ESCUCHARLas agresiones sufridas por el fiscal que intervino en la causa Vialidad este fin de semana reavivaron la preocupación por los hechos de violencia que denuncian fiscales en distintos países de la región.
La Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó su preocupación “por las agresiones que ha sufrido el Fiscal General Diego Luciani durante el último fin de semana”.
Según el comunicado de la asociación que nuclea a los jueces de las distintas instancias de la Justicia Nacional con asiento en la ciudad de Buenos Aires y de la Justicia Federal de todo el país, así como también a los magistrados del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y a los funcionarios judiciales, “tales conductas resultan inadmisibles y deben ser repudiadas rotundamente”.
En esa línea, solicitaron al Ejecutivo “que garanticen la seguridad personal del magistrado, pues este tipo de atentados se vinculan con su actuación funcional”.
El hecho ocurrió el fin de semana pasado en la zona portuaria de Mar del Plata, donde el fiscal que intervino en la causa vialidad Diego Luciani, fue increpado en el restaurante “Lo de Fran”. Según testigos, una mujer habría manifestado que la presencia del fiscal le daba “ganas de vomitar” y antes de retirarse del salón le habría dicho: “A vos la historia te va a condenar”.
“Pedimos la cuenta y ese mismo mozo se nos acercó para saber si queríamos quedarnos y pedir algo más. Le conté que no me había sentido cómodo y, ante su sorpresa, le expliqué por qué. Le dije que la mujer de al lado me había insultado y que él había estado riéndose con ella a carcajadas; que yo no había hecho nada malo, así que no tenía por qué recibir un insulto. Le dije que, si la mujer quería vomitar, podía ir al baño a hacerlo; que lamentaba mucho esto”, explicó el propio Luciani.
Un reclamo con claroscuros
Los reclamos de protección de fiscales, que intervienen en causas que involucran personas pertenecientes a distintas esferas del poder, no es nuevo. En el mes de mayo, la Asociación Internacional de Fiscales (IAP, por sus siglas en inglés), que preside el fiscal general de Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, había planteado este reclamo a raíz del asesinato del funcionario judicial paraguayo Marcelo Pecci, en Colombia, durante su luna de miel. Pecci, un fiscal que investiga las mafias en Paraguay, fue asesinado por sicarios que se movilizaban en una moto acuática cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, cercana a la ciudad de Cartagena de Indias.
J.B. Mahiques junto a su padre, el juez Carlos Mahiques, se encuentra relacionado con el caso de los chats de Lago Escondido. El escándalo que involucró a un grupo de magistrados y funcionarios judiciales en presunto vínculo con el multimedio Clarín, se desató previo a la condena a la Vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner en la causa que investigaba asociación ilícita vinculada a obras en la provincia de Santa Cruz, con la intervención del Fiscal Luciani.
En el mes de agosto, ante el inminente pedido de condena a la vicepresidenta, la preocupación por la integridad física de Luciani había motivado una serie de valoraciones, entre ellas las del presidente Alberto Fernandez: “Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.
La referencia al fiscal Alberto Nisman, reavivó el debate sobre los límites entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que también advierten funcionarios judiciales de otros países de América Latina. “Ya hay cuatro fiscales asesinados en la región (Paraguay, Ecuador y Honduras) y la persecución judicial a fiscales en Guatemala”, advirtieron desde la Federación Latinoamericana de Fiscales.
“Es como tener un retroceso en América Latina, más parecido a épocas dictatoriales sobre el no respeto de la división de poderes y nos preocupa que esto pase en Argentina que ha sido un referente en fortalecer la democracia”, planteó Ronald Segura, presidente de la federación.
Denuncia de lawfare y “democracia en riesgo”
Entretanto, organizaciones de derechos humanos reclamaron una «investigación completa» del viaje que magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación realizaron en octubre pasado a Lago Escondido, donde el magnate británico Joe Lewis posee una estancia.
En esa línea, pidieron que el Consejo de Magistratura analice si el hecho constituye un delito de dádivas y anunciaron que solicitarán una audiencia a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, según publicó la agencia Télam.
En una conferencia de prensa que ofrecieron este martes en el predio de la ex Esma por el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemoró el sábado pasado, los organismos advirtieron que «la democracia está en riesgo» y solicitaron al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la «remoción» del ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y del procurador de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, involucrados en ese viaje que es investigado por la Justicia Federal de Bariloche.
