La Unicameral no incurrió en arbitrariedad al suspender a una legisladora

El TSJ ratificó que a Patricia de Ferrari Rueda se le permitió defenderse. También ratificó que la inmunidad de opinión sólo comprende lo que se dice y guarda relación con el rol representativo, y que no comprende sus expresiones contra un dirigente

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó que la Legislatura Unicameral provincial no obró con arbitrariedad ni “en desvío de sus atribuciones” al suspender durante seis meses -desde el 28 de octubre de 2020- a la legisladora Patricia de Ferrari Rueda, por los mensajes que ella difundió en la red social Twitter sobre el dirigente social Juan Grabois. [privado]

El Alto Cuerpo local desestimó la acción de impugnación constitucional promovida por De Ferrari Rueda en contra de la sanción disciplinaria.

También rechazó -por ser improcedente formalmente- el recurso de apelación que intentó que se dejara sin efecto el decisorio de la Cámara Contencioso-administrativa de 2ª Nominación, que declaró inadmisible la acción de amparo intentada por la legisladora.

“Una vez descartado un incorrecto uso de las atribuciones disciplinarias de la Legislatura y la ausencia de arbitrariedad que pudiera haber afectado las garantías de debido proceso y defensa, queda en claro que no media desviación alguna de poder”, expusieron los jueces del TSJ.

En ese sentido, subrayaron que la cuestión de privilegio planteada contra la representante se motorizó porque se entendió que estaba en juego la dignidad misma de la Legislatura, un motivo concreto que le fue comunicado a De Ferrari Rueda.

Indignidad

Así, enfatizaron que antes de la realización del enjuiciamiento disciplinario, a la denunciada le fueron proporcionadas las razones y los fundamentos probatorios en virtud de los cuales ciertos integrantes de la Legislatura le atribuyeron responsabilidad política bajo la caracterización constitucional de indignidad.

Para los magistrados, no hubo “opacidad alrededor del motivo específico” por el cual la recurrente estaba siendo objeto de un proceso disciplinario de corte parlamentario y establecieron que media evidencia en torno a que, según lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “se le suministró información clara” y una referencia mínima a la relación existente entre los hechos respecto de los cuales se aplicaría la sanción y la norma supuestamente en trance.

En definitiva, de acuerdo con el TSJ, no puede afirmarse que la legisladora no haya podido defenderse o que haya sido privada de la posibilidad de conocer el hecho que se le reprochaba, o de valerse de una “oportunidad útil y suficiente” para participar en la discusión de manera oficial y brindar “contraargumentos y demás elementos pertinentes”; ello así, porque durante la sesión ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2020 “se oyó un nutrido descargo de la legisladora, acompañado de una enumeración de las pruebas concretas con las que aspiraba a revertir el trámite disciplinario”.

Control

El TSJ destacó que la valoración o juicio sobre la conducta correspondía exclusivamente al cuerpo legislativo y que su control jurisdiccional debía limitarse a examinar si se le había garantizado el derecho de defensa y el procedimiento correspondiente.

También manifestó que no se advertía que la sanción impuesta conllevara “una desnaturalización de la calidad correctiva”, en atención a que, como la propia legisladora sugirió, tiene por delante tres años de mandato.

Asimismo, precisó que la inmunidad de opinión de la que gozan los legisladores sólo alcanza lo que dicen “en el cumplimiento de sus deberes parlamentarios” y no lo que expresan “en su mera condición de ciudadanos” sobre cuestiones que no guarden una inmediata relación con su quehacer legislativo.

Finalmente, el Alto Cuerpo descartó que la legisladora hubiera sido sancionada en virtud de estereotipos de género o por prácticas discriminatorias.

MPF

La sanción contra la legisladora de Juntos por el Cambio ocurrió debido a una publicación que hizo el 22 de octubre del año pasado, que generó rechazo en los ámbitos provincial y nacional.

De Ferrari Rueda escribió en Twitter: “¿Falta mucho para que aparezcan los Falcon verdes para ‘impartir’ justicia a la medida de Grabois y compañía?”

Tras esa publicación, la Legislatura la suspendió sin goce de haberes y ella interpuso una acción de amparo y un recurso directo ante el TSJ.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) dictaminó en contra de su procedencia y aclaró que la recurrente fue sancionada “en ejercicio de la potestad disciplinaria que la Legislatura ejerce sobre sus miembros”.

“Está en los fundamentos mismos del sistema republicano argentino el principio de división de poderes, según el cual las funciones legislativa, ejecutiva y judicial se ejercen a través de órganos distintos e independientes entre sí”, arguyó el agente. [/privado]