Multa a municipio por no responder oficio, atenuada por tratarse de fondos públicos

El tribunal confirmó la posibilidad de que el Estado sea pasible de ser sancionado económicamente pero impuso un carácter restrictivo a las astreintes aplicadas por la dilación de la Administración

Después de confirmar que el Estado es pasible de ser sancionado con una multa económica si incumple una orden judicial de contestar un oficio y tras valorar el tiempo transcurrido y las reiteradas ocasiones en que se requirió el trámite, la Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba validó la sanción de astreintes impuestas a la Municipalidad de Córdoba, aunque las rebajó, atento a tratarse de fondos públicos, con lo cual el criterio que se impone es el restrictivo.

El tribunal integrado por los vocales Gabriela Eslava y Héctor Liendo indicó que el municipio se agravio señalando la existencia de una situación de emergencia por razones sanitarias, de manera genérica y sin lograr justificar la demora de manera concreta.

En ese sentido, la cámara destacó que se trataba de manifestaciones genéricas sobre las dificultades por la pandemia que no lograron conmover lo resuelto y que, de recibirse tal argumentación, importaría otorgarle al municipio la posibilidad de que ningún oficio recibido desde marzo de 2020 sea contestado, desoyendo las mandas judiciales.

Así, la decisión sostuvo que no puede entonces un argumento tan genérico ser considerado un cuestionamiento real; más aún cuando no se han instrumentado las herramientas procesales a su alcance para la solicitud de extensión de plazo para contestar la prueba informativa.

En resumen, para los jueces la recurrente “no logra rebatir el fundamento principal, expuesto por el a quo, relativo a que existió incontestación durante un largo período y frente a reiterados oficios remitidos, limitándose a manifestar que desde marzo de 2020 la Administración se encontraba resentida”.

Respecto del segundo agravio, conforme el cual la apelante denuncia la omisión por el a quo de aplicar lo dispuesto en el artículo 804 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC), los camaristas expusieron que, en líneas generales, las sanciones conminatorias o astreintes encuentran sustento normativo actual en dicha norma, ya vigente a la fecha en que se impusieron en autos. Conforme ese dispositivo, “los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplan deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. La observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo”.

Posibilidad

Según interpretó la cámara, existe la posibilidad de imponer astreintes; es decir, “condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial, ya que la norma no distingue entre personas jurídicas de carácter privado o público, y una discriminación al respecto resultaría improcedente en virtud de la igualdad de tratamiento jurídico a que están sometidas en asuntos de derecho privado.

En ese estado, el tribunal indicó que, más allá de lo asentado en cuanto a la posibilidad de que sean impuestas al Estado, corresponde determinar si las razones esgrimidas y las circunstancias del caso permiten que en los presentes aquéllas sean dejadas sin efecto, y/o en su caso revisadas.

Luego de un análisis pormenorizado de la causa, los jueces destacaron que, respecto de la conducta procesal de la Municipalidad de Córdoba como sujeto pasivo de las sanciones en cuestión, se ha mencionado tanto en la causa como en la resolución que impuso astreintes la cantidad de veces que fue reiterado el pedido de informe en función de cuyo incumplimiento se impuso la sanción económica.

Opinión

Asimismo, en opinión del tribunal, la imposición de astreintes al Estado debe ser ponderada con un criterio que, aunque las admite, es de carácter restrictivo, toda vez que no puede perderse de vista -y tal la razón primordial a la hora de indicar que son de interpretación restrictiva- que en caso de efectivizarse la condena, ésta es afrontada con fondos también públicos, con lo que, en definitiva, termina siendo afrontada por la sociedad entera, razón por la cual debe ponerse especial atención al monto de aquélla.

Por lo expuesto, en el fallo se resolvió que correspondía hacer lugar parcialmente al recurso ya que, si bien corresponde mantener la sanción económica impuesta, se hizo en un monto inferior al establecido, considerando que resultaría, conforme las circunstancias del caso y el nivel del incumplimiento, razonable, justo y prudente establecer la multa en la suma equivalente a cinco jus.