La diputada nacional Jimena Latorre (UCR-JxC, Mendoza) presentó un proyecto de resolución para pedir que se citen al Congreso a la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón; al interventor del Ente Nacional Regulador Gas (Enargas), Osvaldo Felipe Pitrau, y al presidente de Integración Energética Argentina SA (IEASA), Agustín Gerez. El proyecto incluye la solicitud de informes respecto a la obra del gasoducto Néstor Kirchner, la intervención del Enargas e información respecto a las exportaciones de gas.
En los fundamentos de su iniciativa, Latorre expuso que hay “incertidumbre” relativa a la construcción, puesta en marcha y operación del gasoducto, obra que, según consignó, “no solo es relevante para garantizar la seguridad de abastecimiento de gas en el próximo invierno sino también porque permitirá reducir el costo de importación de energía y, por ende, la demanda de dólares en el marco de la creciente incertidumbre macroeconómica”.
Por ello, la mendocina solicitó que se le informe sobre el avance de los trabajos respecto al cronograma original y cuál es la fecha de finalización estimada.
En esa línea, consultó si existen retrasos en la ejecución y pidió que, de ser así, se divulgue la fecha de puesta en operaciones y habilitación técnica del gasoducto por las autoridades competentes.
Respecto a la intervención del Enargas, Latorre señaló que “la discrecionalidad de las intervenciones y las anomalías regulatorias” desvirtúan las funciones propias de los entes y crean “un ambiente de incertidumbre adverso a cualquier proceso de inversión” que, a su juicio, “solo parece encontrar explicación” en la decisión del Gobierno de “implementar una política tarifaria que ha mostrado resultados ruinosos” para los usuarios y para el Estado argentino.
Por ello, reclamó que se expliquen los motivos de la continuidad de la intervención del Enargas, luego de más de tres años de gestión de la actual administración nacional, y cuánto tiempo más es necesario para conformar un directorio integrado por profesionales seleccionados por concurso de antecedentes técnicos, tal como establece la ley 24076.
La diputada también consultó sobre cuáles son los resultados de las actuales intervenciones y cuál ha sido el beneficio para la ciudadanía y para la prestación de los servicios públicos involucrados mantener el estado de excepción vigente.
