ESCUCHAREn una carta dirigida a los legisladores, consideró que el «proyecto enviado por el Poder Ejecutivo posee dimensiones tales que impiden su consideración racional en un lapso breve»
Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogacía de la Capital Federal (CPACF), pidió que el tratamiento de la denominada “ley ómnibus” se postergue hasta el inicio de las sesiones ordinarias y señaló que la “intervención del Congreso es indispensable para procurar la seguridad jurídica”.
Además, consideró que “el corto debate y la opinión de asociaciones e interesados ha evidenciado inconsistencias y errores, algunos corregidos en el dictamen aprobado en el Plenario de Comisiones” y planteó que “sería deseable que el debate en el recinto se concentre en aquellos aspectos indispensables y urgentes del proyecto, postergando para las sesiones ordinarias aquellos asuntos que requieren mayor debate parlamentario”.
Entre esos puntos, señaló los temas referidos a cuerpos normativos fundamentales, en los que, afirmó, es «necesario mantener coherencia interna», como el Código Penal y el Código Civil y Comercial de la Nación.
Sobre esa cuestión, señaló que «la inclusión de los divorcios administrativos resulta asistemática y pone en riesgo los derechos de la parte más vulnerable de la relación» y destacó que «el legislador ha establecido que el divorcio comprende, de manera inescindible, no sólo la ruptura del vínculo sino también otras cuestiones ineludibles (patrimoniales, régimen de los hijos, compensaciones, etcétera)», por lo que «no puede iniciarse demanda de divorcio sin una propuesta integral que comprenda todos esos aspectos».
Asimismo alertó: «El proyecto desconoce este principio de integralidad, incorpora una ruptura administrativa sólo del vínculo pero mantiene todo el otro sistema, sin integrarlo debidamente. Seguramente, como la discusión de todas las consecuencias se da indefectiblemente, se abre una puerta para la existencia de abuso en perjuicio de la parte más débil».
En otros casos incluidos, como las sucesiones notariales, evaluó que «no se advierte la ventaja ni la economía en sortear la intervención judicial» y argumentó: «Sin beneficio apreciable se otorgan a los escribanos las mismas facultades que tienen los jueces, una nueva regulación que no acarreará para los interesados ninguna economía ni mejora en los tiempos del trámite».
Para Gil Lavedra, «la intervención del Congreso es indispensable para procurar la seguridad jurídica que requiere toda democracia constitucional».
«La protección de los derechos y de la libertad requiere que la ley sea fruto del debate plural de los representantes del pueblo, para otorgar la legitimidad y estabilidad necesaria a toda política estatal», sintetizó.
muy bien por el diario.