Ordenan a ART cubrir cirugía de hombro de operario que sufrió un accidente laboral

El tribunal entendió que la pericia médica oficial realizada en el pleito fue contundente sobre la necesidad y urgencia de intervenir quirúrgicamente al trabajador

El Juzgado de Conciliación y Trabajo de Primera Nominación de Córdoba condenó a Prevención ART a cubrir la intervención quirúrgica del hombro derecho de un trabajador, con el correspondiente seguimiento médico previo, durante y poscirugía.

Asimismo, el tribunal dispuso que la aseguradora efectivice esa operación en un plazo máximo de 30 días corridos, bajo apercibimiento de astreintes y, vencido ese tiempo sin que se cumpla la orden, la cirugía se realice en la institución que proponga el actor, a costa de la condenada.

En la causa, el actor inició demanda laboral sumaria para solicitar las prestaciones médicas que acuerda el artículo 20 de la ley 24557, y requirió concretamente que se ordenara a la ART la cobertura ya aludida, que sufrió en un accidente de trabajo reconocido por la comisión médica (CM) N° 5.

El trabajador relató las circunstancias del siniestro y el recorrido posterior con la debida concurrencia a la comisión médica, la que en su dictamen consideró que no ameritaba continuar con prestaciones por la ART y le fijó 3,50% de incapacidad de la total obrera (TO) a la lesión de su hombro derecho.

Licencia

El accionante manifestó que se encontraba con licencia médica y que el transcurso del tiempo y la falta de prestaciones médicas oportunas y acordes lo colocan en situación de indefensión y frente al riesgo cierto de quedar encuadrado en situación de reserva de puesto, con la consecuencia inmediata de la falta de devengamiento de haberes.

En resumen, solicitó que se condene a la demandada a la cobertura integral de las prestaciones ordenadas por su médico tratante hasta la completa curación y mientras subsistan los síntomas incapacitantes.

La ART negó la procedencia de lo pretendido, desconoció el accidente de trabajo y afirmó que cumplió acabadamente con sus obligaciones impuestas por la Ley de Riesgos del Trabajo.

A su turno, el juez Guillermo Cerdá López indicó que el informe pericial médico oficial había aportado una evaluación concreta, completa y razonable de la realidad, derivando que fue contundente con las respuestas a las preguntas requeridas por las partes, entendiendo así que la intervención quirúrgica que el actor solicita era necesaria.

Resonancia

El magistrado también valoró que no surgía prueba alguna que desvirtuara la resonancia magnética efectuada al actor en la clínica Reina Fabiola, de la que surge una “ruptura parcial de las fibras profundas del tendón del músculo supraespinoso, que podría corresponder a lesión tipo II. Ruptura parcial de las fibras profundas y superiores del tendón del músculo subescapular, con luxación medial de la porción larga del bíceps”, certificando la existencia de una “ruptura parcial de las fibras profundas del tendón del músculo supraespinoso y subescápula”, por lo que la CM consideró que no ameritaba continuar con las prestaciones.

Cerdá López observó que las manifestaciones del perito de control de la demandada no hicieron más que evidenciar la débil defensa de la aseguradora al pretender ratificar su postura de que el caso trataba de un daño inculpable, no haciéndose cargo de que el accidente de trabajo fue reconocido por la CM.

En esa dirección, el tribunal apuntó que es opinión conteste -tanto a nivel jurisprudencial como doctrinario-, que aun cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, si éste se encuentra fundado en principios y procedimientos técnicos que no son objetables y no existe otra prueba que la desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones que expone.

Pretensión

Por todo lo expuesto, en el fallo se resolvió hacer lugar a la pretensión del actor a los fines que le sean otorgadas las prestaciones médicas en especie que acuerda la LRT y ordenó a la aseguradora dar cobertura inmediata a la intervención quirúrgica en la persona del actor -en concreto en su hombro derecho-, por padecer las patologías ya descriptas, producto del accidente de trabajo mencionado, que fue reconocido en CM con el correspondiente seguimiento médico previo, durante y poscirugía, bajo apercibimiento de aplicar astreintes a favor del actor equivalentes a un jus al valor del pronunciamiento ($5.968,91) por cada día de demora y por el término máximo de 30 días corridos.

Asimismo -se reiteró-, en el fallo se dispuso que si vencido el plazo indicado supra -sin que la demandada haya cumplimentado con lo ordenado- la intervención quirúrgica será realizada en una institución que proponga el actor, costo que será asumido por la aseguradora condenada.