Municipio no podrá adjudicar lote en parque industrial hasta resolver nulidad de adjudicación

El tribunal entendió que se cumplieron los requisitos para que prospere la medida cautelar solicitada por la empresa demandante porque, en caso de obtener sentencia favorable, ésta quedaría sin sustento si el predio que reclama se entregase a un tercero

En el marco de un juicio en el que la demandante Agro Aceitera Córdoba SA pidió la nulidad de una revocación de la adjudicación, la Cámara 1ª en lo Civil, Comercial y Contencioso-administrativo de Río Cuarto suspendió los efectos del acto administrativo impugnado y ordenó a la Municipalidad de Santa Catalina–Holmberg que desde la fecha de la resolución y hasta la sentencia definitiva sobre el fondo del asunto se abstenga de adjudicar a terceros y/o de disponer de cualquier otra forma el predio individualizado del Parque Industrial y Tecnológico de dicha localidad.

Asimismo, el tribunal no concedió la medida innovativa solicitada por la actora, en cuanto pretende continuar con las obras en el predio en cuestión, por exceder el ámbito de la cautelar descripta.

La empresa mencionada promovió acción contencioso-administrativa en contra el referido municipio, en la que solicitó se declare la nulidad de la ordenanza municipal Nº 1868/2020, mediante la cual se declaró la caducidad del derecho concedido a esa firma con fecha 9/1/2017, revocó la adjudicación del lote 100 de la manzana 185 del Parque Industrial y Tecnológico Santa Catalina–Holmberg y dispuso que la Municipalidad tomara posesión de aquél a los fines de concederle la utilidad necesaria.

Efectos

De acuerdo con lo prescripto por el artículo 19 de la ley 7182, la accionante solicitó se ordene la suspensión de los efectos de los actos impugnados y se le permita continuar con las obras en el predio en cuestión a los efectos de posibilitar que antes del 4/12/2022 se pueda radicar en el lugar, o bien se ordene a la demandada que se abstenga de adjudicar a un tercero y/o de disponer de cualquier otra forma que pueda menoscabar, obstruir y/o cercenar arbitrariamente el derecho que eventualmente le reconozca la sentencia a dictarse respecto del predio en cuestión.

A su turno, el tribunal integrado por las vocales Sandra Eleonora Tibaldi de Bertea, Mariana Andrea Pavón y Jorge José Aita Tagle, al analizar la medida cautelar, entendió que la verosimilitud del derecho que condiciona la procedencia se encontraría prima facie configurada con la denuncia de la actora de la supuesta violación del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional) y de la tutela administrativa efectiva, en razón de que no surge acreditado de las constancias obrantes en autos que el municipio demandado hubiera dado posibilidad de defensa a la empresa, previo a decidir la revocación de la adjudicación del lote en cuestión, teniendo en cuenta que, para decidir así, invocó cuestiones de hecho, objeto de prueba.

Peligro

El tribunal sostuvo que para evaluar si existe el peligro en la demora debe apreciarse si, de resultar la sentencia favorable a las pretensiones del peticionario, el transcurso del tiempo necesario para llegar a ella puede tornar inoperantes sus efectos.

De ello, los vocales derivaron que en el presente caso, el daño resulta posible pues se observa que el perjuicio invocado por la accionante podría no ser conjetural sino efectivo.

En tal sentido, se precisó que fácilmente se advierte de que si la Municipalidad demandada procediere a adjudicar a otro beneficiario el lote que se encuentra en discusión, la sentencia que eventualmente resultare favorable a la actora se tornaría de muy difícil cumplimiento, afectando incluso derechos de potenciales terceros.

El fallo resaltó que lo relatado permite avizorar que podría producirse un perjuicio de difícil reparación ulterior, de modo tal que una sentencia favorable a la empresa podría tornarse ineficaz. Además, con relación al segundo de los requisitos exigidos por el artículo 19 de la ley 7182, referido a la ausencia de lesión del interés público, la cámara indicó que no se advierte de que la suspensión del acto administrativo impugnado pueda ocasionar de manera inmediata una lesión al interés público involucrado en la cuestión, puesto que en todo caso sólo pospone en el tiempo, para el caso de resultar favorable el litigio a la Municipalidad la libre disposición de dicho lote.

Presupuestos

La cámara concluyó que se configuran los presupuestos establecidos por la ley y, en dichas condiciones, es razonable otorgar la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado hasta tanto se dicte pronunciamiento definitivo, aunque no así la medida innovativa solicitada por exceder el ámbito de la cautelar prescripta.

En consecuencia, en el fallo se resolvió que se declara procedente parcialmente la medida cautelar solicitada, con la salvedad de que el municipio se abstenga de ejecutar los actos impugnados y que, provisoriamente, desde la fecha del presente resolutorio y hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre el fondo del asunto, se abstenga de adjudicar a terceros y/o de disponer de cualquier otra forma del lote en cuestión, estimando el tribunal suficiente la fianza personal de tres abogados de la matrícula.