ESCUCHARTras advertir que el techo presupuestario fijado por el Ministerio de Economía de la Nación resulta insuficiente para atender las necesidades básicas del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fijó en 4.514.387.432 de pesos la pauta presupuestaria para el año próximo.
El monto requerido superó así en 1.355 millones de pesos lo reclamado por el máximo órgano judicial el año pasado, cuando solicitó al Ejecutivo para el ejercicio 2009 la suma de 3.159.797.541 de pesos. En porcentajes, la estimación de gastos de la Corte implica nada menos que una erogación de 42,9 por ciento extra de lo reclamado el año pasado al Congreso nacional.
En la misma acordada, que fue remitida mediante oficio al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, el Alto Cuerpo pidió al Gobierno incorporar 900 cargos de planta de personal y sus correspondientes créditos presupuestarios, con el fin de efectivizar la dotación de agentes.
Así, dispuso que los meritorios sean considerados parte de la planta de personal permanente en el cargo de escribiente auxiliar a los fines remunerativos y reglamentarios, independientemente de que se trate de interinos o contratados, manteniendo la estabilidad en el cargo.
En materia de inversiones de infraestructura, la Corte proyectó en el presupuesto 2010 la construcción de nuevos edificios y la refuncionalización de otros ya existentes.
No es prioridad
Según la acordada, a la que accedió Comercio y Justicia, Córdoba no figura entre las prioridades proyectadas en esta materia. Es así que recién para el 2012 se fijó el plazo para ampliar la sede de los tribunales federales en esta capital. En tanto, la construcción del edificio para el juzgado federal de Río Cuarto y Villa María -al igual que la adecuación del juzgado de San Francisco-, fue planteada para después de ese año. En los gastos estimados, los jueces planificaron la continuidad del plan de informatización, a la vez que reclamaron la realización de las modificaciones a la normativa vigente para lograr “eficiencia y autonomía en la gestión del presupuesto”.
Escasos recursos
En marzo, un informe de la ONG Unidos por la Justicia, denunció que en el presupuesto 2009 el monto destinado a la justicia sólo representó 2% de las asignaciones totales presupuestadas para ese ejercicio por el Gobierno nacional. Ello significó una fuerte retracción con respecto al año anterior, en el que se asignó cerca del 3% del presupuesto nacional a dicha finalidad.
Como ocurre todos los años habrá que ver cuál es el monto que finalmente el Congreso nacional aprueba destinar al Poder Judicial de la Nación y en qué porcentaje se reduce lo que proyectó la Corte Suprema para todo el 2010.
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