“Expoliación”: la SIP repudió condena civil contra el diario venezolano El Nacional

La causa comenzó hace seis años. El histórico matutino denunció “persecución política” y que el actual diputado busca “una expropiación encubierta”. Ex presidentes latinoamericanos manifestaron su rechazo del decisorio. Los ataques al periodismo en Venezuela están a la orden del día. La ONU advirtió este verano de que el gobierno de Maduro silencia a los comunicadores independientes

En Venezuela el trabajo periodístico está seriamente limitado. Según datos de la ONG Espacio Público, más de 100 medios cerraron desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, en 2013. [privado]

En enero, la ONU condenó los ataque del régimen en contra de la libertad de prensa e indicó que había reportes cada vez más preocupantes. El organismo apuntó a las acciones sobre medios como Panorama y Tal Cual, que incluyeron secuestros de equipos, clausuras de oficinas y agresiones al personal.

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la principal organización gremial de periodistas del país (SNTP) alertaron que Maduro silencia a los comunicadores independientes.

Las advertencias de aquellos y otros grupos resonaron el día 1 del corriente mes, cuando la escritora y periodista Milagros Mata Gil y su esposo, el poeta Juan Manuel Muñoz, quedaron detenidos por postear un artículo satírico en Facebook.

Redactado por Mata Gil y titulado “Fiesta Mortal”, versa sobre un casamiento celebrado en febrero, en el Club Sirio de Puerto La Cruz, al que asistieron unas mil personas -entre ellas, el fiscal General Tarek William Saab-.

Luego de relatar cómo fue el evento, que se desarrolló sin cuidados sanitarios, la novelista aventuró que podría haber sido el inicio de una secuencias de 600 contagios de coronavirus en la zona.

Las autoridades privaron de su libertad a Mata Gil y a su cónyuge imputándoles “instigación al odio”, un delito contemplado en la polémica Ley Contra el Odio, aprobada por la ya desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, netamente chavista, que asumió de facto la labor legislativa mientras el Parlamento tuvo mayoría opositora.

Mata Gil y Muñoz, ambos mayores de 70 años, fueron liberados 24 horas después, pero con restricciones, como la prohibición de hablar sobre su caso.

La semana pasada, después de un litigio que duró seis años, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela condenó al diario El Nacional a pagarle más de 13 millones de dólares (fijados en petros, la criptomoneda lanzada por Nicolás Maduro en 2018) al actual diputado Diosdado Cabello, como indemnización por presunto daño moral.

Si la parte accionada no abona voluntariamente, el juzgado en lo Civil de Caracas que debe hacer cumplir el fallo podrá declarar su ejecución forzosa.

Narcotráfico

El Nacional, fundado en 1943 por el poeta venezolano Miguel Otero Silva, dijo que la sentencia es “una persecución política” y aseguró que Cabello busca “perpetrar una expropiación encubierta” para pasar a ser “propietario y editor”.

El caso se generó a mediados de 2015, cuando el poderoso dirigente socialista demandó a El Nacional por replicar una información del diario español ABC, que indicaba que era investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

En junio de 2018, un juez admitió la pretensión de Cabello y le ordenó a El Nacional que lo indemnizara con cerca de 13 mil dólares.

Voceros del régimen sugirieron que si El Nacional no desembolsaba aquella suma Cabello pondría en marcha una “medida de aseguramiento” de sus instalaciones.

Cabello ironizó sobre una posible expropiación en las redes sociales, a través de la cuenta de su programa de televisión, transmitido por el canal estatal VTV, al publicar una foto del edificio donde funciona el diario con el comentario “le vendría bien una pinturita roja”.

Mientras El Nacional daba batalla, incluso, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela aseguró que cuando ganara el pleito le entregaría la sede del medio a Maduro, para poner en marcha una la “universidad internacional de la comunicación”, una medida que había anunciado el mandatario en uno de sus discursos.

Escrutinio

Horas después de que se conoció el decisorio del Tribunal Supremo, la SIP lo definió como "expoliación" y "grave atropello".

El presidente de la SIP, el hondureño Jorge Canahuati, declaró: "No sorprende esta nueva estocada contra la libertad de prensa en un país donde no existe independencia institucional, el Judicial está sometido al poder político y el Gobierno continúa con su campaña sistemática para acabar con la poca prensa independiente que está con vida".

Canahuati recordó que en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que "los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad".

Añadió que las normas que penalizan las expresiones potencialmente ofensivas dirigidas a aquéllos -generalmente conocidas como leyes de desacato- atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por su parte, Carlos Jornet, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, valoró que la sentencia usó “la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación".

Canahuati y Jornet estimaron que la sanción multimillonario contra El Nacional es "una aberración judicial y un acto de venganza" y citaron un proceso similar que se llevó a cabo en Ecuador, durante la presidencia de Rafael Correa, en 2011, cuando el periódico El Universo fue sentenciado a pagar 40 millones de dólares y sus directivos y un columnista fueron condenados a tres años de prisión, luego de que Correa ganó la demanda por injurias que había promovido.

Grave atropello

En tanto, ex mandatarios que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) cuestionaron la sentencia del TSJ de Venezuela en un comunicado conjunto.

“Ante los fallidos intentos por acallar a un medio como El Nacional, se recurre hoy a la intervención de una justicia sometida a la voluntad del régimen para infligirle un grave daño económico”, dice en el texto del documento que, además, subraya que la decisión “sesgada” del “ilegítimo TSJ” se originó en un juicio penal por difamación que nunca avanzó.

Paralelamente, recordaron que la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fue precisa al condenar, por violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos, las medidas judiciales contra el diario El Nacional y otros medios venezolanos.

Los firmantes solicitaron la intervención de las distintas instancias de derechos humanos y de protección de la libertad de prensa a nivel regional e internacional.

Entre otros, suscribieron la declaración de IDEA Mauricio Macri; José María Aznar (España); Vicente Fox (México); Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso (Panamá); Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica); Eduardo Frei (Chile) y Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti (Uruguay).

Rafael Correa y el caso de “El Universo”

Durante más de una década como presidente de Ecuador (enero de 2007- mayo de 2017), Rafael Correa emprendió una suerte de cruzada en contra de la prensa que dañó el ejercicio del periodismo en ese país. Correa demandó a noticieros y a periodistas por difamación; rompió en televisión, en vivo, ejemplares de diarios, y denunció a reporteros independientes como “gacetilleros corruptos”. Cuando Lenin Moreno lo relevó en el Ejecutivo y rompió con él, César Ricaurte, director de Fundamedios, una organización defensora de la libertad de expresión con sede en Quito, sostuvo que el gobierno de Correa -que definió como “autoritario”- causó un “daño inmenso”. Además, Ricaurte dijo que había “una generación entera de periodistas que piensa que está bien que el Gobierno les diga cómo hacer su trabajo”. Por su parte, Arturo Torres, editor y columnista del diario El Comercio, comparó recuperarse de los ataques de Correa con reponerse de “un gran trauma”. El caso más resonante durante la década que Correa presidió Ecuador fue cuando ganó la demanda por difamación por 40 millones de dólares en contra de un columnista y de los propietarios del diario de Guayaquil El Universo. El fallo amenazó con llevar a quiebra al medio, hasta que Correa decidió “perdonarlo”, en 2012. Antes, aseguró que no acataría el pedido de la CIDH para que se suspendiera la sentencia. Otras disputas jurídicas tuvieron perfil más bajo pero fueron pero igualmente perjudiciales para la libertad de expresión. Torres, de El Comercio, fue demandado dos veces luego de publicar, en 2008, un libro sobre los encuentros entre funcionarios de Correa y guerrilleros marxistas, en Colombia. Aunque los reclamos por difamación no prosperaron, Torres gastó miles de dólares en honorarios de abogados y dejó de lado proyectos, por temor a quedar en la ruina. Otro periodista que fue afectado por la mecánica de llevar a los críticos ante el fuero común fue Christian Zurita, a quien Correa demandó con éxito en 2011, por su colaboración en un libro que revela denuncias de nepotismo en el Gobierno. En 2012, Correa lo “perdonó”. [/privado]