ESCUCHAREl juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a indagatoria a la ex ministra de Defensa Nilda Garré para el próximo 29 de agosto.
El fiscal Carlos Rívolo pidió en cuatro ocasiones que la ex funcionaria declarara en el marco de la causa que comenzó a instruirse en julio de 2013, cuando senadores nacionales del radicalismo denunciaron a Garré por haber cobrado emolumentos como titular del Registro de la Propiedad Automotor 57 de la Ciudad de Buenos Aires mientras percibía sueldos por otros cargos públicos.
Hace nueve años, los legisladores detectaron inconsistencias en la declaración jurada de bienes que presentó cuando fue propuesta por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para ocupar la embajada argentina ante la OEA y el trámite pasó por la Cámara Alta.
Según se determinó en la pesquisa, Garré estuvo -desde 1989, cuando gobernaba el menemismo, y hasta 2020- al frente del Registro de la Propiedad Automotor 57. Pidió licencia en 1995, cuando era diputada nacional. Luego fue funcionaria del gobierno de la Alianza en el Ministerio del Interior y estuvo a cargo de la Unidad espacial de Investigación del Atentado a la AMIA. Volvió a ser electa diputada en 2001. Mantuvo aquélla todos esos años y mientras ocupó diversos cargos durante el kirchnerismo: fue embajadora en Venezuela y ministra de Defensa y luego de Seguridad. Su último cargo fue ante la OEA y entre 2015 y 2019 fue diputada nacional.
En 2020 fue designada en Defensa por el ex ministro Agustín Rossi, que luego pasó a la AFI.
Martínez De Giorgi la sobreseyó en 2017, pero el fiscal apeló y la Sala II de la Cámara Federal revocó el fallo y ordenó profundizar la investigación.
En noviembre de 2020 el magistrado dictó un nuevo sobreseimiento, pero la Alzada también lo dejó sin efecto.
Para el fiscal Rívolo, Garré cometió el delito de defraudación contra la administración pública debido a la incompatibilidad de acumulación de cargos públicos. En su último pedido de indagatoria señaló que de acuerdo al informe de los peritos de la Corte y a otras pruebas no hay duda de que la imputada, como titular del Registro del Automotor Capital Federal Número 57, “percibió y dispuso libremente» de los emolumentos resultantes de esa actividad «de manera simultánea con las remuneraciones correspondientes a los numerosos y diversos cargos de la administración pública que desempeñó, desde diciembre de 1995 (asunción como diputada nacional) hasta, por lo menos, el mes de marzo de 2017 inclusive ( mientras se desempeñaba, también, como diputada nacional)”.
