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La CIDH pidió agilizar investigaciones, juicios y condenas en Ecuador

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en Ecuador los días 8 y 9 de enero y que llevaron al presidente Daniel Noboa a declarar un “conflicto armado interno”.

En un comunicado, expresaron su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y requirió que los culpables sean investigados, juzgados y sancionados “con prontitud”.

“La CIDH y la RELE reconocen la zozobra generalizada que estos hechos generan en la población ecuatoriana y reiteran su disposición de cooperación con el Estado para la implementación de estándares interamericanos en las medidas que se adopten para garantizar la seguridad ciudadana, el Estado de Derecho y la protección de periodistas”, reza el texto.

En tanto, adelantó que seguirá monitoreando el respeto a los derechos humanos y remarcó que el caos se extendió en Ecuador “debido al aumento de poder de diversos grupos criminales”, cuyas rivalidades dejaron un saldo de más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres en penales.

La CIDH y la RELE exhortaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) a “continuar dando especial atención a la situación de violencia generada por el crimen organizado transnacional, sus impactos en la democracia, el Estado de derecho y los grupos en situaciones históricas de vulnerabilidad”.

Además, resaltaron que el Estado ecuatoriano debe garantizar la seguridad de los periodistas para que puedan realizar su trabajo sin temor a represalias.

La espiral de inseguridad en las cárceles se trasladó a las calles y convirtió a Ecuador en uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 45 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes en 2023.

La Administración de Noboa, quien asumió el cargo en noviembre para un mandato de año y medio, calificó a las bandas criminales como grupos terroristas y objetivos militares.

Desde la declaración de “conflicto armado interno” se concretó la detención de más de 1.700 personas.

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