Niegan que la indicación de consumo de aceite de cannabis sea un “tratamiento experimental”

En un caso en el cual se discutió si las prestadoras locales están obligadas a otorgar coberturas, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó que la obra social provincial tendrá que pagar el medicamento. Sin éxito, la accionada alegó que no hay evidencia suficiente sobre su eficacia y que los actores debían seguir el procedimiento para obtenerlo de manera gratuita del Estado nacional

El Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper) deberá solventar de manera total, íntegra, oportuna, ininterrumpida y gratuita el aceite de cannabis que le fue recetado a un afiliado menor de edad. [privado]

Por mayoría, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de esa Provincia rechazó el recurso que promovió la prestadora en contra del fallo que ordenó la cobertura.

El hijo de los actores padece epilepsia refractaria (subtipo síndrome de Lennox-Gastaut), retraso mental severo y problemas motrices. Sufre entre 10 y 20 convulsiones por día a pesar de que toma las dosis máximas de cuatro fármacos.

Según alegaron sus padres, como su cuadro de salud empeoraba día a día, su médico neurólogo le indicó que consuma el medicamento Scientific Hemp Oil Max (autorizado por la Anmat e importado por el Laboratorio Flos Innovation, con sede en la ciudad de Buenos Aires, representante en Argentina de la firma estadounidense Hemp).

Como la accionada se negó a solventar el costo del aceite, presentaron un amparo y la jueza de Paz de la localidad de Gobernador Mansilla, Eldel Solda, hizo lugar a su reclamo.

Solda consideró probado que el tratamiento requerido ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente y definió el accionar del Iosper como “dilatorio”. También estimó que fue “abandónico” y que no se interesó por el estado de salud del niño pese a estar obligado a habilitar la cobertura integral requerida en función de la ley 24901.

Estudios

El Iosper apeló el decisorio alegando que el aceite de cannabis es una sustancia experimental y que, más allá de que haya estudios que prueban su eficacia, “hay otros que demuestran lo contrario”.

Por otra parte, adujo que le informó a los actores sobre el procedimiento que debían seguir para obtenerlo de manera gratuita: la inscripción en el registro correspondiente, que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.

En esa línea, arguyó que los padres debieron cursar su pedido al Estado nacional porque no hay legislación que le imponga la carga.

Al emitir opinión, el defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, aclaró que luego de que la jueza de grado sentenció, se dictó el decreto 883/20, que reglamentó la ley 27350, avanzando en el marco regulatorio del uso medicinal del cannabis.

A su vez, transcribió el dictamen de la Procuración General de la Nación, emitido en los autos “Bustos”, actualmente radicados en la Corte Suprema, que resalta que los epilépticos tienen una “tutela específica adicional”.

Paralelamente, señaló que el médico forense que intervino en el caso se inclinó por la admisión de la solicitud de los actores y que, por “razones de no regresividad y de protección integral”, se imponía la confirmación del decisorio.

Competencia federal

Por su parte, el procurador General de Entre Ríos, Jorge García, estimó que el fallo debía ser revocado.

Manifestó que en casos anteriores propició declarar la inadmisibilidad de reclamos de cobertura de aceite de cannabis medicinal dado que se trata de una temática de competencia federal.

“La ley 27350, que vino a incrementar la protección del cuidado integral de la salud, no puede limitar las alternativas previstas en otros ordenamientos, como la de reclamar la cobertura a la obra social en los términos de la ley 24901”.

(Del fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos).

En esa línea, sostuvo que del marco normativo no surge una obligación para la obra social provincial sino para el Estado nacional (o, en su caso, para las prestadoras del sistema nacional) y que, por ello, no obstante la nueva regulación, el accionado debería ser aquél.

El STJ destacó la particularidad de la epilepsia refractaria, que radica en la intolerancia a la medicación habitual, y afirmó que fue “absolutamente razonable” que el profesional que trata al infante le recetara “una alternativa adecuada y necesaria” para paliar su cuadro de salud.

En tanto, al igual que el defensor General, resaltó las conclusiones del forense y el tenor de la prueba informativa producida, de la cual surge que el médico tratante del niño, del Centro Integral Neuropediatría, Neurorehabilitación, Epilepsia y Sueño de la ciudad de Buenos Aires, fue contundente al prescribir el tratamiento con cannabidiol, explicando que demostró ser efectivo en 50 por ciento de los pacientes con Síndrome de Lennox Gastaut.

El alto tribunal reseñó que el “Informe Ultrarrápido de Evaluación de Tecnología Sanitaria - Usos Terapéuticos de los Cannabinoides”, publicado por la Anmat, presentó resultados favorables obtenidos respecto a la eficacia y seguridad del uso medicinal de los cannabinoides para, entre otras dolencias, espasticidad debido a esclerosis múltiple o paraplejía, glaucoma, dolor crónico, síndrome de Tourette y epilepsia refractaria a los tratamientos convencionales.

En el decisorio se enfatizó que el derecho a la salud no es una “declaración de mera voluntad” y que el Estado está obligado a tutelar y a velar por su “real existencia”.

Sobre esos fundamentos, estimó que los cuestionamientos tendientes a poner en duda la efectividad del aceite eran “inatendibles”; ello así, porque “lejos está de ser experimental”.

Después de enumerar la legislación local en la materia, el tribunal puntualizó que, aunque por medio de la reglamentación de la ley 27350 se creó un registro nacional que beneficia a todas las personas que se inscriban, independientemente de que posean o no cobertura de una obra social, la gratuidad para acceder gratuitamente a medicamentos a base de cannabis debería favorecer, en primer término, a quienes se encuentren en una “situación de absoluta carencia”.

Bajo esa premisa, estableció que no es razonable que el asociado a una obra social “deba emigrar” a las oficinas en las que se encontraría funcionando el mentado registro, y concluyó que carecía de asidero la insistencia de la recurrente en cuanto a que los padres del menor debieron inscribirse allí, pretendiendo eximirse de responsabilidad.

“Tanto la ley como su reglamentación regulan la provisión gratuita por parte del Estado para aquellos pacientes que se encuentran incorporados al programa, pero no contienen previsiones específicas que diriman la situación de las obras sociales frente a los afiliados que requieran el reconocimiento del costo del fármaco”, detalló.

Por ello, estableció que aquellas entidades no pueden considerarse eximidas de las previsiones de la ley 24901 (Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral de las Personas con Discapacidad) en virtud de una interpretación restrictiva de la ley 27350 que “no encuentra sustento en el texto legal, contradice su finalidad tuitiva y desatiende el resto del ordenamiento jurídico” al cual se integra.

El sentenciante resaltó que la expresión “derecho humano a la salud” implica un concepto más extenso, a saber: el derecho a una mejor calidad de vida, de naturaleza prestacional.

“La ley 27350, que vino a incrementar la protección del cuidado integral de la salud, no puede limitar las alternativas previstas en otros ordenamientos, como la de reclamar la cobertura a la obra social en los términos de la ley 24901”, subrayó.

Entre autárquico

El juzgador valoró que la obra social demandada -dado su carácter de ente autárquico estatal- se encuentra constitucionalmente obligada a asegurar la gratuidad, integralidad y oportuna cobertura del estudio médico solicitado, con fundamento en la normativa constitucional provincial, y detalló que en el caso hay abundante documental “esclarecedora y contundente” que respalda la procedencia de la acción de amparo que impulsaron los padres del infante.

En otro tramo de su fallo, el sentenciante resaltó que la expresión “derecho humano a la salud” implica un concepto más extenso, a saber: el derecho a una mejor calidad de vida. “Configura un derecho de naturaleza prestacional, un derecho de la población a servicios médicos suficientes para una adecuada protección y preservación de su salud”, abundó.

En esa inteligencia, determinó que no podía aceptarse que la normativa que asiste a la parte actora “se convierta en letra muerta o alimente expectativas irrealizables”, porque es responsabilidad de todos los operadores del Estado -administrativos o judiciales- instar el cumplimiento de las leyes “a fin de no tornar ilusorio el derecho que ampara a los más débiles”. [/privado]

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