La Justicia Federal de Córdoba admitió una cautelar financiera

Por el término de seis meses se suspendió una ordenanza del municipio de Arroyito que fijó una tasa sobre los títulos públicos. La demanda fue interpuesta por el Banco de Córdoba

La Justicia Federal de Córdoba hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Banco de Córdoba en contra de una ordenanza de la Municipalidad de Arroyito que fijó una tasa sobre los títulos públicos.

Los apoderados de la entidad crediticia, Miguel J. Rodríguez Villafañe y Marcos Daher pidieron la inconstitucionalidad de la nueva base imponible de la tasa administrativa municipal dispuesta por ordenanza 2006/2022 y la derogación de la exención de percepción de la tasa sobre títulos públicos.

Según explicaron en la demanda, las modificaciones previstas en la ordenanza implicarían para el Banco de Córdoba comenzar a pagar 38 veces más el monto de la tasa respecto de los meses anteriores, pasando de $ 260.000 en septiembre de 2022 a $ 9.962.674,55 en octubre del mismo año.

Además, objetaron que la Municipalidad pretenda gravar con una tasa a instrumentos financieros como títulos y bonos, en especial las compensaciones de las letras de liquidez. Explicaron que esto afecta la política monetaria del país y además implica arrogarse competencias del Congreso de la Nación y del Banco Central de la República Argentina.

De esa manera, plantearon que la ordenanza del municipio v iola los principios de razonabilidad y proporcionalidad y recordaron que el cobro de una tasa debe corresponder siempre a una “ concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio , presupuesto ausente en el caso, puesto que no se ha cambiado, modificado ni mejorado ningún servicio, de manera efectiva ni potencial”.

Al resolver el planteo, el juez federal Pablo Montesi aclaró que, si bien en principio, medidas como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan , tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases a primera vista verosímiles.

Respecto de la cautelar, el magistrado entendió que está claro el peligro que implicaría la demora de una resolución judicial teniendo en cuenta el impacto económico que trae aparejada la ordenanza cuestionada.

“Entiendo –con el grado de provisoriedad propio de esta instancia y sin perjuicio de revisar tal criterio luego de escuchar las posiciones de la contraria o de lo que resulte de la prueba- se encuentran suficientemente acreditadas la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora” , remarcó el fallo.

Y agregó: “ encuentro verosimilitud en el derecho porque se vislumbra un notorio incremento en la tasa sin cambios en la contraprestación . En segundo lugar, porque advierto el riesgo de que la tasa pretendida lleve a la institución actora a evitar determinados instrumentos financieros como títulos y bonos, y en especial las compensaciones de las letras de liquidez. Ello implicaría afectar la política monetaria del país y que el municipio demandando se arrogue competencias delegadas al gobierno federal”. Así las cosas, Montesi ordenó a la Municipalidad de Arroyito, a título de medida cautelar, que por el término de seis meses suspenda la aplicación de la ordenanza N° 2006/2022 respecto del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. e n lo atinente a la nueva base imponible de la tasa administrativa municipa l y a la derogación de la exención de percepción de la tasa sobre títulos públicos, y se abstenga de cualquier medida destinada al cobro de los mismos.