ESCUCHARDespués de la denegatoria del pedido de acceso a la información pública que promovió en julio del año pasado, la ONG Poder Ciudadano presentó un amparo para que el Ministerio de Salud de la Nación haga públicos los contratos de compra de vacunas contra el covid-19.
En esa oportunidad, el grupo le reclamó a la cartera sanitaria que le entregara copias de todos los acuerdos y/o contratos suscriptos por Argentina con los distintos proveedores, laboratorios y/o empresas farmacéuticas, que tuvieran por objeto la compra de dosis.
En septiembre, la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud negó el acceso a los documentos, alegando encontrarse amparados en posibilidad de incluir cláusulas de confidencialidad conforme a lo dispuesto en la ley 27573/20 (de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el covid-19 ).
Según la ONG Poder Ciudadano, la denegatoria a brindar la información solicitada constituye un acto administrativo arbitrario e irrazonable, en tanto supone una interpretación abiertamente errónea de toda la normativa constitucional, internacional y nacional en la que se sustenta el derecho humano de acceso a la información pública.
Citó que cierta información sobre los contratos ya estaba disponible en portales web oficiales y afirmó que, ante la existencia de diversos intereses en juego, debían primar aquellos relativos al derecho a la salud colectiva y a la vida de todos los habitantes de la Nación.
En consecuencia, Poder Ciudadano presentó una acción de amparo ante el fuero Contencioso-administrativo Federal solicitando que se le ordene al Ministerio de Salud que facilite la documentación.
“La denegatoria a brindar la información solicitada constituye un acto administrativo arbitrario e irrazonable, en tanto supone una interpretación abiertamente errónea de toda la normativa constitucional, internacional y nacional en la que se sustenta el derecho humano de acceso a la información pública”, alegó.
Asimismo, destacó que la celebración de contratos con cláusulas confidenciales no implica que lo acordado sea secreto en su totalidad.
“La publicidad de los actos de gobierno es un principio elemental de las sociedades democráticas como la nuestra, que no debe ceder aún en situaciones de emergencia”, resaltó la ONG.
Por el momento no hubo avances significativos en el proceso judicial. El 1 de diciembre pasado, la fiscalía dictaminó la competencia del tribunal en la causa y habilitó la instancia judicial. En consecuencia, se corrió traslado a la demandada. Poder Ciudadano anunció que espera una decisión favorable de las autoridades judiciales; ello así, porque la información relativa a los contratos y acuerdos de compras de vacunas celebrados por el Estado posee carácter público.
