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Piden un plan de emergencia para contener el Covid-19 en las cárceles

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La Procuración Penitenciaria recomendó que se conforme una mesa interministerial y que el Ministerio de Salud sea el encargado de la vigilancia epidemiológica y de garantizar atención a la salud de la población privada de libertad. El Gobierno confirmó que avanza en la construcción de unidades sanitarias carcelarias

 

La información reciente sobre la existencia de personas infectadas con Covid-19 en las cárceles federales -cuatro detenidos con diagnóstico confirmado y algunos agentes penitenciarios del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires- es indicativa de la irrupción del virus en las prisiones. 

En este contexto, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) efectuó una serie de recomendaciones a los ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos relativas a las políticas sanitarias que deben llevarse adelante.

En las unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la sobrepoblación y el hacinamiento impiden sostener prácticas de distanciamiento social, a lo que se suman los serios problemas de condiciones materiales de detención (falta de ventilación, limpieza y salubridad en las instalaciones), lo que hace factible una rápida propagación de la epidemia.

En este contexto, la PPN propuso fortalecer el rol de la cartera sanitaria en la gestión de la salud en el encierro, recomendando que sea ese ministerio el que esté a cargo del control de las medidas de prevención, de vigilancia epidemiológica y de garantía de la atención a la salud de la población privada de libertad. Asimismo,  sugirió que se conforme un comité de coordinación interministerial que pueda tomar decisiones acerca de derivaciones hospitalarias, suministro de insumos a las áreas médicas del SPF, control de la epidemia dentro de prisión, recolección y transmisión de datos confiables, monitoreo de recursos disponibles en cuanto a profesionales de la salud, insumos y equipos de protección.

Por otro lado, la PPN recomendó el diseño de un plan de emergencia que parta de los recursos e insumos disponibles en el SPF para afrontar un eventual brote de Covid-19 en las cárceles. Además, exhortó a que se adopten protocolos de actuación detallados que disminuyan los márgenes de improvisación de los agentes penitenciarios ante casos de detección de personas infectadas.

En tercer lugar, se sugirió efectuar una inspección sanitaria en la cárcel de Devoto a fin de disponer las medidas necesarias para que en su interior se cumpla el distanciamiento social obligatorio para contener un posible contagio masivo del Covid-19.

 

Contención

Preocupados por la situación, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, confirmó que el Gobierno avanzará en la construcción de «16 unidades sanitarias carcelarias», que permitirán contar con 750 plazas para asistir a personas afectadas por el coronavirus, al tiempo que confirmó que «la semana que viene estarán instalados todos los hospitales modulares” anunciados por el Gobierno.

“Las cárceles son un foco de preocupación por la dificultad que tienen para garantizar el distanciamiento social», razón por la que construirán «16 unidades carcelarias y 6 centros de aislamiento para asistir a personas afectadas por coronavirus», aseguró el ministro en diálogo con una radio porteña.

Aunque no especificó los lugares del país donde serán construidas esas unidades, anticipó que el trabajo se realizará en conjunto entre el ministerio que conduce, la cartera de Justicia y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

«Ésta es una respuesta de un Estado que está preocupado por la salud de quienes están privados de la libertad. Nos preocupan las condiciones de hacinamiento que generan riesgos en todos esos lugares», aseveró Katopodis.

Revuelta

Al menos dos empleados penitenciarios resultaron heridos ayer en el marco de una protesta que realizaban presos de la Unidad Penal número 1 de Corrientes, a raíz de la confirmación de 23 casos de coronavirus en el interior del establecimiento.

Todo se inició cuando un interno subió a una de las torres del penal y reclamó hablar con funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial.

El detenido reclamaba hisopados para todos los internos, que se prohibiera el ingreso y egreso de todas las personas del penal y que se agilizaran los trámites judiciales.

Al mismo tiempo, un grupo de internos intentó tomar la guardia. 

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