Por falta de información suficiente, restan fuerza ejecutiva a pagaré de consumo

El juez integró el documento con las facturas que originaron la deuda y observó deficiencias en los datos que deben consignarse para que el consumidor pueda conocer la operación que está realizando

Al rechazar la ejecución de un pagaré de consumo por compras de electrodomésticos, el Juzgado Civil y Comercial de 40ª Nominación de Córdoba advirtió que no surgía de los títulos y facturas acompañados que se hayan consignado todos los requisitos que prescribe el artículos 36 de la Ley de Defensa de Consumidor (LDC), como tasa de interés aplicable a la operación, el costo financiero total, el sistema de amortización de intereses, entre otros.

Bazar Avenida SA promovió demanda ejecutiva en contra de Viviana Andrea Spitale por $48.361,70, saldo impago de cuatro pagarés a la vista, con cláusula “sin protesto”.

La demandada opuso excepción de inhabilidad de título y de pago, poniendo de relieve que la relación es una típica relación de consumo y adujo que el pagaré resulta un instrumento inhábil, inidóneo y nulo para su ejecución por desnaturalizar el orden jurídico cambiario y por no contener los requisitos antes mencionados. En su contestación de la demanda negó la deuda, señalando que el importe referido no se condice con el monto de las operatorias celebradas, alegando finalmente que el crédito reclamado fue cancelado o, en todo caso, jamás fue informada en forma real y efectiva de cómo la demandada imputaba los pagos que se le ingresaran.

Al resolver, el juez Alberto Julio Mayda indicó que no puede ser soslayado lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia en “Yunnissi, Carlos c/ Abrego, Natalia Soledad - Ejecutivo por Cobro de Cheques, Letras o Pagarés”, en el que se reconoce como fenómeno jurídico no regulado el llamado “pagaré de consumo”, que reseña las posturas doctrinarias y jurisprudenciales existentes con relación a su abordaje en el marco de procesos ejecutivos, como el que aquí nos ocupa, cuando se pretende la ejecución de un pagaré de consumo que no cumplimenta acabadamente los recaudos prescriptos por el artículo 36, ley 24240 y modificatorias.

Al respecto, el magistrado apuntó que el TSJ adscribe a una postura intermedia, a la que designa como “tesis de la integración del título”, la cual, en términos generales, implicaría reconocer que el pagaré de consumo puede integrarse con documentación adicional relativa al negocio causal, dentro del mismo juicio ejecutivo, conformando un título complejo que deberá contener información clara y veraz y, además, cumplir con los requisitos previstos en el artículo 36, ley 24240 para las operaciones de financiación o crédito para el consumo.

En consecuencia, el fallo indicó que el examen respecto de su habilidad del título, referido en el considerando precedente, no se limita al cumplimiento de las formalidades contenidas en la legislación cambiaria sino que también debe efectuarse su cotejo con lo ordenado por la normativa consumeril.

Evaluación

De ese modo, se evaluó que las facturas acompañadas pasan a integrar, conjuntamente con los pagarés oportunamente agregados, un título ejecutivo complejo, a los fines de analizar si la operatoria cumple con los requisitos impuestos por el art. 36 de la normativa consumeril.

El juez remarcó que en el caso no se está efectuando de oficio un análisis de la causa de la obligación sino que es la misma consumidora quien realiza el cuestionamiento sobre las condiciones financieras de la operatoria que dio origen a los pagarés base de la presente acción, y el incumplimiento de requisitos legales en su perjuicio.

Por lo cual el magistrado examinó que de las constancias de autos se observa que, tanto los documentos instrumentados como las facturas acompañadas, no reúnen todos los requisitos imperativos de la LDC.

De lo expuesto, se concluyó que los documentos no son hábiles o eficaces para sustentar autónomamente un proceso de ejecución, en tanto no se aleguen las circunstancias causales de esa relación de consumo o se acompañen los demás documentos, de donde surjan cumplidos todos los recaudos omitidos en aquel pero mencionados en la normativa.

Detalle

Asimismo, Mayda observó que el monto total de los pagarés asciende a $50.569,11, mientras que se reclaman $48.361,70, denunciándose pagos parciales sin aportar información al respecto, no pudiéndose corroborar si estos se imputaron correctamente. También advirtió que los documentos tienen incluidos las sumas dispuestas en concepto de recargo por financiación, por lo que si se ordenara la ejecución y se computaran intereses desde la mora, se estaría admitiendo la aplicación de intereses sobre un capital que ya los contiene, lo cual se torna abusivo para el consumidor, configurando un anatocismo.

De lo expuesto, advirtió que no surge de los títulos y facturas acompañados que se hayan consignado todos los requisitos que prescribe el art. 36 de la LDC, y que tal circunstancia, impidió entonces que se conozca con claridad la tasa de interés aplicable a la operación de crédito para el consumo, el costo financiero total, el sistema de amortización de intereses y demás requisitos que la ley impone al proveedor como deber de información.