjeros en ejercicio de sus funciones oficiales, las pedidas por asuntos privados (excepto que involucraran intereses económicos de importancia tal que pudieran resultar de interés público) y las entrevistas laborales y las de solicitud de asesoramiento.
En tanto, incorporaba el concepto de igualdad de trato, es decir, la obligación de los funcionarios de atender a los pedidos de audiencia de todos aquellos actores que lo solicitaran relativos a un mismo asunto.
Como autoridad de aplicación establecía la misma de la información pública y estipulaba que las sanciones previstas para funcionarios y empleados tendrían relación con la normativa vigente en materia de responsabilidad disciplinaria, administrativa, civil o penal.
Las comisiones de Diputados no lograron avanzar con el texto pero en 2018 las del Senado emitieron un dictamen sobre una propuesta de Miguel Angel Pichetto, con varias modificaciones.
Remunerada
El proyecto sobre Gestión de Intereses y Regulación de Lobby diferenciaba la actividad del lobby respecto a la gestión de intereses porque consideraba que la primera es renumerada y la segunda, no.
También incorporó al Poder Judicial como sujeto obligado, con salvedades.
Contempló como actos excluidos, entre otros, las acciones realizadas por un funcionario público “en un contexto de vinculación informal con los ciudadanos”; las concretadas en el marco de un proceso o de una investigación judicial y las auditorías de los organismos de control.
Agregó que los lobistas deberían informarles a sus clientes o representados sobre las obligaciones a las que quedaban sujetos en virtud de la norma.
Respecto a los funcionarios obligados a registrar audiencias, incluyó a jueces, secretarios y consejeros de la magistratura y a los titulares del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de los ministerios públicos de la Defensa y Fiscal de la Nación.
El dictamen fue alcanzado luego de reuniones celebradas entre senadores y asesores y estuvo a punto de ser incluido en el temario del recinto.
Edenor
Ahora, luego de que la Justicia cerró la causa que investigaba la compra de Edenor por no hallar irregularidades, la Coalición Cívica (CC) presentó otra iniciativa sobre lobby (o “cabildeo”, como es conocido en otros países).
Lo anunció el diputado nacional y jefe del bloque del partido, Juan Manuel López, quien declaró que “en Comodoro Py no sólo tuvo suerte” Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como la “ruta del dinero K” (en referencia al pedido de sobreseimiento de la Vicepresidente efectuado por el fiscal Marijuan, por ausencia de delito) sino también “los que facilitaron la conveniente compra de Edenor”.
Tráfico de influencias
“Tráfico de influencias y abuso de información privilegiada son difíciles de probar pero abundan en Argentina”, juzgó, y aseveró que como el cabildeo no está legislado, “es un problema más” a la hora de prevenir delitos que suceden en los tres poderes.
Según López, la transparencia en la gestión de intereses ayuda al desarrollo, al igual que una ley de ética pública moderna.
Bajo esa premisa, afirmó: “Queremos una justicia transparente, una administración desburocratizada y sin prebendas y un Congreso que trabaje regulando, entre otras cosas, el lobby escandaloso que muchas veces se convierte en delito”.
Precisó que el proyecto considera también el tenor del decreto 1172/2003, la única manda que a la fecha regula las audiencias de gestión de intereses, y las distintas iniciativas con estado parlamentario en la Cámara Baja.
El texto de la CC consigna que hace casi 20 años se comenzó a regular la gestión de intereses sólo para el ámbito del Ejecutivo y limitado al registro de audiencias.
Con ello en mira, legisla íntegramente la gestión de intereses; la actividad de los gestores de intereses; las audiencias de gestión de intereses y su registro; las autoridades de aplicación y las sanciones y prohibiciones.
Con relación a la gestión de intereses, hace una definición amplia que incluye los tres poderes de la República y toda otra esfera del Estado, abarcando cualquier tipo de evento en el que se pretenda influir legalmente sobre la voluntad estatal.
Con los gestores de intereses también se adopta una definición abarcativa y estipula que la dedicación habitual o la remuneración son indiferentes. Así, reza que toda persona humana o jurídica puede serlo y debe registrarse, si lo hace.
Aclara que no pueden ser gestores quienes estén obligados por su cargo a registrar sus propias audiencias y prevé una prohibición temporal de un año para personas que ocuparon una función por la que estaban obligados a hacerlo.
En línea con la ley de Ética Pública, entiende que, luego de cumplir una función de relevancia en la esfera pública, un individuo no puede gestionar inmediatamente intereses privados, salvo que sean colectivos o difusos o no tengan relación con la tarea funcional.
“Resulta evidente que, por ejemplo, alguien que trabajó en materia de educación, pueda luego hacer gestión de intereses para mejora de la educación pública o, por el contrario, alguien que trabajó, por ejemplo, en materia de energía, pueda hacer gestiones de intereses en materia de educación, sin que opere la extensión de la prohibición por un año más”, clarifica sobre el tema.
La iniciativa subraya que lo que trata de evitar es que se utilice la situación de poder para el beneficio de la persona que lo tiene.
Respecto de las audiencias de gestión de intereses, pretende que queden consignados la mayor cantidad de datos posibles.
