Opinan a favor de suspender el traslado de un gendarme que tiene una hija discapacitada

El titular de la Fiscalía Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal Número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fabián Canda, dictaminó a favor de que se haga lugar a la acción de amparo que promovió un efectivo de la Gendarmería Nacional a quien se ordenó que preste servicios en la Capital Federal, para que se lo traslade de forma “inmediata y urgente” al Escuadrón 13 de Puerto Iguazú (Misiones), donde reside su esposa junto a su hijo e hija menores de edad.

El uniformado precisó que la nena padece una discapacidad mental y requiere de su grupo familiar unido para estar contenida.

Al considerar esa circunstancia, de forma previa, la jueza Maria Alejandra Biotti, a cargo del Juzgado Número 5 del fuero, hizo lugar a una medida cautelar que suspendió el traslado.

En su dictamen sobre el fondo de la cuestión, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) puso de relieve la atención especial que debe recibir la niña por parte de su núcleo familiar con base en lo recomendado por los profesionales de la salud que la atienden.

Además, analizó los aspectos del orden jurídico nacional e internacional que obligan al Estado argentino a poner en marcha acciones positivas para que las personas con discapacidad accedan a sus derechos fundamentales.

Canda resaltó que se acreditó que la infante tiene un retraso madurativo con una discapacidad de 76 por ciento y que, en función de ello, se les recomendó a su padre y a su madre no generar cambios en lo ligado a la movilidad del grupo familiar a otra localidad, debido que ello sería otra fuente de estrés que tendría implicancia negativa en su salud y desempeño escolar. De acuerdo con lo expuesto por el gendarme, las autoridades de la fuerza de seguridad dispusieron su traslado a la ciudad de Buenos Aires y denegaron su solicitud para permanecer en Puerto Iguazú, ciudad en la que durante su servicio la familia logró estabilidad y adquirió una vivienda propia.

Asimismo, Canda refirió que en el expediente se verifica una urgencia que justifica la procedencia del amparo.

Subrayó que el reclamo del uniformado está amparado por el mismo Reglamento de Asignación de Cargos y Destinos del Personal de Gendarmería con Estado Militar, que en su artículo 2003 establece que serán consideradas las solicitudes por cambio de destino, entre otros supuestos, cuando se acredite enfermedad del titular, de familiar directo y/o familiar legalmente a cargo ante la institución.

En tanto, indicó que el artículo 2004 de ese cuerpo normativo agrega: “Es intención de la conducción mantener al personal en destinos que reúnan las mejores condiciones de asistencia y/o cobertura sanitaria tendientes a mitigar los efectos del problema sanitario” y que “las solicitudes de cambio de destino por cuestiones sanitarias del titular o familiar legalmente a cargo, serán consideradas en cualquier época del año”.

En ese sentido, el agente repasó el estándar jurisprudencial aplicable a la causa. Recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara en lo Contencioso-administrativo Federal remarcaron que la atención y asistencia integral de la discapacidad constituye una política pública y que las personas con discapacidad, además de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad; ello así, porque la consideración primordial de su interés “viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces”.

El actor, quien tiene a su familia en Puerto Iguazú (Misiones) y fue trasladado a prestar servicios en la Capital Federal, solicitó la vía judicial de excepción para que se preserven los derechos de su hija, quien por prescripción médica necesita contención.

También subrayó que la ley 22431, de 1981, instituyó un sistema de protección integral para las personas con discapacidad, y que a partir de 1994 la Constitución Nacional incorporó entre las atribuciones del Congreso Nacional legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de sus derechos; en particular, respecto de los niños.

Sistema interamericano

Agregó que en el sistema interamericano los derechos de las personas con discapacidad se encuentran tutelados desde la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, y que posteriormente el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conocido como Protocolo de San Salvador) estableció la atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad que tienen aquellas personas. Añadió que en 2001 el Estado argentino ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y que luego aprobó, ratificó y dio jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establecen el más moderno dispositivo de obligaciones estatales para promover y respetar sus derechos.

“Dadas las particularidades del caso, la aplicación del marco constitucional, convencional y legal en materia de protección de las personas con discapacidad reafirma la solución aquí propuesta para el litigio”, postuló Canda.