Reconocen que las tareas como cartero causaron enfermedades laborales en el accionante

Los peritajes confirmaron los padecimientos del trabajador demandante y motivaron que en el pronunciamiento se revocara la sentencia que había rechazado el tribunal a quo, al argumentar supuestos defectos en la demanda

Al observar que el accionante demostró los presupuestos para que proceda la indemnización por enfermedades laborales contraídas en su labor de cartero durante 20 años, sin que se demostrara afectación al derecho de la demandada para contestar demanda u ofrecer pruebas, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó la sentencia que no admitió la demanda, al considerar que no estaban descriptas de modo suficiente las tareas base de la acción y ordenó a Galeno ART el pago la indemnización basada en la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT).

El tribunal a quo adujo que en la demanda no surgía en qué consistían las tareas laborales, habiéndose omitido referir las circunstancias específicas de concreción, sus características y modalidades (recorridos, pesos transportados, cantidad de viajes, etcétera), como tampoco se explicitaron los agentes de riesgo a los que habría estado expuesto el demandante.

Agravio

El actor se agravió porque el a quo desestimó la pretensión indemnizatoria fundada en la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), al rechazar la pretensión con sustento en que las tareas realizadas carecían de descripción, lo que implica una violación tanto de su derecho de defensa como de igualdad en el proceso, y adujo que la aseguradora contestó la demanda y opuso excepciones, lo que evidencia que su posibilidad de defenderse no estuvo disminuida.

El cartero cuestionó que la falencia puesta de relieve por el a quo -consignar en qué consistían sus tareas- constituya un incumplimiento y que desatendiera las reglas de la experiencia, y finalmente agregó que, al tratarse tal actividad de un hecho notorio -tarea de cartero- no requería de prueba.

El TSJ integrado por los vocales Luis Enrique Rubio, Mercedes Blanc de Arabel y Luis Eugenio Angulo, al analizar la casación, indicó que la conclusión a la que se arribó no deriva de las constancias de la causa porque el actor afirmó que desde noviembre de 1988 se desempeñó para la empresa Correo Oficial de la República Argentina SA prestando tareas de cartero, la que consistía en “el reparto de correspondencia en la vía pública”, cumpliendo una jornada de ocho horas de lunes a viernes y de cuatro los días sábado.

Posiciones

El fallo relató que el accionante refirió que la labor desempeñada le implicaba la adopción de posiciones viciosas y forzadas -sobrecarga de columna y espalda- y estrés, lo que afectó su salud.

En tales condiciones, el Alto Cuerpo sostuvo que la postura adoptada por el a quo, de reproche de la falta de precisiones en la descripción de las tareas expuestas en el libelo introductorio, luce excesiva y carece de sustento, por lo que se resolvió anular el pronunciamiento y entrar al fondo del asunto.

En esa tarea, el TSJ observó que el peritaje médico constató que la actora padece “síndrome meniscal con hipotrofia” (10%) y “síndrome cervicobraquial” (4%), los que calificó desde el punto de vista médico-legal como enfermedades profesionales.

Además, los vocales valoraron el profuso resultado probatorio obrante en autos, del que surge que el pretensor se desempeñaba como cartero, tarea que le implicaba actividades internas al inicio de la jornada y luego en el exterior, para regresar nuevamente al establecimiento; como riesgos ergonómicos más allá de los propios de permanecer en la vía pública (caídas, atropellamientos, exposición a las condiciones climáticas, etcétera).

Metodología

La decisión destacó que tal metodología de trabajo fue ratificada por la prueba testimonial, en la cual se brindaron precisiones sobre las modalidades de traslado y de entrega de la correspondencia.

En esa dirección, el TSJ concluyó que la base fáctica considerada para la calificación médico-legal ha resultado acreditada, toda vez que se sitúa al actor desempeñando una tarea respecto de la que se identificaron agentes de riesgos y que realizó por más de 20 años, agregando que se acreditó además que su puesto de trabajo fue modificado por razones de salud.

Por lo expuesto, en el fallo se resolvió que al haberse verificado los presupuestos exigidos para la procedencia de la indemnización prevista en el artículo 14, inciso 2) apartado a), de la LRT, corresponde admitirla en función de un porcentaje incapacitante de 14% de la total obrera (TO), a lo que debe añadirse el valor que surge de los factores de ponderación 1,68%, TO (10% por tipo de tareas y 2% por edad) incorporados de modo porcentual, conforme lo previsto en el baremo de ley, lo que alcanza 15,68% de la TO.