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Penalistas de universidades advierten sobre violación de «garantías más elementales»

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La Asociación Argentina de Profesoras y Profesores de Derecho Penal (AAPDP) exhortó este miércoles a rechazar «la criminalización de la protesta social y el menoscabo de las garantías penales y procesales más elementales» y reclamó «la irrestricta vigencia» de las normas internacionales y constitucionales que refieren al ejercicio de «los derechos de reunión y de libertad de expresión, y de peticionar a las autoridades».

La AAPDP se manifestó de esa manera ante la puesta en vigencia del protocolo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por la manifestación que organizaciones sociales y de izquierda realizaron a Plaza de Mayo, conocida como normativa «antipiquete».

La institución, además, rememoró las declaraciones del Papa Francisco en una misiva donde -dijeron- «exhortó a todos los juristas a contrarrestar la irracionalidad punitiva manifestada en la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta social y el menoscabo de las garantías penales y procesales más elementales».

La entidad bregó en un comunicado por «la irrestricta vigencia de normas de la superior jerarquía internacional y constitucional vinculadas al ejercicio de los derechos de libertad de reunión y de libertad de expresión y de peticionar a las autoridades».

Justificó que esos derechos se encuentran consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional (CN), el artículo 15 y 13 de Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el artículo 21 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP).

También exigió «su inmediata eficacia en la inteligencia y aplicación del Código Penal».

Recientemente, al cumplirse 40 años del retorno de la democracia tras la dictadura de 1976-83, la AAPDP sostuvo que «la recuperación de las instituciones democráticas también llegó junto al fortalecimiento de la enseñanza libre y la expansión del acceso de la ciudadanía a las aulas de nuestras universidades como a los centros de investigación científica estatal».

«Estos núcleos cardinales de la reconstrucción democrática de nuestro país no admiten ningún paso atrás», aseveró.

La Asociación Argentina de Profesoras/es de Derecho Penal fue creada el 28 de septiembre de 2001 en la ciudad de Santa Fe agrupa a las profesoras y profesores de Derecho Penal de todo el país.

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