Los escribanos tienen que velar por la capacidad de sus clientes

Se confirmó el procesamiento de un profesional que avaló la cesión de una propiedad de una mujer que tenía alteraciones mentales

La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires confirmó e l procesamiento de un escribano por el delito de estafa por circunvención de incapaz .

En el caso, que se remonta al año 2016, se acusó al escribano de avalar la cesión de una propiedad por una mujer que tenía notorias alteraciones en sus facultades mentales .

La resolución, firmada por los jueces Jorge Rimondi y Pablo Lucero, sostuvo que los escribanos tienen la “obligación” de velar por la capacidad de sus clientes al momento de suscribir documentos públicos ; y que, llegado el caso, pueden “abstenerse de autorizar” la operación si “se evidencia una notoria falencia en la capacidad de las personas”.

“Si bien es cierto que no hay normativa que exija al escribano solicitar los certificados de aptitud mental -tal como lo informó el Colegio Público de Escribanos en mayo de 2021-, ello no permite sostener, como lo hace la defensa, que no deba efectuar una evaluación sobre la capacidad de los intervinientes”, remarcó el fallo.

“Es su obligación hacer un juicio de valor, que debe realizar al momento de la suscripción del documento público, de acuerdo a su leal saber y entender y que incluso, tal como se informó en ese oficio electrónico, por elementales razones de prudencia, el escribano se debe abstener de autorizar un acto cuando se evidencia una notoria falencia en la capacidad de las personas”.

Al confirmar los procesamientos, la Cámara en lo Correccional y Criminal de la ciudad de Buenos Aires evaluó “de manera integral los informes existentes respecto de la vendedora U.” y determinó que el escribano “no podía desconocer su estado de vulnerabilidad para llevar a cabo el acto notarial, porque era evidente al momento de la suscripción de la escritura ”.

La mujer firmó la venta de su único departamento el 3 de mayo de 2016. El inmueble tenía orden de subasta por deuda de expensas. Antes de concretarse el acto, la administradora del edificio informó al juzgado civil que llevaba el trámite que la mujer que luego figuró como compradora se había presentado como “tercera pagadora” y canceló la deuda. El desalojo de su moradora estaba ordenado sin que hubiera informes sobre su situación. La escritura traslativa de dominio se firmó después de este hecho.

La compradora, MPCR, era pareja en ese momento de otro acusado en la causa. La mujer firmó un poder general judicial a favor de un grupo de abogados.

Cuando se abrió la causa penal, quedó sobreseída por inimputable. Su expareja la internó en un psiquiátrico y familiares declararon que habría sido víctima de violencia de género.

Por conflictos de convivencia, intervino la Secretaría de la Tercera Edad y el Programa Proteger, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que emitió un informe que corroboró su situación vulnerable. Esto ocurrió seis meses después de la firma de la escritura en cuestión.

En cuanto a la víctima, se comprobó que tenía “conductas erráticas”, se alimentaba en comedores de la zona y “deambulaba por la calle”, entre otras situaciones corroboradas por la encargada del edificio y otros testigos.

Así las cosas, finalmente el tribunal confirmó los procesamientos del escribano como partícipe necesario y de la ex pareja de la compradora del inmueble.