Para hacer cesar violencia económica, conceden a una mujer rodado en disputa

El hombre alegó que no pudo dar su versión de los hechos ni refutar las manifestaciones de la actora, pero el sentenciante ratificó el decisorio que admitió el reclamo, con carácter de medida preventiva urgente

Con el fin de evitar “la repetición de una situación de violencia de género de tipo económica”, el titular del Juzgado Comunitario Pequeñas Causas de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, desestimó el recurso de revocatoria interpuesto por D.S. y le ordenó entregarle a su ex, cautelarmente, un rodado en disputa.[privado]

Así, ratificó el decisorio que admitió el reclamo de Z.C. con carácter de medida preventiva urgente, según el tenor de la ley provincial 13348.

A su turno, D.S. expuso que la providencia se dictó inaudita parte. En esa línea, expresó que no pudo dar su versión de los hechos ni refutar las manifestaciones de la actora.

La demandante respondió alegando que la cautelar ordenada en el expediente no causa estado y que no produce ningún perjuicio que no pueda repararse con posterioridad.

El tribunal le dio la razón a Z.C. e indicó que, en el caso, no se configuró el gravamen irreparable invocado por el recurrente, en tanto no se decidió acerca de la titularidad del bien sino que se ordenó provisoriamente su entrega en custodia.

Al reseñar las leyes que buscan erradicar la violencia en contra de las mujeres, expuso que su punto central son las medidas de protección, que pueden ser dictadas inaudita parte para “garantizar la seguridad e integridad física o psicológica” de la afectada.

“Las medidas autosatisfactivas procuran solucionar coyunturas urgentes, se agotan en sí mismas y se caracterizan por la existencia del peligro en la demora, la fuerte probabilidad de que sean atendibles las pretensiones del denunciante, no requieren contracautela y finalmente, su proceso es autónomo, ya que no es accesorio respecto de otro, agotándose, como ya dijéramos, en sí mismo”, recordó.

“Las medidas preventivas urgentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres persiguen garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación y evitar la repetición de todo acto de perturbación, intimidación, agresión y maltrato”

sostuvo el juzgador.

“Se entiende que este tipo de medidas son las que ha querido el legislador regular en materia de violencia de género, ya que una vez adoptadas satisfacen por sí mismas al interés de la persona que las pide y no están sometidas a la evolución de un proceso de fondo en el que se debate un derecho sustancial”, acotó el sentenciante.

Paralelamente, señaló que si bien para su dictado no se exige una prueba plena y concluyente de la verosimilitud del derecho que se pretende tutelar, debe acreditarse “una apariencia que invista a la pretensión de una credibilidad razonable, con suficiente sustento para descartar una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable”.

Compromisos

El recurrente planteó que el Juzgado Comunitario santafesino “se entrometió” en una denuncia de violencia y consideró que la medida fue arbitraria y excedió las atribuciones del magistrado. La contraparte respondió invocando la aplicación de la ley 26485, a la que adhirió la provincia de Santa Fe, y destacando que todas las normas nacionales son de fondo. El sentenciante precisó que la denuncia fue admitida conforme a la ley provincial 13348 -de adhesión a la ley nacional 26485, de orden público y de aplicación en todo el territorio-, y que las medidas preventivas de urgencia se dictaron en su marco. “Este juzgado actuó dentro de las obligaciones y atribuciones que le confiere la normativa citada y los compromisos internacionales de rango constitucional en materia de prevención y sanción contra la violencia de género, dictando medidas protectorias mediante una decisión razonablemente fundada”, enfatizó. “Tildar de arbitraria la actuación, resulta por lo menos, desacertado, y muestra un total desconocimiento de la normativa por parte del recurrente, debidamente asesorado y patrocinado”, añadió. En tanto, recordó que la legislación debe ser interpretada e integrada con toda la normativa en la materia, la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. “Se debe tener en cuenta la finalidad de la norma, las palabras, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico”, destacó.